El comunicado de la familia Pecci hace mención a lo ocurrido dos años atrás en Cartagena, Colombia, donde un grupo de sicarios internacionalmente, coordinados y financiados, acabó con la vida del fiscal Marcelo Pecci. Al respecto, sostienen que los responsables hoy se muestran “fuertes con el uso del dinero mal habido, atropellando lo que han encontrado a su paso, pero que también lo usan para esconderse detrás de fachadas y de lugartenientes que no hacen sino retrasar el proceso”.

Indican además que esto fue retrasando el que consideran el único proceso de investigación, el que se da en Colombia. “Vivimos y crecimos en este país en donde sabemos de injusticias. Vivirla en carne propia lo hace doloroso, frustrante. El olvido son como capas de polvo que no vemos caer pero en el bronce que engalana el nombre de Marcelo Pecci ya hay una capa bastante gruesa que en poco tiempo más va a impedir leer sus letras o recordar sus hazañas”, resaltan.

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Al respecto de los homenajes a los dos años de su asesinato, indican que “ningún acto ni tributo para la familia es aceptable si no se trata de Justicia”.

“Tímidamente hoy vemos caer hojas y hojas del calendario a las que acompañan excusas, lamentos, discursos; pero muy poco en cuanto a lo que se refiere a aquella ansia que a los justos enciende cuando de encontrar al asesino de su compañero se trata”, subrayan en relación a las acciones investigativas que se llevan en Paraguay, donde lamentan que no se ven entusiastas investigadores como sí los hay en Colombia.

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“El olvido es la peor forma de injusticia. Porque el dolor no cesa y la putrefacción no sana. El nombre de Marcelo Pecci no ha sonado ni en los discursos públicos (aquellos que apuntan a la corrección política) por lo menos para decir que se está buscando algún tipo de justicia. Ni se ha intentado disimular. El olvido provocado es aún peor”, enfatizan.

Ante toda la situación expuesta, solicitan a las autoridades encargadas de la administración que respetuosamente ahorren cualquier tipo de estipendio público en memoria de Marcelo Pecci. “Les solicitamos que en lugar de lirios o calas, cartas o cintas, hasta el último recurso se destine a averiguar quién ordenó matarlo”, agregan.

“Tenemos un gran desafío, considerando que tenemos previsibilidad por un período de tres años en la tarifa de la Itaipú Binacional, en el ingreso adicional y por sobre todas las cosas, el acuerdo operativo que posibilita a la Ande tener la prioridad en la energía excedente”, expresó el titular de la Ande, Félix Sosa, en conversación con Universo 970 AM de Nación Media.

Destacó que Paraguay de inmediato puede vender energía al mercado libre brasileño. Pero, se necesitan algunas definiciones técnicas por las que se empezará a trabajar. “Históricamente Paraguay quiso realizar esa venta de su energía al mercado brasileño. Es un logro demasiado importante”, sostuvo.

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Al tener un acuerdo también sobre el costo operativo de la binacional, Sosa señaló que una de las prioridades es el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional y la industrialización. “La intención del Paraguay y el presidente Peña es que esa soberanía energética se constituya a través de la industrialización de nuestro país”, enfatizó.

Agregó que la Ande ya cuenta con un plan maestro definitivo, en el que se destaca la necesidad de inversión, cuyo estimativo por año es de 650 millones de dólares, repartidos entre generación y línea de transmisión de distribución de energía eléctrica.

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Asimismo, mencionó que la proyección de utilización del 100% de la energía es para el 2030, pero puede variar en caso de que aparezcan grandes industrias. “Actualmente a Paraguay le conviene una tarifa alta, porque el mayor porcentaje de ingreso lo aporta Brasil. Pero, eso se va a ir equilibrando con el aumento de la demanda en Paraguay”, explicó Sosa.

Por otra parte, remarcó que con esta definición de la tarifa de Itaipú, no se tendrá un efecto en la factura final del cliente.

El Tribunal revoca la decisión del juez Raúl Florentín y da lugar al recurso presentado por la defensa de Villalba.

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Desde febrero está recluido en la penitenciaría de Emboscada, procesado por violencia doméstica contra su esposa.

La Cámara de Apelaciones sostiene que la aplicación de medidas menos gravosas resultan suficientes para evitar el peligro de fuga y de obstrucción.

“En tres oportunidades solicitamos el arresto domiciliario y hoy la Cámara de Apelaciones entendió que los elementos para seguir con la prisión preventiva ya no son suficientes”, expresó el abogado Yamil Colucci, defensor de Juan Villalba.

Villalba ya contaba antes con arresto domiciliario, pero la medida fue revocada porque lo pillaron en la ciudad de San Antonio violando la disposición judicial.