El caso Luis Carlos Da Rocha alias “Cabeza Branca”, vinculado al narcotráfico (señalado en el informe de Seprelad por conexiones con Apostala) es el más grande en cuanto a activos que se maneja y el más relevante que tiene el país, según afirmó la fiscal Lorena Ledesma en entrevista con la radio 650 AM.

Da Rocha tiene un proceso abierto en nuestro país desde el 2017 por lavado de dinero, en el que están incluidos sus dos hijos. Por ese caso hay 20 personas procesadas por las inyecciones de capital que el detenido metía en las empresas identificadas con dinero sucio. “Es una de las personas identificadas en el mundo del tráfico de drogas como una de las más importantes. Hace 20 años empezó su actividad delictiva. Ahora tenemos un pedido de cooperación internacional porque es una investigación conjunta con Brasil sobre la identificación de sus bienes adquiridos”, dijo la investigadora.

Ledesma detalló que el sospechoso no solamente tiene 20 estancias, con supuesto movimiento de ganado, sino varias empresas en diferentes modalidades. También se identificaron 98 inmuebles en el área Central y casi 100 vehículos que la Policía Nacional tiene orden de incautación.

“El Estado paraguayo nunca pudo ejecutar su detención porque tenía mucha habilidad y logística. También influía mucho la naturaleza, era muy difícil llegar a su estancia porque antes de llegar al lugar había que pasar cinco portones, y cuando se llegaba, él ya huía por el río. La investigación contra “Cabeza Branca” es una de las más grandes y más antiguas en cuanto a la identificación de activos. La cantidad de bienes es inmensa”, expresó.

La agente fiscal dijo que de momento no tiene información sobre los nexos de Apostala con el supuesto narco. “Solo me enteré por los medios porque no recibí la información ni tampoco estoy investigando a esa empresa, aunque eso no quiere decir que luego sea incluida”, agregó.

LAS ESTANCIAS ADMINISTRADAS POR SENABICO

De las 20 estancias pertenecientes a “Cabeza Branca”, 7 son hoy administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), las mismas están valuadas en US$ 50 millones, informó por su parte Teresa Rojas, titular de Senabico.

“Optamos por el arrendamiento de estas propiedades, porque les sale más barato al Estado. El dinero va a parar a una cuenta oficial. Son estancias que están muy bien ubicadas. Como estaban prácticamente descuidadas y había poquísimos animales lo más sensato era optar por la figura del arrendamiento. Son tierras muy valiosas. Estamos en el proceso de tasación. Es relativamente lento porque son inmuebles muy extensos. Hay informaciones que son públicas y otras que, por ley, solamente interesa a las partes. En la web encontrarán todo sobre las subastas”, dijo.

También coincidió que los bienes de mayor valor que están manejando son los de Luis Carlos da Rocha alias “Cabeza Branca”. “Ese es el caso más grande que tenemos”, puntualizó.

El hombre era considerado un “barón de la droga”, sobre sus hombros llevaba más de 50 años de condena y 24 órdenes de captura por parte de la Justicia Federal del Brasil.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.