El estudio realizado en el marco del proyecto Tetayguára Jesareko de Juntos por la Educación, con el apoyo de la Unión Europea, utiliza la categoría “erogaciones”, pues considera que la educación es una inversión pero a la vez es un gasto, por lo que su objetivo es “la identificación y el análisis de las erogaciones financieras que tienen lugar durante los procesos de escolarización en entidades educativas públicas con énfasis en situaciones de pobreza”.

La economista Verónica Serafini valoró la investigación como un “aporte al conocimiento de la situación para pensar en políticas públicas”. “Fundamental para conocer el costo y en qué gastan los hogares para garantizar la educación, para eliminar barreras e impulsar políticas públicas y universales”, dijo. En ese sentido, dio un contexto del por qué se dan los gastos de bolsillo que realizan las familias:  bajo nivel de inversión en educación desde el Estado y altos niveles de vulnerabilidad en los hogares. Serafini señaló que dos millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en hogares donde los adultos están ganando menos que el salario mínimo en Paraguay.

Oscar Charotti, de Juntos por la Educación, subrayó el concepto de gratuidad establecido y consagrado en la Constitución Nacional en el artículo 76 como una condición básica para garantizar la inclusión en la educación pública en nuestro país. “Esto adquiere mayor relevancia cuando nos damos cuenta de que prácticamente el 40 % de los niños, niñas y adolescentes que acceden al sistema público  provienen de familias de alta vulnerabilidad”, dijo.

El estudio de Ortiz Sandoval, a diferencia de otros estudios sobre gastos, se trata de una investigación sociológica cualitativa que más allá de los números recoge explicaciones mediante una estratificación de clase por ingresos y entrevistas en profundidad a actores clave de comunidades educativas, de poblaciones rurales y urbanas, de Central y Capital. La población estudiada se ubica según sus niveles de ingreso en: fracción baja y alta de la clase baja (situación de pobreza extrema y pobreza general) y fracción baja de la clase media (familias en situación de vulnerabilidad).

Los rubros se clasifican en dos:

1)    Rubros visibles o asociados a la educación: útiles y materiales didácticos; vestimenta (uniformes); tecnologías de la Información y la comunicación para la educación; accesorios didácticos e insumos complementarios.

2)    Rubros invisibles o gastos no asociados directamente a la educación: alimentación, higiene personal, salud y transporte.

Los principales resultados del estudio

– En los rubros visibles, las erogaciones son más altas en las familias de zonas urbanas (40,8 %) que en familias de zonas rurales (21,6 %). Dentro de las zonas urbanas, en las clases bajas, en las familias más desfavorecidas, las erogaciones en educación representan el 63 % de los ingresos. En la fracción baja de la clase media, es decir, en las familias en situación de vulnerabilidad, las erogaciones llegan al 36 %. En resumen, cuánto más pobres son las familias, más les significa en sus ingresos el porcentaje de erogaciones en educación.

-Para el área rural, la caída de la escolaridad es mucho más temprana. Hay gastos que no se relacionan de manera directa con  la  educación, pero que influyen en la permanencia o no de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. Las erogaciones en la fracción baja de la clase baja alcanzan en promedio 25 % de sus ingresos;  en la fracción alta de la clase baja, el  promedio llega al 27 %, mientras que en las clase media, llega al 24 %.

–En las zonas urbanas, hay más escuelas, más inversión, más incentivos que en las zonas rurales. Los ingresos monetarios pesan más en cuanto a cantidad y existe mayor propensión para sostener a estudiantes en las escuelas. En las zonas rurales, hay menos establecimientos escolares y los ingresos de las familias en dinero son de menor cantidad.

–Entre los rubros visibles, se invierte en primer lugar en Tecnologías de Información y comunicación, ya que desde la pandemia se ha integrado el  uso de internet en la educación; donde más se gasta es en paquetes de datos para celulares en las clases bajas; mientras que en la clase media, en algunos casos se cuenta con internet con wifi. El segundo rubro es el uniforme y en tercer lugar se ubican los insumos complementarios, sobre todo en el nivel medio y en tercer ciclo, las familias invierten un importante porcentaje de sus ingresos familiares en insumos, a pesar de recibir los kits escolares del Ministerio de Educación y Ciencias.

