Los agentes fiscales Alicia Sapriza y Alejandro Cardozo en representación del Ministerio Público, lograron la condena de cinco acusados por haber transgredido la Ley de Armas 4036/10, referente a la portación y tenencia. Los encausados formaban parte de una estructura criminal dedicada a cometer hechos punibles desde el 2018. Según los datos, estaban implicados en el asesinato del comisario Félix Ferrari, y posterior liberación de Jorge Samudio, alias “Samura”, episodio ocurrido en setiembre del 2019.

Fueron condenados por a 7 años de pena privativa de libertad y se ordenó el comiso de las evidencias, los acusados en carácter de coautores: Hector Ramón Lazarte Aguello (34), Ceferino Encina Esquivel (45), Lucio Irala Martínez (37), Jacinto Aquino (51), Francisco Diosnel Candia Esquivel (30). Los hechos punibles son por detentación, producción de riesgos comunes, tráfico ilícito, y hechos punibles conexos, de la Ley 4036/10 de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes, Municiones, Explosivos, Accesorios y Afines.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado y Narcotráfico, estuvo integrado por los jueces Gloria Hermosa, Víctor Alfieri y Alba González.

Según los antecedentes, el viernes 17 de abril del 2020, a las 16:30 aproximadamente, agentes policiales de Investigación de Delitos de la Regional de Concepción, detuvieron en la colonia Sapucai, una camioneta Toyota Hilux, doble cabina en la cual circulaban los acusados. En poder de los mismos se encontraron: tres fusiles, dos pistolas, 74 cartuchos sin percutir de calibre 5.56×45 mm, 100 cartuchos sin percutir de calibre 7.62×39 m, 43 cartuchos sin percutir de calibre 9x19mm.

Algunos de los tripulantes contaban con orden detención por posesión y tráfico de drogas y de exposición al peligro en el transito terrestre. Sin embargo, en contra de Héctor Ramón Lazarte pesaba una orden de detención emanada de fecha 12/09/2019, referente al homicidio del comisario Félix Ferrari.

En ese entonces, el fiscal Celso Morales comunicó de la detención a la Unidad Especializada de Crimen Organizado ante las sospechas de que todos pudieran estar implicados en aquel suceso.

Se realizaron los registros y análisis en el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) y se estableció que las armas incautadas, si bien no fueron las utilizadas en el crimen del Crio. Ferrari, sí fueron utilizadas para otra serie de asesinatos ocurridos en el año 2018 en la ciudad de Pedro Juan Caballero. No obstante, según registros de Dimabel no se cuenta con registros algunos de las armas, pero el fusil 5.56 incautado estaba registrado a nombre de prófugo “Samura”.

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La entidad Itaipú, al ser de carácter binacional, distribuye su energía en un 50 % para cada socio propietario. Sin embargo, al ser Paraguay un país que no tiene la necesidad ni la capacidad de retirar el 100 % que le pertenece, Brasil está obligado a absorber el porcentaje restante, pagando un precio en concepto de compensación de energía, no de compra.

Dentro del acuerdo de entendimiento firmado ayer entre Brasil y Paraguay, no solamente se estableció la nueva tarifa de USD 19,28 que regirá por tres años, también otros aspectos de interés para ambos, entre ellos, la habilitación a nuestro país para vender su excedente.

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“A partir de ahora ya podemos, en breve vamos a comenzar a ofertar la energía de Acaray, se puede ofertar al mercado eléctrico brasileño”, explicó el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE, durante su visita al canal Gen-Nación Media.

Por ahora, la exclusividad la mantendrá Brasil, pero respecto a la posibilidad de ventas a otros países de la región, Sosa indicó que estas ventanas pueden abrirse durante la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú.

Durante esas negociaciones se verá la necesidad, si amerita o no, de modificar el tratado para dar luz verde a la comercialización a otros mercados.

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La denuncia que dio pie a la intervención fiscal la hizo el titular de la administración estatal, Félix Sosa. Menciona que son más de 3.300 metros de cables especiales, cuyo costo en el mercado es de 7.300 mil millones de guaraníes (1 millón de dólares).

La manera en que se apropiaban de los cables, era a través de pedidos formales para realizar tendidos y reparaciones en la ciudad de Limpio, y otras localidades. Una auditoría interna de la Ande, sin embargo, detectó que los trabajos en cuestión no se realizaban, y “desaparecían”.

“Estos funcionarios confeccionaban formularios para justificar la utilización, luego se apropiaban y la sospecha es que esos cables tenían un destino diferente”, dijo el fiscal Silvio Corbeta, quien abrió expediente al respecto.

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El mismo sostuvo que hasta ahora no se tiene daros acerca de los que compraban los materiales robados.

“Estas ventas son realizadas en negro y es más difícil realizar una trazabilidad porque no quedan registros. No me aventuraría a decir con seguridad si es que logramos llegar, salvo que algunos de los funcionarios nos digan y deseen colaborar con el Ministerio Público”, expresó el fiscal Corbeta.

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A través de un comunicado divulgado este viernes, la UIP se hizo eco del reciente anuncio del Gobierno Nacional respecto a la fijación de una nueva tarifa de Itaipú Binacional.

Sobre el punto, el gremio de empresarios e industriales celebró este histórico acuerdo obtenido entre Paraguay y Brasil, expresando sus felicitaciones al equipo negociador “y a quienes, con entrega y convicción, han trabajado en el proceso”.

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Asimismo, afirma que para Paraguay, una nación que debe encaminarse hacia un modelo industrializador, este acuerdo representa “un reinicio a posibilidades y oportunidades”, marcando un nuevo capítulo tras 50 años de la concepción de esa grandiosa obra de ingeniería.

“Este logro trasciende lo diplomático, político y comercial: es, desde nuestra expectativa, una nueva oportunidad que no debemos desaprovechar, un llamado a la unidad, a superar las divisiones y alinear nuestras metas mirando el bien común y el bienestar compartido”, menciona el texto.

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De igual manera, la UIP sostiene que transformando nuestra energía en la industria manufacturera no solo se logrará mejorar nuestra economía, sino también se elevará la calidad de vida de los paraguayos. Por ello, solicitan al gobierno priorizar las inversiones en materia de infraestructura eléctrica.

“Estamos en un momento decisivo, el camino está trazado y ahora todo depende de nuestro espíritu, nuestra iniciativa y nuestra capacidad, para forjar consensos, con el bienestar común como estandarte”, sentencia el comunicado.