De los contratos adjudicados por el Estado a Dysa Healthcare SA y ejecutados en los tiempos en que el hoy senador Luis Pettengill Vacca formaba parte del cuadro directivo queda un historial de denuncias por diferentes irregularidades que quedaron básicamente en la nada. Precios de “oro”, falta de experiencia en prestación de ciertos servicios en el rubro sanitario, adjudicaciones sin el cumplimiento de especificaciones técnicas, etc.

En los tiempos en que el senador figuraba con su nombre en Dysa Healthcare saltó el cuestionado contrato para mantenimiento y reparación de tomógrafos y angiógrafos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) en el que se incluyó compra de teclados y mouses a precios de “oro”.

En el contrato firmado en diciembre de 2019 con la empresa de Pettengill figuraban accesorios como el caso de teclados a G. 6,8 millones cada uno y mouses de computadora a G. 2 millones cada uno, una diferencia abismal con relación a los precios de mercado, que en el caso del mouse rondaba los G. 100 mil cada uno. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) tuvo que intervenir ante el escándalo mediático y se anuló el lote de los cotizados accesorios.

EN EL IPS

Dysa Healthcare, en consorcio CBD (Dysa/Casa Boller), también tiene en su haber cuestionamientos por un supercontrato de G. 600.000 millones en el Instituto de Previsión Social (IPS) para servicios tercerizados de esterilización para el Hospital de Especialidades Quirúrgicas (Ingavi) adjudicado en 2019 y rige hasta 2029.

El proceso ninguneó protesta sobre la presunta inexperiencia para provisión del servicio. Una denuncia en contra de la firma vinculada al senador señala adjudicación sin cumplimiento de especificaciones técnicas ni plan de contingencia, etc.

La misma firma fue denunciada ante la Fiscalía en agosto de 2020 por un grupo de diputados por la supuesta venta sobrefacturada de 31 ventiladores pulmonares para el Ministerio de Salud, que, según informe de la Contraloría General de la República (CGR), fueron proveídos con 243 % de sobreprecio con relación al valor de importación de los equipos y con un aumento del 30 % con relación al precio referencial de licitaciones adjudicadas a la contratista en ese entonces.

Es importante mencionar que, si bien las adjudicaciones citadas datan de 2019, la ejecución del contrato fue entre los años 2020 y 2021, periodos que coinciden con el cargo directivo que tenía en Dysa Healthcare el actual senador Pettengill. Tampoco es menos relevante que, aunque el parlamentario borró su nombre de los documentos de la empresa, la última actualización de beneficiarios en el Ministerio de Economía registra que el 50 % de las acciones corresponde a la supercontratista de la familia, Ocho A SA, de que a la vez es parte Constructora Paraná, firma en la que declara acciones Pettengill al momento de asumir en el Congreso.

Pettengill es uno de los considerados “pulpo” de las licitaciones, ya que junto con su clan amasaron G. 6,3 billones en adjudicaciones en la última década.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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