La importancia del uniforme

Luis Ortiz explicó que durante la investigación, cuando encontraron que gran parte de los gastos de educación se destinaban a vestimenta, preguntaron a las familias acerca de la utilidad pedagógica que puede tener este gasto, estas desconocían completamente. “Para muchas familias, y para las madres en particular, la compra de uniformes representaba una prioridad absoluta en el sentido de que para ellas movilizaban no solamente un requisito institucional, sino tenían un componente simbólico, no quieren que sus hijos vayan a la escuela con vestimentas que le coloquen afrentados contra su dignidad o con la vestimenta sucia”. Además de que existen controles sobre el aseo personal en algunos establecimientos, al decir del autor, muchos de los gastos en aseo personal de las personas estudiantes y de limpieza del establecimiento se transfieren a las familias.

Los rubros invisibles

En cuanto a los rubros invisibles, el estudio recoge que existen gastos que normalmente se realizan pero que “por ir a la escuela” o “por ir al colegio” se incrementan en los tiempos escolares. Destaca que en higiene personal, las familias invierten más en toallitas higiénicas y que la asistencia o no a clases se ve condicionada por este tipo de materiales.

En las zonas rurales más alejadas, como no existe transporte público, la moto y el combustible para llegar a la escuela o colegio tienen costos que implican una importante erogación para las familias.

En cuanto a la alimentación, cuando no se asegura la alimentación, entra en riesgo la retención del niño, la niña o el adolescente en la escuela. 

Leé más: Investigación revela que falta de alimentación repercute en la retención en las escuelas

Una mujer que se encuentra desaparecida desde hace ocho días, genera gran preocupación entre sus familiares. Se trata de Alberta Galeano Medina, de 48 años, pobladora del asentamiento Núcleo 3 de la ciudad de Arroyito, departamento de Concepción, quien fue vista por última vez el sábado, 20 de abril, por la noche.

En ese sentido, sus parientes solicitan la colaboración de la ciudadanía para ayudar a localizarla. Cualquier información sobre su paradero es crucial.

En caso de contar con información sobre el paradero de la misma, favor comunicar a la comisaría más cercana o al número (0983) 893-855, el cual pertenece a su hija Mariela.

Durante la última sesión del jueves pasado, el Consejo de Administración del IPS aprobó la resolución, según la cual, se dejó sin efecto aquel aumento del haber mínimo jubilatorio al 75 %, con lo cual, el monto mínimo con el que una persona puede jubilarse pasa a ser el 50 % del salario mínimo legal, pese a que su aporte sea inferior.

Víctor Insfrán, consejero y representante de los trabajadores, explicó que la decisión tomada el jueves atañe a los a nuevos jubilados en condiciones especiales, es decir, los que se aportan por debajo del mínimo, pero aun así cobrarán la mitad del salario mínimo.

“Aquellas personas que tengan un aporte inferior al 50 % del salario mínimo, que su promedio dé una suma inferior, igual van a tener el 50 % del salario mínimo”, explicó Insfrán, en una entrevista con la emisora 1020 AM.

Durante la administración anterior, el haber mínimo fue incrementado dos veces, del 25 al 50 % y del 50 al 75 %. Sin embargo, estas decisiones, según el actual consejo, carecían de sustento financiero y pecaron de irresponsables y populistas.

Es noticia: Penner renuncia a Patria Querida y el partido se debilita más

Insfrán aludió directamente a Andrés Gubetich y a Pedro Halley, quienes, posteriormente lanzaron sus candidaturas políticas, con esta decisión previa.

El 50 % del actual salario mínimo es de G. 1.340.186 guaraníes. Este es el monto que recibirán los próximos nuevos jubilados con el haber mínimo.

