La gerente de Prestaciones Económicas de la previsional, Vanessa Cubas, señaló al programa A Fuego Cruzado, emitido por GEN, que los cambios que se preparan dentro del plan de soluciones de la crisis que afronta el ente, tiene el estatus de urgencia.

“Es un paquete de medidas administrativas y también de reformas legales. Nos vemos obligados a plantearlas por la situación y por las condiciones en las que hemos encontrado la institución en agosto del año 2023. Esto no es un secreto, es público, las crisis existe en el Instituto de Provisión Social. En sus finanzas, en el fondo enfermedad y maternidad. Hemos heredado deudas multimillonarias en dólares, tenemos problemas. Por eso para prestarle las atenciones de salud que nuestra población asegurada se merece, estamos trabajando arduamente para que eso cambie. También hemos heredado problemas en el fondo de jubilaciones y pensiones, el cual está desequilibrado”, expresó Cubas.

La misma subrayó que algunas de las fórmulas ya están aplicadas, una de las cuales se refiere al aumento que, con criterio político, se tomó para alzar el monto percibido por personas que no llegaron a aportar lo que manda la ley.

“Entonces son necesarias algunas medidas que ya han sido aprobadas por el consejo de administración. El Consejo de Administración ha resuelto revocar resoluciones del año 2020 y del año 2021 a través de las cuales el Consejo de Administración, con argumentos legales de dudosa legalidad y también sin considerar las condiciones financieras y el impacto actuarial que fue advertido por las instancias actuales de la institución, elevando el piso jubilatorio que por ley debe ser respetado”, acotó.

La pandemia del Covid, sumado a los malos manejos, determinaron que el cuadro crítico, previsto que se llegaría al 2038 (si no se tomaban medidas correctivas) ya llegó, con todo lo que ello implica.

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“Esa situación precisamente surgida de la pandemia fue el descenso de los ingresos, sumado a esas decisiones que aumentaron los gastos adelantaron la crisis, que comenzó el año 2020, continuó en el año 2023, llegando a usar la renta de las reservas. Eso significa el 28% de las rentas de la reserva. Si nosotros continuamos así, en esta velocidad y en este mismo camino de egresos y de gastos, dentro de unos años la renta ya no nos va a alcanzar. Y esa es la situación, nuestro modelo de financiamiento del IPS es el de capitalización colectiva con un fondo de reserva. Esa reserva hoy tiene casi 2.500 millones de dólares en el sistema financiero. Con esto no solamente no se está ahorrando, sino que se está usando la reserva. Eso significa que a mediano y largo plazo estaremos recibiendo a 900. 000 activos, para los cuales es posible que si seguimos gastando del mismo modo, no tengamos el dinero para pagarle su jubilación”, remarcó.

Un aspecto que abrió la polémica, referente al promedio de los últimos salarios que definirà la jubilación a recibir, fue abordado por Cubas. Señaló que el plan de elevar de tres últimos años a los diez años de promedio salarial para la jubilación a cobrar, es una necesidad que surge de los cálculos financieros, así como de un criterio que, según la misma, es de justicia.

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De acuerdo con los registros de la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público, hasta abril de 2024, fueron atendidas 6266 víctimas de varios hechos punibles que afectan a Niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, unas 52 víctimas por día fueron atendidas de Enero a Abril de 2024, incluyendo casos de Abuso Sexual en niños, Maltrato, Estupro, Pornografía Infantil, Actos Homosexuales en Personas Menores, Abuso por Medios Tecnológicos, Violación del Deber de Cuidado, y denuncias por Incumplimiento del Deber Legal Alimentario.

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Del total de casos, 8 víctimas fueron atendidas por día por casos de Abuso Sexual Infantil.

De la cifra global se desprenden 1014 víctimas de Abuso Sexual en Niños, 590 víctimas de Maltrato de Niños y Adolescentes bajo tutela, 209 casos de Estupro, 893 hechos de Pornografía relativa a Niños y Adolescentes, 5 casos de Abusos por Medios Tecnológicos y 7 de Actos Homosexuales con Personas Menores. Así también se suman 755 casos de Violación del Deber de Cuidado o Educación (Art 226) y 2797 denuncias de Incumplimiento del Deber Legal Alimentario.

Los datos reflejan además que hubo 252 casos de Abuso Sexual en Niños en Enero, en Febrero 197, en Marzo 265, en Abril 300.

