La primera evaluación de técnicos de la Senabico, consigna que, convertidos en monedas, esos bienes totalizan alrededor de 30 millones de dólares. Tanto el pastor como su abogado Daniel Lobo, señalaron que, “no hay manera” de demostrar que la fortuna del acusado tenga origen en actividades ilícitas.

El exdiputado colorado Julio Colmán, actual director de Radio Curuguaty, afirmó que el crecimiento sostenido y meteórico del patrimonio del Pastor Insfrán es un tema que en la capital de Canindeyú, a todos causó sorpresa.

 “Lo que iba construyendo (mansiones, templo, establecimientos ganaderos) era como para mostrarle al presidente de la República. Imaginate, fue hasta Mburuvicha Róga y junto a Marito”, dijo Colmán a la 1080 AM.

Enfatizó que, personalmente, y a través de sus programas de radio, manifestó su convicción de que la fortuna que de la noche a la mañana amasó, no era fruto de actividades normales, sino de lo que en la zona ganó terreno rápidamente: el narcotráfico.

“Curuguaty es la zona de mayor producción de marihuana. Evidentemente él (pastor) no se dedicaba a trabajos normales, eso lo dije siempre”, remarcó Colmán.

El político y empresario radial manifestó que los casi dos años en que estuvo fugitivo el pastor Insfrán, en todo el departamento de Canindeyú fue vox populi que el mismo no estaba fuera del país, sino escondido en una de sus tantas propiedades que posee.

“Sabíamos que él estaba en esta zona, operaba tranquilamente, vendía y compraba sus animales, con cobertura policial seguramente”, aseguró Colmán.

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QUÉ DICE EL PASTOR

El pastor Insfrán respondió que la plata que logró  juntar fue gracias a su trabajo de 15 años, que lo dedicó al frente de un taller metalúrgico.

“Yo tengo una empresa que es con mi hermano y a nombre de esa empresa hay dos propiedades. Es una metalúrgica que habíamos fundado en el 2011, mis hermanas estuvieron trabajando en España y luego vinieron acá. En el 2017 entramos en el rubro de la ganadería. Pero mi función era más pastoral, yo solamente le apoyaba en las cosas específicas”, afirmó.

“Producíamos las carrocerías para trasganado. Paraguay es un país donde se produce mucho en agricultura, trabajábamos con empresas. Nosotros somos una iglesia autónoma, no dependemos de nadie. Acá no hay drogas, acá hay un templo”, concluyó.

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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) detectó los fusiles y las piezas durante un control en una de las terminales del Silvio Pettirossi.

Refieren que actualmente las mercaderías están lacradas y bajo vigilancia en el depósito de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Son cargas que llegan desde Miami al aeropuerto Silvio Pettirossi y, según Juan Olmedo, gerente General de la Aduanas de la DNTI, el 16 de mayo ya fue incautado una primera parte.

En la misma terminal aérea, pero en otro operativo, volvieron a incautar más piezas para fusiles, entre ellas 10 tubos soportes para culatas, 6 receptores superiores, 22 agujas percutoras y un tubo cañón que se encontraban mimetizadas, en esta ocasión, dentro de un carrito para bebé.

“Hoy detectamos una segunda carga que ingresaron con piezas más pequeñas como en carritos de bebé”, expresó Olmedo a la radio 730 AM.

Los presuntos importadores de la carga fueron identificados y los datos ya fueron remitidos al Ministerio Público para su intervención correspondiente.

En uno de ellos, le señala al fugitivo oriental, que tenía “buenos contactos” en la Fiscalía y la Senad, que “le bocinaban” operativos que se preparaban o iban a aplicarse en su contra.

Esa declaración, interceptada por la pesquisa fiscal-policial, confirma lo que era vox populi: que es extendida la práctica de que, propinas mediante, funcionarios de diversos estamentos, colaboraban con las agrupaciones criminales.

En el lado de Marset, en tanto, las “bocinas” en altas esferas tampoco era cuestión oculta. El año pasado se reveló la conexión directa de tres policías de Interpol con el mismo, gracias a la cual se desactivó desde Paraguay la orden de captura internacional que pesaba sobre Marset, lo que permitió a este movilizarse a nivel internacional sin ser detenido.

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La fiscalía presentó en la víspera acusación formal en contra de Tío Rico, por asociación criminal, lavado de activos y tráfico de drogas.

El esquema criminal desmontado por el operativo A Ultranza Py, representó, inicialmente, el decomiso de bienes por alrededor de 250 millones de dólares de los marginales. Esto sin contar las perdidas de drogas.

El documento difundido por el Ministerio Público corresponde a un poder especial presentado por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci, bajo patrocinio de la abogada Cecilia Pérez.

“Considero pertinente que el mismo sea peritado y analizado, conforme la investigación lo requiera, en exclusividad por los agentes fiscales correspondientes a la Fiscalía de Colombia, asignados a la causa, así como a los fiscales de los Estados Unidos de América, que, en el marco de la cooperación judicial internacional y la investigación conjunta entre ambos países, se encuentran interviniendo en el proceso”, refiere el documento.

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Días atrás a través de un comunicado, Claudia Aguilera, desmintió su oposición a la inclusión del celular de su esposo en la investigación. “Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, señaló.

Al respecto, Aguilera explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Sostuvo además que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

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Este lunes, en conferencia de prensa, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, dijo que un mes antes de la autorización a Colombia y EEUU, Cladia Aguilera había dado ese permiso a las autoridades paraguayas.

Doldán agregó que “Colombia tuvo todo el tiempo del mundo para peritar el teléfono y no lo hicieron”.