La disposición no afecta a quienes ya se jubilaron con el 75 % del mínimo, equivalente a G. 1.716.000, pues, las leyes no son retroactivas. Cualquier medida tomada se aplica a futuro, no afecta a los que ya tienen un derecho adquirido.

Lea también: Chofer de bus murió de forma súbita sobre la Transchaco

En la fecha, la jueza Rossana Frutos revocó el fallo de su colega Gloria Machuca, quien había hecho lugar a la denuncia por violencia contra la mujer interpuesta por Gisele Zuni Mousques contra el empresario Christian Chena y el programa RDN (Resumen de Noticias).

En entrevista con el canal GEN, la abogada Margarita Heralesky, representante de la denunciante Gisele Mousques, lamentó la decisión de la magistrada Frutos. Explicó que su clienta presentó una denuncia por violencia contra la mujer y solicitó medidas de protección. El pedido hecho, y concedido por la primera jueza, fue que Chena no realice calificaciones denigrantes y atentatorias contra su dignidad.

La defensa del denunciado apeló la decisión de la Jueza de Paz, y el expediente pasó al Juzgado de Primera instancia, donde ahora la magistrada Frutos hizo lugar a la apelación.

Ante este revés, la abogada Heralesky adelantó que presentará una acción de inconstitucionalidad en contra del fallo.

La letrada aclaró que en ningún momento se buscó censurar a la prensa, sino más bien proteger la dignidad de la denunciante.

#SDN ☀ | Revocan fallo en caso violencia contra Gisele Mosques.

☝️ En contacto con la abogada Margarita Heralesky.

🛜 https://t.co/fYMaekk5tL

🎙️@CarmiMasi | @EduAguilera_ | @angelicagesama pic.twitter.com/qeJNSm78Yl

— GEN (@SomosGEN) April 29, 2024

MÁS DEL CASO

Mousques había formulado una denuncia contra Christian Chena por el hecho punible de Violencia Contra la Mujer, ante lo cual la jueza Gloria Machuca dispuso una medida de protección para que el empresario no pueda realizar publicaciones o referirse a la mujer a través de sus redes sociales, medios digitales y otros similares que sean de su propiedad, ya sea de manera directa o indirecta.

En el relatorio de hechos que obra en el expediente judicial, Mousques señala haber sido víctima de ataques infundados por parte del propietario del medio RDN (Resumen de Noticias), quien habría utilizado sus redes sociales para dañar su imagen.

Antecedentes: Orden judicial contra Christian Chena: abogada explica el calvario de la denunciante

Según la denunciante, viene siendo víctima sistemática de amedrentamientos por parte de Chena, esto luego de haber salido victoriosa en un juicio laboral que data del tiempo en el que la misma trabajaba en el canal RPC (actual El Trece), cuyo propietario en su momento fue Chena.

En el documento se acusa a Chena de “proporcionar información falsa y denigrante” contra Mousques a través de “titulares tendenciosos”. De igual manera, se lo acusa de haber incumplido y desacatado las medidas de protección que habían sido dispuestas previamente por el juzgado.

Asimismo, Mousques alega haber sufrido hostigamientos a través de las redes sociales mediante perfiles falsos que realizaron comentarios denigrantes hacia su persona, en respuesta a un tweet realizado por Chena en su cuenta de Twitter. Además, dijo verse afectada “por el odio social que se instiga a la violencia con sus titulares tendenciosos y la información falsa que proporcionan a la opinión pública”.

Leé también: Christian Chena comparece ante el juzgado por violencia contra la mujer

Mousques cuestionó el actuar de Christian Chena al “refritar” publicaciones periodísticas que datan de hace varios años y en los que la misma dijo sentirse agraviada, lo cual a su vez motivó el comentario negativo de varios de sus seguidores en la mencionada red social.

La denunciante sostiene haber sido violentada en su salud física y psicológica debido a estos ataques, al punto de tener que recibir tratamiento psicológico por parte de profesionales. Por ello, recurrió a la justicia para solicitar la aplicación de medidas de protección que actualmente siguen vigentes por disposición judicial.