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Los departamentos con más denuncias de Abuso Sexual en niños son: Central 423 hechos, Alto Paraná 121, Asunción 86 e Itapúa 55. 180 en Caaguazú, 39 en San Pedro, 31 en Cordillera, 36 en Presidente Hayes, 25 en Canindeyú, 34 en Amambay, 24 en Paraguarí, 27 en Guairá, 22 en Concepción, 17 en Misiones, 57 en Caazapá, 14 en Boquerón, 2 en Alto Paraguay y 5 en Ñeembucú.

Al respecto, la SNC anunció la realización de un diagnóstico a nivel nacional de los sitios patrimoniales, un hito inaugural que orientará un plan integral de restauración y preservación. Este análisis priorizará la intervención en aquellos lugares que demanden una atención urgente, así como en aquellos de gran relevancia histórica.

Tras el encuentro, la Ing. Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas, expresó el compromiso de la institución de colaborar estrechamente con la Secretaría de Cultura, enfocándose en acciones concretas en línea con los protocolos establecidos.

Asimismo, subrayó la importancia del enfoque en la resiliencia urbana, especialmente en los proyectos que encara el MOPC en áreas como el centro de Asunción, el Parque Caballero, y la futura ruta PY01, considerando su impacto en sitios como la iglesia de Yaguarón y diversas ciudades atravesadas por la ruta.

Por su parte, Adriana Ortiz, titular de la SNC, señaló: “Como Gobierno, nos hemos propuesto trabajar de manera conjunta, realizar un diagnóstico exhaustivo del estado del patrimonio a nivel nacional y tomar decisiones coordinadas para preservar nuestra memoria y nuestra historia”.

Según lo acordado, el programa, que será lanzado próximamente, se enfocará en tres áreas específicas: iglesias, edificios patrimoniales y sitios históricos relacionados con las dos guerras. Esto permitirá tomar decisiones informadas y distribuir la ejecución de las obras de manera efectiva.

Desde el 24 de agosto de 2019, Marset entraba y salía del país, utilizando a la vez la identidad (falsa) de Gabriel de Souza Beumer, con nacionalidad boliviana y la suya.

De la noche a la mañana, Marset instaló su relato de ser “empresario de eventos”, bajo cuyo membrete comenzó a establecer contactos, entre otros, con Miguel ‘Tío Rico’ Insfrán. A través de este, a su vez, conectó con personas que en ese tiempo, estaban estrechamente ligadas al poder comandado por Mario Abdo Benítez. Entidades como la Senad, Policía, Dinac, entre las principales, cooperaban con la sociedad Marset-Insfrán, para consturir en un breve lapso, uno de los carteles narco más activos en los envíos de cocaína a Europa a gran escala.

Entes como la Dirección de Inteligencia Técnica de la Senad (comandada primero por Arnaldo Giuzzio y luego por su mano derecha, Zully Rolón) proveían información clasificada Tío Rico Infrán y a su grupo, para evitar caídas de envíos de droga, o aprehensiones de sus cuadros principales.

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En la Dinac (que maneja los aeropuertos nacionales) la sociedad Marset-Tío Rico también tenía trato privilegiado. Aparatos de scanner ‘ciegos’ que no detectaban drogas y armas que salían (o entraban) del país. Y funcionarios complicados con los esquemas criminales, constituyeron la constante durante la administración de Abdo Benítez.

Además de los organismos oficiales que prestaban servicios de información y protección al esquema narco, había otras entidades del Estado que oficiaban de herramientas para el lavado de dinero proveniente del crimen.

Un caso emblemático de esto fue el episodio que involucró a Joaquín Roa (hoy preso), ministro de Emergencia Nacional de Abdo Benitez.

La Fiscalía demostró que el entonces ministro Roa, amañó licitaciones para favorecer a la sociedad Marset-Insfrán, a través de Alberto Koube Ayala (hoy preso). El amaño -consigna el Ministerio Público- fue en torno a millonarias compras supuestas de techos de zinc para ser destinados a familias cuyas viviendas fueron dañadas por varios episodios de tormentas. Las compras de esas chapas nunca existieron, y la maniobra ficticia sirvió, no solo para apropiarse del dinero público, sino para lavar dinero que surgía de las transacciones narco.

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