La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dio a conocer su informe final de verificación del contrato entre Petróleos Paraguayos (Petropar), de la administración de Denis Lichi, y la empresa Estructura Ingeniería SA- EISA (Alberto Palumbo), además de la firma subcontratada OCHO A SA (que estaría ligada a Luis Pettengill), para las obras de la planta alcoholera en la ciudad de Mauricio José Troche. La verificación finalizó con una multa de G. 18.602.883.928 (US$ 2.520.296).

Entre las conclusiones se menciona que hubo falta de publicación de indicadores de cumplimiento de contrato, que la contratista EISA estaba inhabilitada cuando suscribió una adenda, un retraso de 55 días en la cobertura de la garantía de fiel cumplimiento, incumplimiento en el plazo para el pago del anticipo, y no se observaba la ubicación del lugar donde se ejecutaba la obra en el georeferenciamiento publicado en el sistema de información de contrataciones públicas.

En cuanto a la ejecución del contrato, hubo diferencias en el plazo de entrega establecido y el ejecutado para la adecuación de caminos internos, diferencias en las órdenes de suministro, retraso en la entrega de varios ítems del contrato, no se cuenta con resolución del MADES sobre la evaluación del impacto ambiental, sin evidencia de la aprobación del plan de seguridad y salud ocupacional por la fiscalización de obras, retraso en la presentación de los seguros requeridos, sin evidencia de la solicitud de corrección de las pólizas de seguro, falta de presentación de la póliza de accidentes de trabajo por la cantidad de personas trabajando en la obra, emisión de actas de recepción provisoria con fechas distintas, incongruencias en las emisiones de actas de recepción definitiva de trabajos, y sin evidencias de listas de defectos de ejecución remitidas por la fiscalización a la contratista y de las reparaciones realizadas en efecto.

Con relación a la fiscalización, el equipo auditor concluyó que se no se cumplió con la condición de aprobación de los planos ejecutivos, por parte de la Fiscalización, de manera previa al inicio de los trabajos, que faltó designación de profesionales para fiscalizar las diversas áreas y especialidades involucradas en el control y recepción de los trabajos, no se cuenta con registros del Libro de Obras con relación a los meses de agosto de 2022 y septiembre 2023 (desde el 08/09/2023 al 30/09/2023), falta de registro en el Libro de Obras de detalles importantes que por la naturaleza de los trabajos, permanecen ocultos posteriormente, falta de registros en el Libro de Obras, que evidencie el acompañamiento y control del profesional electricista durante la ejecución de los trabajos de aspecto eléctrico, y sin evidencia de la totalidad de los ensayos que debieron realizarse durante los trabajos de los meses de marzo, abril y mayo de 2022.

En la verificación in situ, los auditores pudieron corroborar la falta de indicación en el cartel de obras de toda la información requerida en el PBC, algunos operarios no contaban con gafas de protección durante la ejecución de los trabajos, falta de inclusión en el PBC y en la planilla del Contrato de los criterios para el cumplimiento de las Normas de Accesibilidad al Medio Físico, la falta de evidencia de registros de correcciones realizadas en la Caseta de Laboratorio, sobre la aplicación de enduido, las falencias en la colocación de revestimientos y el nivel indicado en los planos para los mismos, tampoco había evidencia de las correcciones realizadas por la empresa a las propuestas de Petropar.

Monto total de la multa estimada.

Con relación a los pagos, la fiscalización determinó que no se efectuaron algunos pagos, no había evidencia del Certificado de Cumplimiento Tributario y el Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social, vigentes, que debió presentar la Contratista para el pago, inconsistencia en el PBC al establecer para el cómputo del plazo del pago, la aprobación del certificado de obra, ya que no fueron requeridos certificados considerando la modalidad de pago establecida, y falta de respuesta de la Contratante a la observación referente a la autorización del Ministerio de Hacienda para la operatividad de pago planteada en el marco de la ejecución del contrato.

En el documento se insta a la UOC de Petropar que en futuros procesos de contratación pública desarrolle e implemente los controles necesarios a fin evitar irregularidades o falencias iguales o similares a las detectadas en la verificación, especialmente respecto a la falta de registro y archivo digital de la documentación relacionada a la ejecución del contrato y su remisión en tiempo y forma, que permita la revisión de los documentos establecidos para el control, verificación y fiscalización de la correcta ejecución de los trabajos, y sobre el control y seguimiento de los contratos públicos.

Se dispone además la remisión del Informe Final a Petropar, a la Auditoría Interna Institucional (u órgano similar) de la contratante y a la Contratista EISA S.A.; comunicándoles el cierre de los trabajos de verificación y adjuntando una copia de los antecedentes del mismo.Asimismo, se remiten el Informe Final y sus antecedentes a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la DNCP, así como al MADES.

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ANTECEDENTES

Esta obra fue adjudicada en diciembre del 2021, durante la administración de Denis Lichi, a la empresa Estructura Ingeniería EISA, del empresario Alberto Palumbo, por valor de G. 195.299 millones, unos US$ 28,7 millones. La adjudicación fue muy cuestionada porque su costo fue 6 veces más caro que infraestructuras del mismo tipo erigidas en el mercado brasileño, donde se conseguía a solo USD 10 millones.

