Los Premios Dignidad tienen como propósito central visibilizar a las personas defensoras de derechos humanos, quienes enfrentan un alto riesgo en el contexto social paraguayo. Este año se llevó a cabo la cuarta edición consecutiva del evento y fueron elegidas dos temáticas de trabajo para recibir postulaciones: Memoria Histórica y Medio Ambiente Sano. En total se recibieron 25 postulaciones para ambas áreas, de las cuales resultaron ganadoras y ganadores:

Premio Dignidad a la trayectoria por un ambiente sano: Petrona Villasboa es hija de un luchador de las Ligas Agrarias Cristianas que peleó contra la dictadura de Alfredo Stroessner. Es madre de 11 hijos, y la muerte de uno de ellos cuando era niño -a consecuencia de una fumigación con agroquímicos- marcó su vida para siempre. Silvino Talavera murió el 7 de enero de 2003 y desde entonces esta madre levanta la bandera contra el uso no controlado de plaguicidas.

Premio Dignidad por la memoria: Yamili Nair Burgos es docente y campesina, quien actualmente vive en la Colonia Santiago Nicolás Bo Parodi, distrito de Carayaó. Integra la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay – Sindicato Nacional (Otep-SN), con quienes en su momento logró el derecho a la jubilación digna de los docentes. Actualmente, trabaja desde la Coordinadora de Agricultores de Caaguazú (CAC), donde lucha por el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina.

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Premio Dignidad a la trayectoria por la Memoria Histórica: Liz Paola Cortaza tiene 63 años y es una de las últimas sobreviviente transexual de la dictadura stronista. Hasta hoy sueña con que las leyes del Paraguay le permitan cambiar su nombre respetando su identidad de género, derecho por el cual tiene una acción abierta ante el Poder Judicial.

Premio Dignidad por un ambiente sano: Comunidad indígena Loma Piro’y del pueblo Mbya Guaraní, desde el 2020 buscan recuperar parte de su territorio ancestral y sufrieron numerosos atropellos, desalojos, fumigaciones aéreas de parte de autoridades nacionales y colonos extranjeros -con sus civiles armados- que les disputan el territorio. La comunidad está asentada en Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú.

La elección de las y los ganadores estuvo a cargo de un jurado externo a Codehupy, compuesto por la historiadora Ana Barreto Valinotti, la directora de cine Paz Encina, el curador y promotor cultural Ticio Escobar, el abogado y teólogo Dionisio Gauto, el sacerdote José Zanardini y la periodista Estela Ruiz Díaz.

En cuanto a las temáticas, se tomó en cuenta que este año Paraguay conmemora los 30 años del descubrimiento del archivo del terror y los 20 años de la Mesa Memoria Histórica, cuyo papel ha sido fundamental en la búsqueda de verdad y justicia sobre lo ocurrido durante la dictadura. Sobre el eje Ambiente Sano se tuvo en cuenta que este año, el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas de las Naciones Unidas presentó un informe sobre la contaminación en Paraguay, subrayando la importancia de apoyar a quienes defienden nuestro medio ambiente.

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También se rindió homenaje a una funcionaria y un funcionario del Poder Judicial por su destacado trabajo en favor de los derechos humanos. Este reconocimiento fue otorgado por las organizaciones que forman parte de la red de Codehupy. Los galardonados fueron:

La Licenciada Rosa Palau, quien desempeñó un papel crucial en la coordinación de los trabajos de registro y clasificación de la documentación sobre la dictadura. Hoy trabaja el Centro Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, entidad dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

Prof. Dr. José Agustín Fernández es un jurista paraguayo con 28 años de experiencia como magistrado, actualmente lidera el Museo de la Justicia y Centro de Documentación para la Defensa de los Derechos Humanos del Poder Judicial. Su excepcional trayectoria ha sido reconocida con diversas distinciones a las que ahora se sumaron los Premios Dignidad.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 7 de noviembre en el Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycuá Bolaños.

El diputado colorado Derlis Rodríguez, dijo al respecto que la continuidad del contrato en cuestión, tiene base en una acción judicial de la empresa, que determina que la administración estatal continúe proveyéndole energía eléctrica muy por debajo del precio que pagan contribuyentes del resto del país.

Rodríguez manifestó que Cylfsa paso los límites de la legalidad, al punto en de cobertor a sus directivos en explotadores de criptomineria, que consume enorme flujo de electricidad, por el que pagan hasta más de 30 % menos de lo que se abona en el que abona en el resto de la República.

“Resulta inexplicable que ellos utilicen de forma irregular los recursos de la Ande para sacar provechos personales”, dijo Rodríguez en comunicación con la 1020 AM.

Añadió que el caso tiene su conexión con manejos irregulares en la justicia, que da respalda legal a una ilegalidad.

La firma Clifsa, al decir del legislador, utiliza de forma fuera de lo legal para realizar el servicio de distribución eléctrica para los consumidores del Guaira.

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“Siguiendo el proceso de modernización del organigrama de @DiputadosPy he suprimido el departamento de cafetería”, anunció el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre.

Se trata de la resolución administrativa 1351, aprobada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. “Que suprime el Departamento de Cafetería, dependiente de la Dirección de Servicios Generales de la Honorable Cámara de Diputados”.

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La resolución establece además la actualización y aprobación de la estructura organizacional y el Manual de Organización y Funciones vigentes.

“Seguiremos en la dirección de la optimización del gasto público en la cámara de diputados”, añadió el presidente Latorre.

Cabe recordar que meses atrás se generó una polémica al descubrirse que la directora de Cafetería percibía un salario mensual de G. 13 millones y tenía a su cargo a otros dos funcionarios.

El ministro de Defensa Nacional, General (SR) Oscar González, señalo que las charlas y advertencia para erradicar esa práctica, se realizan de manera sistemática en cuarteles y centros de enseñanza.

“Personalmente doy charlas para comunicar que esas prácticas no están permitidas en las FF.AA. Desde que asumí el cargo (agosto pasado) hemos insistido con énfasis en esta cuestión”, dijo Gonzáles en comunicación con la 1080 AM. Agrego que las agresiones de ese tipo reciben castigos ejemplares. En el último caso dado a conocer en la última horas, remarcó, la penalización en ambitos del Tribunal de Justicia Militar, contempla años de cárcel y de baja deshonrosa.

La advertencia del titular de Defensa viene a colación al volver de vuelta al tapete los episodios de agresiones en las FF.AA, perpetrados por oficiales superiores.

El cadete al que tuvieron que extirpar un bazo, tras sufrir una golpiza, fue internado siete días después de recibir golpes que desembocaron en esa dolencia.

Tras ser socializada la causa, se supo, entre otras cosas, que la ley del silencio le impidió que se ventile el episodio. Las consecuencias que persisten en la milicia, señalan analistas castrenses, van desde castigos corporales a freno de carrera interna y de presiones psicológicas conocidas también como bullying.

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En las últimas horas surgió la versión de que en la Fuerza Área había un caso en que oficiales agredieron a cadetes. Consultado sobre el tema, el ministro González dijo que desde que asumió no hay caso de ese tipo, y que averiguara los expedientes existentes relacionados a años anteriores