La ingeniera Claudia Centurión, la primera mujer anunciada en el gabinete de Santiago Peña, tiene la particularidad de que también se convertirá en la primera ministra de Obras Públicas y Comunicaciones en la historia del Paraguay, pues, el cargo siempre fue ocupado por hombres.

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Además de una infraestructura de calidad, que permitirá generar mano de obra, otra prioridad de Centurión será el mejoramiento del transporte público. Afortunadamente, gremios de la construcción ven con optimismo su designación.

El segundo nombre femenino confirmado por Peña fue el de la fiscal Liliana Alcaraz, quien ocupará la cabeza de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero.)

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Verificar las observaciones hechas por Gafilat (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana) a Paraguay es una de las primeras tareas que tendrá Alcaraz, quien como fiscal, se especializó en áreas de investigación como corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Su designación generó aplausos y críticas, como toda persona pública, sin embargo, sus investigaciones alcanzaron a todos los sectores.

La tercera es la doctora María Teresa Barán, anunciada oficialmente ayer viernes como ministra de Salud Pública, luego de la “desconfirmación” de Felipe González, por aquellas declaraciones poco sensibles hacia los pacientes oncológicos.

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La médica cirujana, especialista en medicina familiar ya fue viceministra en el periodo 2013-2018 y también estuvo al frente del Senepa (Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo).

Además de cubrir las necesidades en los hospitales, una de las primeras obligaciones será saldar la millonaria deuda con las farmacéuticas, algo que, a su vez, permitirá agilizar la provisión de medicamentos e insumos.

La cuarta y más reciente designada es Mónica Recalde, quien, desde el Ministerio del Trabajo cargará con la pesada mochila que representa la promesa de campaña, de generar 500.000 empleos en cinco años.

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Esta misión, claramente no será exclusiva de esta cartera, pues, también a través del MOPC y otros ministerios, se proyecta la creación de mano de obra para miles de familias.

El CV de Recalde, quien ya venía desempeñándose en esta cartera estatal, indica  que es abogada, egresada de la Facultad de Derecho-UNA; Magister en Dirección y Gestión de los Sistemas en Seguridad Social por la Universidad de Alcalá de Henares de España; Especialista en Didáctica con más de 17 años en el servicio público.

La acción encarada por la Ande se realizó en el marco de las festividades del 14 y 15 de mayo, con el fin de acompañar todas las actividades previstas en los días de conmemoración del día de la independencia del Paraguay y de las gloriosas madres paraguayas.

Se realizaron las reparaciones necesarias en 116 artefactos de alumbrado público, asegurando así un entorno seguro y adecuadamente iluminado.

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A su vez, la Policía Nacional prepara un operativo de seguridad para resguardar la seguridad de todas las personas que participarán de los diferentes actos festivos para este 14 y 15 de mayo.

Desde el viceministerio impulsarán alternativas de desplazamientos en caso de que el Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) persista con el paro de buses.

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Este denominado plan de contingencia incluye el apoyo y acompañamiento de instituciones gubernamentales, como el ofrecimiento del sector privado, para garantizar a los ciudadanos el servicio de transporte.

Fernández informó a los representantes de Opama, respecto a la reunión tripartita convocada por el Viceministerio de Trabajo para el próximo 16 de mayo, y las acciones que se llevarán adelante.

Indicó que las conversaciones con las organizaciones civiles son importantes y aportan de manera estratégica en el plan de reforma del sistema de transporte que se prevé impulsar. Además, reiteró que el paro de buses es una medida anacrónica, e insistió que el diálogo es el camino que conducirá a mejorar el servicio público.

“Rechazamos cualquier medida de presión como el paro, y nos mantenemos en eso. Nosotros hemos dicho desde el primer día que nuestra estrategia es el diálogo institucionalizado, lo que significa tratar los puntos en las mesas establecidas”, manifestó.

“Un paso trascendental, luchamos en su momento para que la ley se haga realidad. Hoy estamos haciendo realidad la reglamentación que va a permitir que productos paraguayos, productos que se realizan aquí en el Paraguay, el cemento, pueda ser utilizado para las obras viales, que nos van a permitir también dar, aparte de la mano de obra, una mayor calidad y durabilidad a nuestra red vial”, expresó el presidente Santiago Peña.

Al respecto de la promulgación, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, manifestó que después siete años hoy finalmente están dando inicio a una transformación de infraestructura, la de pavimento rígido con cemento nacional, marcando un hito importante en el desarrollo del país.

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Cabe recordar que durante el Seminario Internacional Construcción de Pavimentos de Hormigón organizado por la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), la ministra Centurión había enfatizado la importancia del pavimento rígido, el hormigón, como un elemento fundamental en la ingeniería, destacando su nobleza y su contribución al progreso y desarrollo nacional.

Subrayó el papel crucial que desempeña la utilización de este tipo de pavimento, su impacto en la industria nacional, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país.

IMPLEMENTACIÓN

Según el Decreto 1.683/24 “Que establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos de obras viales”, a los efectos del cumplimiento gradual de las disposiciones contenidas en el Artículo 2° de la Ley N.º 5841/2017, será considerado “Primer año inicial” al año 2024, “Segundo año” al año 2025, “Tercer año” al año 2026 y “Cuarto año” al año 2027.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del: 15% del total de las obras viales programadas para el año 2024; 20% del total de las obras viales programadas para el año 2025; 25% del total de las obras viales programadas para el año 2026; 30% del total de las obras viales programadas para el año 2027 y subsiguientes, según reza el artículo 3 de la normativa.