“Mi continuidad en el gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios” para llevar a cabo una nueva propuesta fiscal, indicó en un comunicado.

Carrasquilla será reemplazado por el economista José Manuel Restrepo, actual ministro de Comercio, anunció el presidente Iván Duque en Twitter.

Los disturbios que siguieron a las protestas dejaron 19 fallecidos, según un balance de la Defensoría del Pueblo (ombudsman). El ministerio de Defensa contabilizó a su vez 846 lesionados, entre policías y ciudadanos. Algunas oenegés acusan a la policía de disparar contra la población.

Las autoridades han capturado a 431 personas durante los desmanes, y el gobierno ordenó desplegar militares a las ciudades más afectadas.

Para el ministro de Defensa, Diego Molano, los hechos de violencia son “premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC” que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016, y por el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia.

Presionado por las manifestaciones, Duque ordenó el domingo retirar la propuesta de reforma tributaria que se debatía en el Congreso, donde un sector amplio la rechazaba al considerar que castigaba a la clase media y era inoportuna en plena crisis desatada por la pandemia.

El mandatario propuso redactar un nuevo proyecto que descarte los principales puntos de discordia: el aumento del impuesto al IVA para servicios y bienes y la ampliación de la base de contribuyentes con impuesto de renta.

LAS MANIFESTACIONES CONTINÚAN

Aunque con menos afluencia, este lunes manifestantes protestaron en las calles de Bogotá, Medellín (noroeste), Cali (suroeste) y Barranquilla (norte).

Los líderes del paro llamaron a una nueva marcha para el miércoles, a pesar de que en las principales capitales rigen medidas que limitan la movilidad para frenar la tercera ola de la pandemia.

El gobierno había presentado el 15 de abril una iniciativa fiscal ante el Congreso con el objetivo de financiar el gasto público de la cuarta economía latinoamericana.

Pero las críticas llovieron tanto de la oposición política como de sus aliados y el descontento no tardó en volcarse a las calles.

Aunque las jornadas de protesta transcurrieron en su mayoría de forma pacífica, le siguieron múltiples disturbios y choques con la fuerza pública.

Hubo afectaciones en 313 establecimientos comerciales, 69 estaciones de transporte, 94 bancos, 36 cajeros automáticos y 14 peajes, según cifras oficiales.

VIOLENCIA POLICIAL

Con los militares desplegados en las calles, las alarmas están prendidas.

El director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, corroboró la muerte de una persona a manos de un policía en Cali.

Según la ONG Temblores, hubo 940 casos de abuso policial y se investiga “la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por policías”.

En septiembre de 2020, 13 jóvenes murieron en movilizaciones contra la violencia policial en Colombia. Otras 75 sufrieron heridas de proyectil al parecer disparados por uniformados.

El gobierno culpa de los desmanes actuales a “organizaciones criminales (que) han querido mimetizarse en las protestas”.

Aunque el acuerdo de paz redujo sensiblemente la violencia, en Colombia persiste un conflicto de seis décadas que enfrenta a disidentes de las FARC, rebeldes del ELN y bandas narcotraficantes de origen paramilitar.

CONTRA DUQUE

El proyecto de reforma tributaria de Duque aspiraba a recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031, para rescatar la economía.

En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se hundió un 6,8% en 2020 y el desempleo trepó al 16,8% en marzo. Casi la mitad de los 50 millones de habitantes está en la informalidad y la pobreza golpea al 42,5% de la población.

La iniciativa avivó el malestar contra el gobierno. Desde 2019 el llamado Comité Nacional de Paro, que reúne sectores inconformes, convoca numerosas movilizaciones para pedirle a Duque un cambio de rumbo.

“La gente en las calles está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria”, indicaron los líderes del paro en un boletín.

Con niveles de aprobación en rojo (33%), Duque se queja del “vandalismo” que estalló en las calles y de las protestas en medio de un letal pico de la pandemia.

Colombia es el tercer país de Latinoamérica con más contagios por covid-19 (2,9 millones), detrás de Brasil y Argentina. En cuanto a fallecidos (75.100), solo es superado en la región por el gigante sudamericano y México.

En proporción a su población, es el cuarto con más decesos y el sexto con mayor número de infectados en el continente.

Los desbordes de los cauces de agua y deslizamientos de tierra mantienen interrumpidas numerosas carreteras en el estado Rio Grande do Sul, con casi 300 localidades afectadas, muchas de ellas aisladas.

El rápido ascenso en las últimas horas del río Guaíba anegó el centro histórico de Porto Alegre, una de las mayores urbes del sur brasileño, con una población de casi 1,4 millones.

Según la alcaldía, su nivel marcaba 5,09 metros, por encima del récord de 4,76 metros, registrado cuando la ciudad sufrió unas históricas inundaciones en 1941.

La ciudad se hallaba en un estado de caos, constató la AFP. Numerosas calles amanecieron bajo agua y los residentes trataban de evacuar sus viviendas.

En medio de las labores de rescate, una fuerte explosión en una gasolinera dejó al menos dos muertos en el norte de la ciudad, constató un periodista de la AFP presente en el momento de la deflagración.

