El 2 de diciembre pasado se firmó el acuerdo entre Petropar y Texos, donde también estuvo involucrada la Procuraduría General de la República, pero el programa La Caja Negra, emitido por Unicanal el 22 de diciembre dio a conocer que el acuerdo extra judicial era una maniobra para desangrar al Estado y el dinero se iban a repartir en gran medida entre abogados que nada tenían que ver en el caso.

Sergio Coscia, quien era el procurador y que fue la persona que insistió para que se firme el acuerdo anti patriota dos días después de la publicación del caso tuvo que anular el documento y luego renunció al cargo, pero la Senac, pidió los antecedentes del caso e inició una investigación que ahora llegó a su final.

En su informe la Secretaria Anticorrupción hace un relato de cómo se inició este proceso en el 2010 y que hace un seguimiento judicial del expediente, ya que el argumento con cual Coscia armó toda la trama para llegar a la firma del acuerdo decía que el caso estaba por ser ganado por Texos Oil en la justicia y que el Estado iba a terminar pagando unos US$ 31 millones y para evitar eso se pactó entregar solo US$7 millones, sin embargo con lo que señala la Senac eso no es verdad.

“Conforme a las documentaciones remitidas por Petropar a la Dirección General de Empresas Públicas (DGEP) relacionados con el caso Texos SRL, no se han agotado las instancias judiciales del debido proceso y no se observa la participación de la Asesoría Jurídica de la empresa y su dictamen correspondiente en relación a la resolución del caso…” dice una parte del informe de la Senac donde se confirma que para llegar a firmar el acuerdo anti patriota no se tuvo en cuenta ningún dictamen jurídico, para saber si el caso estaba por ser perdido en tribunales, tampoco hay un dictamen tributario, ni financiero que puedan avalar el millonario pago.

En otra parte del acuerdo Petropar, la Procuraduría y Texos, se comprometen a pagar al abogado Abel Germán Ávalor, la suma de US$ 2,8 millones, como honorarios profesionales y acordados en un pacto de cuotas litio, pero el profesional del derecho es empleado público comisionado en la Contraloría General de la República y se iba a llevar una millonaria suma de dinero del Estado que es su empleador. También es un punto resaltado en el informe y se pide que se investigue lo ocurrido con este abogado.

Ante todos estos hechos señala el informe que se debe indagar en forma profunda administrativamente a la Procuraduría General de la República y a Petropar para establecer la responsabilidad de todos los funcionarios que intervinieron en el caso y se apunta que desde la perspectiva penal acá se podría estar dando el hecho de lesión de confianza.

Ahora la pelota está en el Ministerio Público que tiene que abrir una investigación y llegar a ver si se cometieron los hechos punibles señalados por la Senac. La renuncia de Sergio Coscia al cargo no le exime de ser investigado, el presidente de Petropar Denis Lichi por su parte nunca renunció, ni fue destituido, pese a ser parte fundamental de este acta antipatriota.

Un joven paraguayo fue descubierto en la aduana brasileña cuando llevaba de nuestro país dos fusiles. El hombre y las evidencias fueron trasladados la Policía Federal para las diligencias correspondientes.

Se trata de Juan José Armoa (30), quien se desplazaba a bordo de un automóvil de la marca Toyota Premio, chapa WCEZ 518, cuando cruzó el puente de la Amistad desde Paraguay, ayer en horas de la tarde.

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El reporte señala que en la zona aduanera, Armoa fue abordado por funcionarios de la Receita Federal y los agentes de la Fuerza Nacional, quienes durante la inspección de rutina descubrieron que el rodado tenía un compartimiento oculto en el cual llevaba dos fusiles calibre 5.56.

En consecuencia, el conductor quedó detenido, posteriormente, fue trasladado junto con las evidencias a la sede de la Policía Federal en Foz de Iguazú, Brasil.

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En las últimas horas corrió el rumor de que los fondos del programa Che Tapýi, una cooperación de Taiwán para viviendas destinadas a comunidades indígenas, fueron utilizados para pagar la reparación de avionetas presidenciales.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Óscar González, explicó esta mañana que esos recursos no se tocaron y relató la historia desde sus inicios.

“No hubo tal cosa y mucho menos que se hayan tocado los fondos del programa destinado a la construcción de viviendas”, aseguró el secretario de Estado, en un contacto con la emisora 730 AM.

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El avión Cessna y el helicóptero Bell se encontraban depositados en una empresa de San Paulo, Brasil para su mantenimiento desde la administración anterior, la cual, se había comprometido al pago, sin embargo, no cumplió con el desembolso.

A partir de allí, hubo un urgimiento para el pago. En ese momento, según el ministro, “se pensó en esos fondos (programa Che Tapýi) provisoriamente, pero después se encontró el mecanismo financiero, se solucionó eso y no se necesitó recurrir a esos fondos”.

La salida encontrada fue la Entidad Binacional Yacyretá, a la que la Fuerza Aérea presta ciertos servicios, por lo que, sin necesidad de ningún pedido especial, finalmente fue la que saldó la cuenta dejada por el Gobierno anterior.

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Amancio Bogado, bombero que recibió el llamado de auxilio, explicó que el hecho ocurrió alrededor de las 17:45 de ayer domingo, en las adyacencias de una comisaría situada antes del peaje de Remansito, Villa Hayes, dentro de una laguna de unos tres metros de profundidad.

“Estas dos criaturas se escaparon de su mamá, el papá estaba trabajando. Se fueron a una lagunita que tienen en ese barrio, empezaron a jugar e hicieron una especie de barcaza de un pedazo de isopor”, relató el bombero, en un contacto con la emisora 1020 AM.

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Mientras subían sobre la conservadora de isopor, uno de ellos cayó al agua, el otro intentó ayudarlo, pero terminaron cayendo ambos, tras lo cual, murieron ahogados.

Según el informe policial, las víctimas fatales son un niño de 10 años y su hermana de siete. Desafortunadamente, nada se pudo hacer para salvarlos y los cuerpos fueron sacados del agua sin signos vitales.