Tanto el magnate republicano como sus abogados han insistido en el despropósito de la causa, cuyos cargos, todavía sellados, leerá el juez de origen colombiano Juan Merchán.

La prensa especula que serán una treintena, relacionados con falsificación de registros comerciales.

Trump está señalado de sobornar con 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels en la recta final de la campaña electoral de 2016 para que callara una supuesta relación extramarital ocurrida diez años antes y que él siempre ha negado.

Su entonces abogado Michael Cohen fue el encargado de hacer el pago y el magnate le reembolsó la suma fraccionada presuntamente haciéndola pasar como minutas profesionales.

En plena campaña electoral para conseguir la nominación del Partido Republicano para las elecciones de 2024, el magnate de 76 años denuncia que es víctima de una “caza de brujas”.

Objeto de dos intentos de destitución por el Congreso estadounidense cuando era presidente (2017-2021), Trump tendrá que someterse al trámite habitual para un imputado, como la toma de huellas dactilares y fotografías para la ficha judicial.

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PROTESTAS

El caso de Trump se juega también en los medios de comunicación. Decenas de periodistas de todo el mundo pasaron la fría noche en vela para asegurarse un lugar en la sala donde conocer al mismo tiempo que Trump los cargos que le imputa la fiscalía de Manhattan.

A diferencia de otros estados, donde las cámaras de televisión están permitidas en las salas de audiencia, el juez Merchán no hizo una excepción en esta ocasión. Solo permitirá a los fotógrafos plasmar este momento histórico durante unos minutos antes de que se inicie la audiencia.

A medida que se acerca la hora de la llegada de Trump desde su rascacielos situado en la 5ª Avenida, la policía neoyorquina, en máxima alerta, ha reforzado la seguridad en torno al tribunal situado en el centro-sur de Manhattan, a donde empezaron a llegar sus seguidores y detractores.

“Haz Estados Unidos Grande de Nuevo” (MAGA, en inglés), rezaban gorras y camisetas de algunos. “Trump miente todo el tiempo”, proclamaban otros.

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“EN SU CAMINO”

En un intento de politizar la justicia y motivar a sus seguidores, que hasta ahora han respondido enviándole más de 7 millones de dólares para su campaña desde que se anunció la imputación el pasado jueves, el magnate recordó en la red Truth Social lo que ya usa como un lema: “No vienen por mí, vienen por ustedes. Yo estoy simplemente en su camino”.

Es “IMPOSIBLE que yo tenga un Juicio Justo” en Nueva York, agregó sobre su ciudad natal gobernada por demócratas, tras la decisión del fiscal Alvin Bragg de imputarlo el pasado jueves, al confirmar la decisión de un gran jurado.

Bragg tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa tras la audiencia de Trump en el juzgado. El magnate a su vez, también ha anunciado que hablará a la prensa.

El caso de Daniels es solo una de las investigaciones que amenazan al expresidente, bajo escrutinio por presionar a funcionarios para anular la victoria de Joe Biden en 2020, con una llamada telefónica grabada en la que pedía al secretario de Estado “encontrar” suficientes votos para revertir el resultado.

También es investigado por su posible papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense, así como por el manejo y custodia de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.