Las declaraciones del sicario Francisco Correa no resisten ningún análisis y carecen de sustento y valor probatorio. Son varios los puntos que des­virtúan por completo su ver­sión sobre quiénes ordenaron asesinar al exfiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia.

Durante el desarrollo del jui­cio por el homicidio del fis­cal Marcelo Pecci, el pasado viernes, el sicario Francisco Correa formuló graves acu­saciones, a la espera de que el principio de oportunidad lo beneficie con la reducción de la elevada pena e incluso con la posibilidad de quedar en libertad por su colaboración en el proceso investigativo.

El fiscal de asuntos interna­cionales Manuel Doldán con­firmó que Francisco Correa declaró el 4 de junio de 2022 que Pecci supuestamente había perjudicado a una per­sona querida por un “expre­sidente” o “presidente” o “patrón”; sin embargo, sus expresiones carecen de sus­tento, ya que aludió que esa persona estuvo en una cárcel de Francia y el punto no coin­cide con ningún paraguayo que se conozca.

Esta incoherencia coincide con el dato revelado por el fiscal Doldán, quien compar­tió un mensaje que recibió de parte de una alta autoridad colombiana a la que, por res­peto y discreción, no puede mencionar.

“La verdad es que Francisco Luis en este momento tiene en su cabeza una realidad distorsionada, producto de la información que él cono­ció, de manera directa e indirecta, pero también de lo que escucha en medios de prensa locales e internacio­nales, y de las teorías especu­lativas que se generan en los medios”, expresa el mensaje de la autoridad colombiana, que lo leyó el propio Doldán al aire, en una entrevista con Abc Cardinal.

Hace un año, en su pri­mera declaración, los inves­tigadores preguntaron a Correa sobre la identidad del supuesto expresidente impli­cado, pero respondió que des­conocía su nombre. Tras esa declaración de Correa vinie­ron a Paraguay el director de la Policía Judicial de Colom­bia y agentes de la DEA con el objetivo de investigar en deta­lle las causas que investigaba el fiscal Pecci. Tras esa visita no pudo recopilarse ningún dato que sustente las expre­siones del sicario.

¿Por qué sorpresivamente ahora sí lo recuerda? ¿Mintió hace un año o lo está haciendo ahora para mostrar una supuesta actitud colaborativa con la justicia para acogerse a los beneficios? ¿O estaría reci­biendo alguna directriz de los narcotraficantes con quienes mantiene contacto en prisión? Son preguntas que, por ahora, quedan sin respuesta.

Francisco Luis Correa Galeano está acusado por homicidio agravado y fabri­cación, tráfico, porte o tenen­cia de armas de fuego, ya que habría articulado y planeado el homicidio de Marcelo Pecci, desde la ciudad de Medellín, inclusive liderando reunio­nes para asignación de roles, entregando dinero y armas a los demás implicados, y en tal sentido, la Fiscalía de Colombia requeriría una pena de más de 50 años de cárcel para el ahora encausado. Por el momento su condición es la de testigo, pero desde el 19 de enero de 2024 deberá enfren­tar juicio por su activa partici­pación en el crimen del fiscal Marcelo Pecci.

Francisco es un exmilitar, se habría retirado del Ejército para posteriormente formar parte de la banda criminal Los Paisas, quienes opera­ron por años en el marco del paramilitarismo en Colom­bia. El sujeto fue capturado junto a otras cuatro perso­nas en junio de 2022 y fue el único vinculado al cri­men, que no aceptó los car­gos. Luego, tras un acuerdo con la Fiscalía de Colombia para eventualmente bene­ficiarse con el principio de oportunidad, decidió apor­tar información.

Desde la semana pasada enfrenta juicio otra de las implicadas en el crimen de Marcelo Pecci. Se trata de Margareth Chacón, acusada de formar parte del esquema de los hermanos Pérez Hoyos. En el marco de la audiencia y ante la falta de consistencia en la argumentación del “testigo” de la Fiscalía, el abogado Luis Henriquez, quien es defen­sor de Chacón, impugnó las declaraciones del sicario, no solamente por las incoheren­cias y los llamativos “olvidos”, sino porque el acusado admi­tió que habló exclusivamente para acogerse a los beneficios del principio de oportunidad.

Otras de las llamativas incoherencias en la decla­ración de Francisco Correa es que, según su nueva ver­sión, supuestamente Mar­celo Pecci investigó y apresó a un hermano de Horacio Car­tes y de Miguel Insfrán, y que por eso se habría ordenado su muerte. Sin embargo, en rea­lidad el exfiscal Pecci no tenía en sus carpetas a Cartes ni a nadie de su entorno, con lo cual se desbarata de raíz este argumento.

Correa en sus primeras declaraciones, en junio del año pasado, dijo que había un Chino que tuvo un papel determinante en el homicidio. “Yo no lo conozco ni sé quién es, pero siempre que hablaba con Ramón y con Andrés, ellos me hacían referencia al Chino. Sé que es ciudadano chino o asiático, ellos me lo referían como intermedia­rio entre un narcotraficante de nacionalidad paraguaya y otro al que le decían El Pre­sidente. Creo que es expresi­dente del Paraguay”, respon­dió aquella vez.

Pero en su declaración del viernes pasado, Correa ya omitió al Chino en el relato y dijo que Tío Rico y el expresi­dente fueron los que contac­taron con los hermanos Pérez Hoyos y Margareth Chacón.

Otro aspecto más que llama­tivo es que las personas a las que decía desconocer y de las que ni siquiera estaba seguro quiénes eran, repentina­mente aparecen con nombre y apellido: Miguel Ángel Ins­frán y Horacio Cartes.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, informó que de momento no hay nada nuevo en el horizonte inves­tigativo del caso Pecci, según analizaron en una reunión telemática con Colombia. También recordó que el acusado está en busca de una salida negociada y que no tiene una credibilidad asentada.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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