El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación de la Cámara Alta, habló acerca de los cambios que se introducirán al proyecto por el cual se reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional.

Una de las incorporaciones que prevén definir hoy es, la del artículo 43 que establecerá taxativamente que: Los fondos del IPS no podrán ser prestados al Estado a las gobernaciones y a los municipios. “Más claro que eso, es imposible”, comentó Maidana.

Además, el artículo 1 indicará, en el último párrafo que, la administración de los recursos va a seguir dependiendo de las cajas, pues, la Superintendencia es solamente un ente fiscalizador, de control y de monitoreo sobre la forma en que las cajas utilizan los recursos de los aportantes.

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A esto se suma la modificación del artículo 31 que dice que hay responsabilidad de los funcionarios que administran mal los recursos del Estado. Nadie estará exento de responsabilidad civil y penal por la mala utilización de los bienes jubilatorios o por el mal ejercicio en sus funciones.

“Vamos a tener listas estas modificaciones para cuando la mesa directiva diga que se va a tratar, para cuando entonces, vamos a tener habilitadas esas modificaciones”, confirmó.

El tratamiento del proyecto no figura en el orden del día de la sesión extraordinaria de mañana martes, sin embargo, la Mesa Directiva podría incluirlo en la ordinaria del miércoles.

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El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, emitió la Resolución No. 347 por la que designa a Careaga como titular del centro.

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Las puertas del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú fue abierta desde este viernes y se busca reducir el hacinamiento y los índices de reincidencia de quienes cumplen sus condenas.

Estará al mando Julio César Careaga Vera, quien es funcionario del Ministerio de Justicia, con una antigüedad de 22 años. Abogado, egresado de la Facultad de Derecho UNA.

Su experiencia incluye funciones dentro del sistema penitenciario porque dirigió el Servicio Nacional de Atención a Adolescentes Infractores (SENAI), fue director de Asuntos Internos y Anticorrupción. Además, interventor de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y últimamente, se desempeñó como director de Protección de Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario.

El Centro comenzará a albergar a los internos los primeros días de junio, donde prevén trasladar a la nueva cárcel a 40 personas con condena firme. Se alojarán en los módulos convencionales.

El agente fiscal Christian Roig pidió la elevación a juicio oral y público de la causa por sicariato que enfrentan Rubén Darío Benítez Gómez y María Liliana Velázquez Villasanti.

Ambas personas son las principales acusadas por el asesinato del taxista Alfredo Jara González, ocurrido en octubre del año pasado en la localidad de Curuguaty, Canindeyú.

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En el caso puntual de Benítez, el mismo es sindicado como el sicario responsable de asesinar a tiros al trabajador del volante, mientras que Velázquez -quien era esposa de la víctima- sería la que lo contrató para el “trabajo”.

Las investigaciones determinaron que el asesino era amigo de Rubén Rodas Portillo, supuesto amante de la mujer y que sería el supuesto autor intelectual del crimen del taxista.

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Para este asesinato por encargo, Velázquez habría prometido el pago de G. 25 millones, aunque solo abonó la suma de G. 10 millones por el atentado criminal.

Ahora, queda en manos del Juzgado determinar si la causa será elevada a juicio oral y la fecha de realización de esta diligencia judicial.

El comunicado sostiene que el equipo encargado de seguridad industrial de las instalaciones del Frigorífico Neuland, ubicado en Villa Hayes, detectó una posible fuga de amoníaco en un sector externo.

Ante esta situación, el frigorífico indica que se aplicaron acciones de contención inmediata, así como una rápida respuesta del equipo de emergencia en la evacuación preventiva de todo el personal de la empresa.

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“La seguridad de nuestros funcionarios y de la comunidad en general es nuestra máxima prioridad; razón por la cual, y, por prevención, los afectados fueron atendidos en centros médicos asistenciales”, refiere el pronunciamiento.

Los siete funcionarios afectados se encuentran fuera de peligro. Al respecto, el frigorífico asegura que la situación fue manejada de manera “eficaz y segura”.

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“Pedimos disculpas por el inconveniente causado y recordamos nuestro fuerte compromiso en el resguardo de los colaboradores y de la población”, agrega.