Unas 500 familias de la ciudad de Pilar recibieron en las últimas horas un primer lote de chapas y alimentos básicos de parte de Itaipu, luego de resultar damnificadas por las intensas lluvias caídas en dicha zona del país.

La repartición de los materiales de primera necesidad se realiza en coordinación con la Gobernación de Ñeembucú, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y el Ministerio de Defensa Nacional.

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El operativo incluyó en una primera fase la entrega de 4.000 chapas a las familias para reconstruir parte de sus viviendas anegadas por las aguas. Igualmente, a través de la Asesoría de Responsabilidad Social, se entregarán 1.000 kits de víveres con ingredientes a ser utilizados en las tradicionales ollas populares que se habilitarán en los barrios afectados.

El gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón, y el intendente de Pilar, Fernando Ramírez, agradecieron el respaldo recibido de parte de la Binacional y destacaron que será de gran ayuda para las familias de las comunidades perjudicadas por los últimos eventos climatológicos.

Desde que se reportaron los primeros pedidos de ayuda por el temporal y el aumento del caudal del río Paraguay, la Entidad respondió a la solicitud de colaboración interinstitucional. En dicho contexto, las tareas conjuntas se iniciaron este domingo 29 de octubre, previamente con el censo de las familias damnificadas a cargo de personal de la SEN.

Por su parte, Fabián Ojeda, de la Secretaría Departamental de Riesgo de la Gobernación de Ñeembucú, manifestó que el comité de emergencia sigue trabajando intensamente en las tareas de evacuación de las familias afectadas, que en el casco urbano llegarían a 500 y en el interior del departamento el número sería de unas 277 familias.

Como parte de la investigación de un supuesto hecho de transgresión de la Ley 716/96 que sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente, una comitiva policial – fiscal allanó un recinto privado en el barrio Villa Bonita de la ciudad de Villa Elisa.

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Del lugar se incautaron 2500 litros aproximadamente de carburantes, 129 precintos de seguridad, 4 motobombas de distintas marcas, varios bidones de plásticos y metales, un rollo de cabo de acero, documentos varios y otros objetos.

Según los intervinientes, el procedimiento causa una pérdida estimativa de 70 millones de guaraníes a los propietarios de la carga.

El operativo estuvo a cargo del Departamento Especializado Contra Hechos Punibles Económicos conjuntamente con funcionarios del Ministerio Público, Dnit (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) y el Mades (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social).

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Lluvias con acumulados de entre 70 y 11 mm, ráfagas superiores a los 100 K/h, tormentas con alta frecuencia sobre el área y probabilidad de granizos en forma puntual se anuncian para gran parte del país.

Las áreas y los horarios son los siguientes:

Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí: desde la mañana y hasta la tarde del miércoles 08.

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Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes: desde la tarde del miércoles 08 y hasta la mañana del jueves 09.

Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro: desde la tarde del miércoles 08 y hasta la tarde del jueves 09

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.