Así lo confirmó esta mañana el ministro del Interior, Enrique Riera, durante el acto de inauguración de la nueva base del Grupo Lince en la Costanera de Asunción.

“Cuando apenas sucedió el evento, tomé el teléfono y le llamé al presidente de la República, le pregunté si era posible y me dijo que revise todos los conductos legales”, expresó a los medios.

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Tras el “visto bueno” de Santiago Peña, se tuvieron conversaciones con el procurador general de la República y el asesor jurídico de la Presidencia, así como la jueza Lici Sánchez y y la fiscal Fabiola Molas para tener una confirmación definitiva, mencionó.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego, algunas de grueso calibre y alto poder, cuyo valor supera los USD 5 millones, las cuales habían sido traías al país por la empresa International Auto Supply (IAS).

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Igualmente, anticipó que las armas incautadas durante la Operación Ignis también correrían con la misma suerte y serían destinadas a las fuerzas del orden. “Hay un tratado internacional que garantiza esta posibilidad”.

La entrega de las armas está prevista para este viernes en horas de la mañana, en un lugar a confirmar, según indicó el ministro Riera. “Vamos a ahorrarle dinero a la ciudadanía y vamos a tener a nuestra policía bien armada”, agregó.

Una de ellas hace referencia a la información precisa que manejaban los dos hombres que detuvieron la marcha de la víctima, que iba en compañía de su esposa, y que sin mediar palabras, comenzaron a dispararle, produciéndole la muerte en el acto, y llevándose el dinero que Chávez Benítez tenía consigo: 30 millones de guaraníes.

Los asaltantes sabían con precisión que el hombre iba a pasar por el lugar, al punto que al divisar el vehículo en el que el mismo iba, ellos frenaron el auto en el camino, obstaculizándole el paso. Cuando Chávez puso marcha atrás para buscar otra calle para avanzar, los criminales ya estaban frente a su auto y comenzaron a dispararle, y luego despojarle de la plata.

Ese monto el mismo acababa de retirarlo, y es mucha “coincidencia” para los investigadores que los marginal sepan con exactitud tal, que lo esperaron en una calle por donde debía transitar.

“La señora todavía no está en condiciones de dar algunos detalles, como eso (si los atacantes actuaron a cara descubierta o no), pero vamos a seguir con la investigación para resolver el caso”, dijo el comisario Sergio Insfrán a la 1020 AM.

Añadió que uno de los disparos que sufrió la víctima fue directo al corazón , lo cual fue determinante para que fallezca en el lugar del atraco.

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La información fue confirmada por el concejal de San Juan Bautista, Javier Paredes, quien participó de la audiencia de autoridades de Misiones con el ministro del Interior, Enrique Riera.

“Se confirmó que a partir de este lunes 13 de mayo vamos a tener en el departamento de Misiones la presencia de 34 efectivos del grupo Lince, como así también 10 motopatrullas”, dijo el concejal en entrevista a un medio local y publicada por el portal estatal IP.

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Añadió que el gobernador del departamento, Richard Ramírez, se comprometió a la construcción de lo que será el cuartel general del grupo Lince en la ciudad de San Juan Bautista, así como la reparación de motocicletas para poder aumentar la cantidad de vehículos disponibles para el grupo activo en el departamento.

“Van a quedar de forma permanente y van a hacer un trabajo de control rotativo en las ciudades del departamento de Misiones. El objetivo es mantener esa seguridad que tanto caracteriza al departamento y que últimamente estaba siendo perturbado”, añadió el concejal.

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Anunció también que “el próximo paso” en las gestiones para beneficio de la seguridad en el departamento es lograr la habilitación de una oficina de la Secretaría Nacional Antidrogas en la cabecera departamental, con el objetivo de luchar contra el microtráfico, fundamentalmente.

El debate giró en torno al proyecto de ley “Que modifica el artículo 9° de la Ley N° 4.493/11, que establece los montos de la escala del sueldo básico mensual y otras remuneraciones de los integrantes de las Fuerzas Públicas”.

El referido artículo habla del beneficio para la salud que reciben los integrantes de las fuerzas públicas en actividad, el cual equivale al 10 % del salario mínimo vigente.

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Diversos sectores enfatizan que las actuales prerrogativas conceden el mismo estatus jurídico a policías y militares, tanto en actividad como en situación de retiro.

Por ende, sostienen que los integrantes de las fuerzas públicas en situación de retiro, deben ser incluidos en los alcances de la ley, para así dar cumplimiento a lo establecido en la Carta Magna, sobre el derecho a la salud.

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“Estamos trabajando juntos por el bienestar de quienes han dedicado su vida al servicio de nuestra nación. El objetivo es claro. Nos encontramos realizando conversaciones, articulando mecanismos, con la clara misión de allanar el camino y conseguir lo que se persigue noblemente”, manifestó el diputado Ortiz.