Yennifer Marchuck es la fiscal de la causa, quien ya solicitó informes sobre lo acontecido ayer en el Hospital Nacional, respecto a la mujer de 30 años, quien tuvo a su hijo prematuro sin asistencia médica y en el suelo del nosocomio, en medio de un pasillo.

Existen fotografías y videos que respaldan el relato de la abuela del bebé, quien quedó en estado de shock al ver a su hija en el piso y sin la ayuda de ningún profesional, al punto que ella misma tuvo que sacarle lo que llevaba puesto para facilitar el trabajo de parto.

El ministro de Salud, Julio Borba, anunció que, un equipo de su confianza acudirá hoy al hospital, a fin de investigar lo acontecido y elaborar un informe al respecto, para posteriormente tomar una decisión sobre los responsables.

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Por su parte, la directora Yolanda González, lamentó profundamente el hecho, pero defendió a los médicos y sostuvo que ellos llegaron hasta la mujer, sin que se les haya reportado una urgencia, por lo que, pudo haber sido responsabilidad de la enfermera que recibió a la paciente y que, no identificó los signos de alarma.

El recién nacido se encuentra en terapia intensiva, debido a su condición de prematuro, que, de por sí, requiere de una atención más rigurosa. Ya fue extubado y respira por sí solo. La madre también está internada, pero en buenas condiciones.

El Hospital Nacional de Itauguá es uno de los centros de referencia en neonatología. Además, está abarrotado de pacientes con chikunguña, enfermedad que también produjo bajas temporales en su plantel.

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Teresa Servín, abogada de la familia de Rolando Núñez Scolari, explicó que el sobreseimiento provisional implica que todavía existen diligencias para llegar a la certeza real de la responsabilidad de los procesados en la muerte del joven.

Se llegó a esta instancia porque ayer se cumplió la fecha para la presentación del requerimiento conclusivo. El sobreseimiento puede ir hasta un año.

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“Hay una visión jurídica de lo nuevo a lo que la doctora no tuvo acceso. Ver la responsabilidad de otras personas o ampliar la responsabilidad de los que ya estaban investigados”, informó la defensora, en un contacto con la 730 AM.

La necesidad de más tiempo también se sustenta en la aparición de un reglamento de la ANDE que especifica el manejo en materia eléctrica. Se tuvo acceso al contenido recién hace una semana.

Respecto a un acuerdo económico, la abogada reconoció que hubo un acercamiento y una oferta un par de semanas atrás, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo.

María Lilia Contreras y Édgar Torres, de la Empresa Prolife SA; María M. Contreras y Oscar Daniel Ruiz, de la Empresa Epro SA fueron imputados por homicidio culposo por la fiscal Teresa Rojas, quien luego fue recusada.

En su reemplazo asumió de manera interina la fiscal Karina Serón, quien lleva la carpeta hace un mes y por ello necesita más tiempo para la pesquisa.

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Un llamativo hecho aconteció cerca de la 02:00 de la madrugada de este jueves, en la playa de Funes Automotores, situada sobre la Avda. Mariscal López y Luis Alberto del Paraná.

Al sitio llegaron desconocidos, quienes descendieron de un vehículo y arrojaron una bomba molotov contra el local.

Un automóvil Toyota Auris, color plata, recién importado, fue totalmente consumido por las llamas y quedó inservible.

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Efectivos de la Comisaría 2ª Central recibieron el aviso en la oficina de guardia y, una vez en el lugar, intentaron apagar el fuego con precarios baldes de agua, mientras esperaban la llegada de los bomberos. Desafortunadamente, no pudieron salvar el vehículo.

De momento, se desconoce quiénes podrían estar detrás del atentado y cuáles serían los motivos que los llevaron a cometer el hecho. En la escena encontraron botellas con combustible.

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“Soñamos con un mañana mejor” es el nombre que lleva el proyecto del Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral de Mujeres, que consiste en la confección de escarapelas.

El trabajo estará a cargo de las internas y el resultado será la distribución de sus productos en centros educativos e instituciones de Alto Paraná.

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“El deseo de las mujeres privadas de libertad de volver a ser útiles a la sociedad”, comentó la directora del centro Juana María de Lara, Lourdes Nelsi Centurión.

La meta de llegar a 4.000 escarapelas será la misión confiada a 20 mujeres privadas de su libertad en dicho lugar.

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Además de aplicar penas para hacer justicia por los delitos cometidos, otra de las funciones del Estado es la reinserción social de las personas que cometieron un hecho punible. Los talleres de oficios, las capacitaciones y otras actividades forman parte de esa misión de preparar a la gente para insertarse a la sociedad, una vez que recuperen su libertad.