El agente fiscal de Luque, Jorge Escobar Lara, requirió la detención con fines de extradición de Zelma Darina Riquelme Ferreira (28 años), quien no acudió para su juicio oral y público en junio pasado, por lo que el Tribunal de Sentencia decretó su rebeldía.

La acusada, esposa del jugador de la selección nacional Juan Escobar, se encuentra actualmente en México y fue imputada en febrero del 2019. En mayo de 2021 fue acusada por la comisión de los hechos punibles de apropiación agravada, alteración de datos, estafa agravada, lesión de confianza agravada y producción de documentos no auténticos.

La mencionada mujer fue investigada por desfalcar la suma de 659.438.200 guaraníes a una casa de créditos. Sin embargo, la misma aseguró que es inocente.

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Los datos preliminares mencionan que el supuesto hecho se registró en el departamento de San Pedro. Pero que las “negociaciones” se hizo en conexión con la capital del Amambay. Y que un ciudadano de nacionalidad boliviana sería la presunta víctima.

La repartición Antisecuestro policial, aplicó la apertura de pesquisa, realizando análisis de llamadas y de elementos que se disponían, para avanzar en torno al caso.

Fruto de las primeras acciones en ese sentido, fue la aprehensión de seis personas en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Allí se detectó llamadas que se realizaron para la supuesta negociación de rescate.

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De testimonios de los detenidos, sumado a lo que dijo el que dijo haber sido secuestrado, los investigadores filtraron a los medios, la presunción de que el asunto podría ser una trama montada para cobrar el rescate.

Policías que investigan el caso, señalaron que para preservar el avance de la pesquisa, no pueden dar detalles mas específicos, hasta tanto se realicen nuevos procedimientos, claves para resolver el tema. La simulación de hecho punible es delito pasible de prisión de hasta cinco años para arriba.

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Este viernes, las autoridades recibieron a los representantes de la (Cetrapam) Central de Empresario del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana, para una reunión tripartita que incluyó al Ministerio del Trabajo, el Viceministerio del Transporte y a los empresarios.

Tras el encuentro, el viceministro de Transporte, Emiliano R Fernández, informó que Cetrapam decidió no levantar la medida de fuerza, se declaró en cuarto intermedio el encuentro y se fijó la próxima reunión el 16 de mayo a las 10:00 en la sede del Viceministerio de Transporte.

La autoridad instó a los empresarios transportistas a revertir su postura, ya que esta medida no corresponde porque perjudica a los miles de pasajeros que utilizan el servicio público.

Por su parte, el titular de Cetrapam, César Ruiz Díaz, sostuvo que, desde el inicio de esta administración está planteada la discusión sobre los números que consideran correctos para la tarifa, sin poder llegar a un acuerdo. A su criterio, se requiere una actualización.

“El anuncio del paro sigue, no cambió nada, pero sí se expresó la intención de dialogar, porque hablando se entiende la gente”, sostuvo el empresario.

La Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana, informó que sus empresas asociadas no se adhieren al paro anunciado para los días 20, 21 y 22 de mayo. Tampoco se suma la Fetram (Federación de Transporte del Área Metropolitana), donde están Ximex Línea 44, Ypacaraí Línea 242, Are­güeña Línea 111, San Isidro Línea 48-51 y Magno Línea 12.

El agente fiscal Diego Arzamendia, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, encabezó una serie de allanamientos en las ciudades de Villa Elisa, J. Augusto Saldívar y San Lorenzo y que dio como resultado la detención de tres personas y la incautación de varias evidencia. En en el marco de la causa que investiga el vaciamiento de cuentas bancarias.

El procedimiento se realizó luego de una denuncia presentada por la empresa telefónica TELECEL. Los detenidos fueron identificados como Ana Liz Cantero Ortiz, Carmen Johana Aguilera Galeano y Pablo Ramón Acosta Esquivel, del poder de los mismos fueron incautados aparatos celulares, tarjetas Sim Card, dispositivo de almacenamiento, formularios de activación de líneas telefónicas, anotaciones y documentaciones varias.

Los mismos presuntamente utilizaban la modalidad delictiva denominada SIM SWAPPING, que consiste en bloquear los números de líneas telefónicas valiéndose del privilegio de ser funcionarios de las empresas de telefonía y volvían a reactivar en otros dispositivos para acceder a las billeteras electrónicas o cuentas bancarias de sus víctimas.

Estas personas habrían colaborado para bloquear y hacer esa reactivación de línea en otro dispositivo. A partir de esa reactivación de línea en otro dispositivo se reiniciaban los servicios de medios de pagos electrónicos y en algunos casos cuentas bancarias.