El incidente se produjo cuando vehículos que trabajan en los rescates se abastecían en la estación de servicio inundada, de donde salió una espesa nube de humo, visible desde lejos.

En muchos lugares, se formaban largas filas para intentar subir a algún autobús, mientras los conductores de automóviles trataban de abrirse paso en medio de las inundaciones.

La situación obligó además a cancelar la llegada y salida de autobuses a la estación principal de la ciudad, ubicada en los márgenes del Guaíba.

El aeropuerto internacional de Porto Alegre suspendió el viernes sus operaciones por tiempo indeterminado.

Fuente: AFP.

Todo empezó con los comentarios del ministro de Transporte español, Óscar Puente, quien sugirió el viernes que Milei, quien asumió el poder en diciembre, había tomado “sustancias”.

“Yo he visto a Milei en la tele” y cuando salió (...), no sé si era previo a la ingesta o después de la ingesta de sustancias (...), yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’”, declaró Puente el viernes en una conferencia organizada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

“Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto”, continuó, poniendo igualmente como ejemplo de esas conductas a Milei y al expresidente estadounidense Donald Trump, quien espera volver al poder en las elecciones de noviembre.

La Presidencia argentina no tardó en reaccionar a las declaraciones de Puente, en el cargo desde diciembre, y acusó a Pedro Sánchez de haber “puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte”.

Buenos Aires también acusó al jefe de Gobierno español de haber “puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con los separatistas y llevando a la disolución de España”, una referencia al acuerdo político del PSOE con los partidos independentistas vascos y catalanes para formar gobierno en 2023.

Como parte del acuerdo, el PSOE acompañó y logró la aprobación en el Congreso de una ley de amnistía para independentistas que participaron en el intento de secesión de Cataluña en 2017, lo que ha generado un rechazo frontal de la oposición de derecha y extrema derecha.

- “Términos infundados” -

El Ministerio de Asuntos Exteriores español expresó el sábado su rechazo a los “términos infundados” de las declaraciones del gobierno argentino, que “no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos”.

“El Gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española”, añadió.

La Presidencia argentina también acusó a Sánchez de tener “problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa”, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción.

La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, se abrió a raíz de una denuncia de la asociación “Manos limpias”, un grupo cercano a la extrema derecha española.

La fiscalía solicitó archivar la investigación, pero el juez encargado del caso aún no ha comunicado su decisión.

Esa acusación llevó a Sánchez a sopesar su renuncia, aunque finalmente decidió mantenerse al frente del gobierno para no ser arrastrado por denuncias que juzgó “tan escandalosas como falsas”.

Milei emprenderá en dos semanas un viaje a España donde participará, al igual que en 2022 (cuando aún era un incipiente opositor), en un evento organizado por el partido español de ultraderecha Vox, el 18 y el 19 de mayo.

Durante su viaje, no tiene agendada ninguna reunión con Sánchez ni con el rey Felipe VI.

Durante las últimas elecciones argentinas que dieron la victoria a Milei en noviembre, Sánchez apoyó abiertamente al candidato oficialista, Sergio Massa, y se abstuvo de felicitar a Milei por su victoria.

La cancillería española se limitó a desear “éxito a Argentina en esta nueva etapa”, sin mencionar a Milei.

El líder de Vox, Santiago Abascal, viajó en cambio a Buenos Aires para asistir a la investidura del presidente ultraliberal.

Abascal afirmó que la tirantez diplomática muestra un “nuevo intento de victimización” por parte de Sánchez y consideró que “la respuesta del presidente de Argentina es una respuesta muy moderada”.

También el líder del Partido Popular (PP, derecha), el principal de la oposición en España, Alberto Núñez Feijóo, se distanció del gobierno de Sánchez.

“Piden que no se les insulte e insultan a todo el mundo (...) Acaban de crear una crisis política con un país hermano”, afirmó.

El rotativo francés tuvo acceso a un documento transmitido por el Banco de Palestina a “algunos socios internacionales”, en el que describe robos espectaculares, como el que ocurrió en su principal sucursal en Ciudad de Gaza.

Empleados de la agencia constataron el 16 de abril “que se había realizado un agujero en el techo de la cámara acorazada”, explica el diario, añadiendo que “los delincuentes se hicieron con casetes de cajeros automáticos” que contenían el equivalente a 3 millones de dólares en séqueles israelíes.

El día siguiente, el 17 de abril, “grupos armados equipados con explosivos entraron de nuevo en el edificio”, hicieron explotar una cubierta de cemento y se llevaron el equivalente a 30 millones de dólares “en diferentes divisas”, añade el rotativo.

La mayor sucursal del centro de Ciudad de Gaza fue atacada el 18 de abril por un “comando” de hombres que dijeron responder a “las más altas autoridades de Gaza”, una fórmula que, según el periódico, corresponde a Hamás. En ese ataque, se llevaron séqueles por un equivalente a más de 36 millones de dólares.

Hamás, en guerra contra Israel, gobierna Gaza desde 2007.

El Banco de Palestina, fundado en 1960, es la principal institución financiera de Gaza.

La Autoridad Monetaria Palestina, un organismo independiente que supervisa el sistema financiero en los territorios palestinos, afirmó a AFP que tenía previsto emitir una declaración sobre el asunto el sábado.

Fuente: AFP