De acuerdo a la Resolución TSJE N° 3/2023 que establece el Cronograma Electoral, se realizarán varios procesos en el marco de las Elecciones de Intendentes Municipales para completar el periodo 2021-2026.

Para este lunes 31 de julio fue fijada la integración de las Juntas Cívicas por los Tribunales Electorales de las circunscripciones competentes. El Cronograma Electoral define también el periodo para tachas e impugnaciones presentadas, desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de agosto.

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Desde el lunes 7 hasta el miércoles 9 de agosto, se deberán resolver las tachas e impugnaciones presentadas sobre las candidaturas. Al respecto, la oficialización estará a cargo del Juzgado Electoral de la circunscripción competente.

Las organizaciones políticas comunicarán la apertura de cuenta única en una institución financiera local a la Dirección de Financiamiento Político del TSJE, la cual podrá realizarse hasta el miércoles 9 de agosto.

La Dirección del Registro Electoral remitirá los padrones de electores distritales en medio magnético a los Juzgados Electorales para su entrega bajo recibo a los presidentes de las Juntas Cívicas el viernes 11 de agosto.

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Cada candidato oficializado por el Juzgado Electoral de la circunscripción correspondiente hará la presentación de la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), a través del Sistema Nacional de Financiamiento Político (SINAFIP), hasta el lunes 14 de agosto de 2023, a los efectos de su publicación.

Conforme a la Ley N° 834/96, las organizaciones políticas presentarán sus nóminas para miembros de mesas receptoras de votos ante los Juzgados Electorales en el periodo comprendido entre el miércoles 23 y el viernes 25 de agosto, en el horario de 07:00 a 13:00hs.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) detectó los fusiles y las piezas durante un control en una de las terminales del Silvio Pettirossi.

Refieren que actualmente las mercaderías están lacradas y bajo vigilancia en el depósito de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Son cargas que llegan desde Miami al aeropuerto Silvio Pettirossi y, según Juan Olmedo, gerente General de la Aduanas de la DNTI, el 16 de mayo ya fue incautado una primera parte.

En la misma terminal aérea, pero en otro operativo, volvieron a incautar más piezas para fusiles, entre ellas 10 tubos soportes para culatas, 6 receptores superiores, 22 agujas percutoras y un tubo cañón que se encontraban mimetizadas, en esta ocasión, dentro de un carrito para bebé.

“Hoy detectamos una segunda carga que ingresaron con piezas más pequeñas como en carritos de bebé”, expresó Olmedo a la radio 730 AM.

Los presuntos importadores de la carga fueron identificados y los datos ya fueron remitidos al Ministerio Público para su intervención correspondiente.

En uno de ellos, le señala al fugitivo oriental, que tenía “buenos contactos” en la Fiscalía y la Senad, que “le bocinaban” operativos que se preparaban o iban a aplicarse en su contra.

Esa declaración, interceptada por la pesquisa fiscal-policial, confirma lo que era vox populi: que es extendida la práctica de que, propinas mediante, funcionarios de diversos estamentos, colaboraban con las agrupaciones criminales.

En el lado de Marset, en tanto, las “bocinas” en altas esferas tampoco era cuestión oculta. El año pasado se reveló la conexión directa de tres policías de Interpol con el mismo, gracias a la cual se desactivó desde Paraguay la orden de captura internacional que pesaba sobre Marset, lo que permitió a este movilizarse a nivel internacional sin ser detenido.

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La fiscalía presentó en la víspera acusación formal en contra de Tío Rico, por asociación criminal, lavado de activos y tráfico de drogas.

El esquema criminal desmontado por el operativo A Ultranza Py, representó, inicialmente, el decomiso de bienes por alrededor de 250 millones de dólares de los marginales. Esto sin contar las perdidas de drogas.

El documento difundido por el Ministerio Público corresponde a un poder especial presentado por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci, bajo patrocinio de la abogada Cecilia Pérez.

“Considero pertinente que el mismo sea peritado y analizado, conforme la investigación lo requiera, en exclusividad por los agentes fiscales correspondientes a la Fiscalía de Colombia, asignados a la causa, así como a los fiscales de los Estados Unidos de América, que, en el marco de la cooperación judicial internacional y la investigación conjunta entre ambos países, se encuentran interviniendo en el proceso”, refiere el documento.

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Días atrás a través de un comunicado, Claudia Aguilera, desmintió su oposición a la inclusión del celular de su esposo en la investigación. “Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, señaló.

Al respecto, Aguilera explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Sostuvo además que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

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Este lunes, en conferencia de prensa, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, dijo que un mes antes de la autorización a Colombia y EEUU, Cladia Aguilera había dado ese permiso a las autoridades paraguayas.

Doldán agregó que “Colombia tuvo todo el tiempo del mundo para peritar el teléfono y no lo hicieron”.