De acuerdo con la Contraloría, que también indagó sobre esta cuestionada obra, durante el 2022, la firma adjudicada recibió dos pagos, que totalizaron G 41.875 millones. El primer desembolso se registró en febrero y fue de 39 mil millones, y el segundo se concretó en junio y fue de 2.755 millones.

Un equipo auditor fue a verificar in situ la situación de la planta industrial en el departamento de Guairá, y allí constató que no se cumplieron con varios de los ítems previstos en el contrato pese a los millones que fueron pagados.

A lo anterior se suma que Petropar realizó pagos de anticipos por G. 39.059 millones, y estos “fondos fueron redirigidos en algunos puntos por la firma Estructura Ingeniería S.A, para cubrir gastos de provisión de equipos”.

Según la Contraloría, el anticipo pagado debía destinarse a “costos de inversión, calculado con base a la programación y el plazo de ejecución de la obra; sin embargo el monto señalado fue redirigido en algunos puntos, por la firma para cubrir gastos de provisión de equipos”.

Esta medida violó el pliego de la licitación, ya que el anticipo recibido solo debía destinarse a fines relacionados con el objeto del contrato.

La firma EISA no pudo cumplir con los compromisos pese al anticipo de USD 6 millones, y según resalta la Contraloría, en enero del 2023 subcontrató a la empresa Ocho A SA, del empresario Luis Alberto Pettengill, para que esta se encargue de ejecutar la construcción del nuevo tren de molienda de Petropar. 

Fue así que se dispuso en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas una especie de cesión de derechos para sacar a EISA del camino y dejar en manos de la empresa del amigo del expresidente Mario Abdo Benítez.

Ante el lapidario informe del órgano contralor, el nuevo titular de Petropar, Eddie Jara, dispuso la realización de un profundo análisis del contrato firmado entre su antecesor y la empresa Estructura Ingeniería S.A. (EISA), para dimensionar las resoluciones adoptadas en la administración anterior, sus fundamentos administrativos y el grado de sujeción al contrato de las determinaciones adoptadas en ese contexto.

Este mañana se produjo la fuga de un recluso en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná.

Se trata de Alberto Ramón Kaufmann, de 24 años, quien se encontraba recluido en la citada cárcel esteña luego de ser procesado por el hecho punible de robo agravado.

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El joven había logrado trepar la muralla perimetral desde el sector del patio de visitas, tras lo cual decidió saltar al predio de la Dirección de Policía que se encuentra contiguo.

Una vez allí, personal del Grupo Lince de la Policía Nacional se encargó de recapturar al interno del penal, frustrando así su intento de fuga.

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El hecho fue comunicado a la fiscal Olga Melgarejo, mientras que Kaufmann fue devuelto al Pabellón Negro – sector pasillo donde cumplía con su prisión.

Poco después de la medianoche se reportó un tiroteo con resultado fatal en la Compañía San Roque de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.

Resultaron víctimas de este episodio Magno Gabriel Vera Guerrero (32), quien recibió dos impactos de bala en el pecho, y Alexis José Fernández Venialgo (24), quien acusó un total de siete disparos en diferentes partes del cuerpo.

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Por otro lado, una tercera persona identificada como Derlis Antonio Fernández Venialgo (20), hermano del segundo fallecido, resultó herida tras ser alcanzada por un proyectil a la altura del pecho.

Las víctimas fueron baleadas durante un festejo de 15 años que se realizaba en la comunidad. Según informan medios locales, el incidente se registró luego de que Vera se haya acercado a un hombre -cuya identidad aún no trascendió- para pedirle que dejara de realizar disparos al aire.

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Este pedido provocó el enojo del tirador, quien decidió rematar contra Vera efectuando una serie de disparos contra su humanidad, tras lo cual se dio a la fuga. Ya en medio de su huida, volvió a disparar contra Fernández y su hermano, acabando con la vida del mayor.

La Policía Nacional se encuentra realizando las averiguaciones pertinentes, a fin de confirmar la identidad y dar con el paradero del homicida.

El doctor Martín Alfaro, médico forense de la Fiscalía, confirmó al canal C9N que finalmente no pudieron llevar a cabo la autopsia del hijo de la escribana Carmen Ruiz Díaz.

Tras el levantamiento del cuerpo, el mismo fue trasladado hasta una funeraria local, esto en vista a que no existe una morgue judicial en el departamento de Alto Paraná.

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Debido a la falta de insumos y un lugar adecuado para este tipo de procedimientos, se tuvo que posponer la realización de la autopsia y proceder al traslado del cadáver a la morgue judicial de Asunción, tanto para determinar las causas de muerte como así también para la identificación del niño.

Sobre el último punto, explicó que, debido al estado de descomposición del cadáver, la víctima ya no pudo ser identificada con las huellas dactilares a través del Sistema AFIS, por lo que se recurrirá a una prueba de ADN.

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Alfaro resaltó que ninguna otra zona del país cuenta con una morgue judicial, siendo la única disponible la que se encuentra en el barrio Sajonia de la capital. Alto Paraná -el segundo departamento más poblado del país, después de Central- requiere con urgencia contar con una, afirmó.

“Por lo menos una camilla o una cámara para que se mantenga el cuerpo no existe. No tenemos guantes, tapabocas, funcionarios. En Paraguay faltan por lo menos 60 médicos forenses más para tener uno cada día de la semana en los 16 departamentos”, afirmó.