Pobladores de la compañía Tacuarita de Mbocayaty y guardaparques de la Reserva de Recursos Manejados Ybytyruzú habían realizado una denuncia en la Fiscalía a mediados del año pasado ante la explotación irregular de una cantera en la zona.

De acuerdo con la acusación, la empresa que estaría detrás sería NGA Emprendimientos, propiedad de Julio David Pérez y Susanne Gabrielle Honig, contra quienes fue abierta una causa penal en el Ministerio Público.

Tras constatar que la firma explotaba la cantera sin autorización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el fiscal del Medio Ambiente de Villarrica, Erico Ávalos, ordenó la suspensión de los trabajos el 14 de julio del año pasado. Sin embargo, la medida se levantó meses después cuando la empresa presentó la licencia ambiental, que fue expedida recién el 7 de octubre.

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Recientemente, los vecinos de la zona volvieron a denunciar a la empresa, pero en esta oportunidad por el uso de explosivos sin autorización de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), institución responsable de dar el “visto bueno” para la utilización de este tipo de artefactos.

“Tenemos denuncias de que ellos si están o estaban utilizando explosivos (…) Está abierta la investigación penal por incumplimiento de medidas de mitigación. Y hay declaraciones testificales de vecinos de que el explosivo ha provocado grietas en sus casas, eso también vamos a verificar”, indicó Ávalos. Lo mismo ocurre con la autorización del Viceministerio de Minas y Energías.

El representante del Ministerio Público también anticipó que está gestionando una orden de allanamiento debido a que los propietarios de la cantera se negaron a autorizar el ingreso de personal de la Dimabel para una inspección. “Ellos son los que tienen la capacidad para analizar si utilizan o no explosivos. Como no les habilitaron a entrar, entonces la Dimabel solicitó vía Ministerio Público una autorización judicial para ingresar“.

El abogado de NGA Emprendimientos, Rodrigo Cardozo, sostuvo que la empresa ya cuenta con autorización del Viceministerio y de la Dimabel y alegó que los propietarios se negaron a la verificación porque no contaban con una orden escrita. Sin embargo, el fiscal de Medio Ambiente de Villarrica dijo no haber recibido ninguna documentación de la firma.

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Ávalos remarcó que él está abocado a indagar si existen delitos ambientales, siendo el MADES y la Municipalidad de Mbocayaty las instituciones encargadas de exigir el cumplimiento de las normas ambientales y de clausurar la cantera en caso de constatarse irregularidades.

Los pobladores repudian que, a pesar de que la cantera venía siendo exploatada sin autorización ni permisos de Dimabel, los responsables nunca hayan sido imputados por la Fiscalía. Así también, sostienen que la empresa NGA Emprendimientos nunca dejó de operar a pesar de la orden de suspensión.

“Itaipú como motor del desarrollo del Paraguay. Hoy, a las 11:00 horas, vamos a realizar un importante anuncio para todo el pueblo paraguayo”, informó el jefe de Estado.

El mensaje será transmitido en vivo, a través de las redes sociales y canales oficiales del Gobierno, según indicaron desde la Dirección de Comunicación.

Posteriormente, voceros asignados por el presidente se encargarán de contestar las preguntas y de explicar los alcances del acuerdo. Lo harán en la sala de prensa de Mburuvicha Róga.

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El martes pasado, luego de una reunión entre autoridades brasileñas y paraguayas, ambos países llegaron a un acuerdo. En tierras vecinas, ya filtraron los datos de lo acordado, sin embargo, el Gobierno de Paraguay optó por esperar a que lo conversado se plasme en el papel con una firma.

No obstante, el canciller Rubén Ramírez informó que el documento no solamente la tarifa, sino el plan operativo y los principios de las negociaciones del Anexo C. La tarifa regiría por al menos tres años, a fin de evitar los desgastes anuales en las definiciones.

La agente fiscal Laura Fernández obtuvo la condena de un hombre a 20 años de pena privativa de libertad, por la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños. La víctima fue su hijastra de tan solo 9 años.

De acuerdo al antecedente de la causa, las vulneraciones se produjeron desde inicios del 2022, las cuales derivaron en la hospitalización de la menor.

La madre de la pequeña alegó que se trataba de una caída, sin embargo, en el mes de agosto de ese año, los vecinos comunicaron el hecho a través del servicio de Fono Ayuda y rápidamente tanto la víctima como su hermana de 7 años, quien sufría de agresiones físicas, fueron apartadas de la vivienda.

El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por Héber Chamorro e integrado por los jueces: Juan Ricardo Gómez y Paternio Emiliano Vera.

“MAG hace campaña con tomate barato y recibe fuertes críticas”, se titula el artículo periodístico publicado en la fecha por el diario Última Hora. El medio del Grupo Vierci asegura que los supermercadistas y comerciantes del Mercado del Abasto cuestionan al ministro del MAG, Carlos Giménez, por jactarse de traer tomate nacional a las ferias, con un costo de G. 12.000 por kilo, pese a que la producción nacional no tiene capacidad para abastecer la demanda del mercado.

En abierta defensa al negocio de su cadena de supermercados, el Grupo Vierci cuestiona en el fondo que las personas puedan adquirir el producto frutihortícola a precio muchísimo más accesible al ofertado en sus locales.

El posicionamiento del medio ÚH recibió muchos cuestionamientos de parte de la ciudadanía que expresó su descontento por los ataques a una iniciativa del Gobierno para permitir la compra de tomate más barato en medio de la estrepitosa subida del precio en los demás sitios comerciales.

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Hay que recordar que a finales del año pasado, en el Supermercado Stock de San Lorenzo fueron incautadas 23 cajas de tomate de procedencia argentina, que ingresaron al país de manera irregular.

El Grupo Vierci adquirió el producto a menos de G. 5.700 el kilo y ofreció a sus clientes a G. 15.650. El propio grupo empresarial informó a través de un comunicado que adquirió 400 kilos de tomates de su proveedor por valor de G. 2.250.000, por lo que al hacer el cálculo se puede diferir que compraban a solo G. 5.625 el kilo, pero lo vendían a sus clientes a G. 15.650.

En ese entonces, como los responsables del supermercado no pudieron demostrar la documentación respectiva, se procedió a la incautación de las cajas de tomate de contrabando.

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