Entre los montos superiores a la suma de Gs 500.000.000 se registran a los siguientes beneficiarios:

El más ganador de todos es Miguel Ángel López Báez, quien se embolsó Gs. 2.389.299.250, el mismo no posee bienes, ni vehículos a su nombre, es paraguayo, estudiante se dedica a la venta, mantenimiento y reparación de vehículos, motocicletas y venta al por menor de combustible. La última declaración jurada presentada corresponde al periodo de marzo del 2011 sin movimiento. No aparece como asegurado de IPS ni registra titularidad de bienes inmuebles ni rodados.

Pero el 18 de marzo de 2019 llegó hasta la oficina de Apostala ubicada en Charles de Gaulle casi Quesada del barrio Villa Morra de Asunción, con 26 boletas ganadas cuyas apuestas se hicieron todas en Pedro Juan Caballero.

López Báez apostó G. 110.000.000 y cobró en efectivo en las ventanillas de Apostala G. 611.390.000, pero el cliente aclaró que las boletas no eran suyas sino de otro cliente de nombre Marcos Aníbal Montiel Sánchez, quien dos días antes ya cobró en efectivo G. 370.269.000.

Pero luego al revisar los registros que tenía Seprelad se encontró que Montiel Sánchez, el 1 de abril de 2019 cobró boletas de apuestas por G. 201.280.000 el 4 abril de 2019 ganó G. 263.600.000, el 6 de abril de G. 83.150.000, el 8 de abril de 2019 G. 342.820.00, el 9 de abril de 2019 G. 149.625.000, el 11 de abril 2019 227.898.000, el 15 de abril de 2019 G. 160.842.750, el 22 de abril de 2019 G. 257.293.500, el 25 de abril de 2019 G. 91.400.000.

Marcos Aníbal Montiel no aparece en el registro de IPS, ni como patronal, no cuenta con inmueble alguno, tampoco se sabe a qué se dedica, solo tiene un vehículo Toyota modelo Runx a su nombre, pero acumuló varios miles de millones en apuestas. Llamó la atención la exigencia de validad dichos premios solicitando un comprobante de los mismos y asi poder justificar ante una entidad financiera el origen legal del dinero.

El nombre de Miguel Ángel López luego de haber hecho este millonario cobro vuelve a aparecer como apostador el 2 de julio de 2020 para hacer una apuesta por G. 60.300.000 el 8 de julio de 2020 hace una nueva carga por valor de G. 50.000.000 y otra por G. 11.000.000 en el local de Apostala de Villa Morra, luego se va a otra sucursal y vuelve a hacer dos apuestas una por G. 80.000.000 y otra por G. 3.500.000.

César Arnaldo Cardozo Galeano, quien es funcionario del IPS y tiene un sueldo de G. 3.003.717, que no tiene casa y registra un vehículo, ganó G. 1.918.944.000 en varias apuestas.

Cristian Raúl Muñoz Rodríguez, estudiante dueño de tres vehículos, pero sin inmueble a su nombre en siete apuestas realizadas ganó G. 1.728.735.200.

Rodrigo Cacavelos Conigliaro, también estudiante y dedicado a transporte de carga terrestre apostó 14 veces y ganó G. 1.635.428.600.

Marcelo Martín Echeverria Barreto, paraguayo, soltero, estudiante, se dedica al comercio al por mayor de mercancías apostó 15 veces y se llevó G. 1.429.018.633.

Sadek Ali El Zein, paraguayo naturalizado vendía muebles y accesorios para el hogar, pero actualmente su actividad está suspendida y en apuestas se embolsó G. 1.388.296.700

Hugo Daniel López Ramírez, aparece como estudiante, no registra ingresos, tampoco tiene bienes a su nombre y no aporta al IPS, pero ganó en apuestas G. 1.261.198.000.

Estas son las personas que más dinero ganaron después hay una larga lista de otras que se embolsaron G. 500 millones, G. 800 millones.

De esta manera, varias personas que no tienen solvencia económica justificada hacen apuestas millonarias y ganan repetidas veces, el círculo sería de unas 80 personas que se turnaban para ir apostando, ganando y cobrando el dinero en efectivo, por lo que desde la Seprelad se presume que la firma Apostala podría ser una fachada que utiliza las apuestas deportivas para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.

Conforme a los datos recabados se cree que la principal vulnerabilidad que fue aprovechada por la organización criminal sería la facilidad de colocación de sumas de dinero en efectivo a través del sistema de apuestas carentes de controles sobre el origen del dinero, la alta rentabilidad del negocio de apuestas electrónicas y el incipiente conocimiento del tema a nivel nacional.

El proyecto contempla una presa de 160 metros de altura en la garganta del río Pilaya, un afluente clave de la cuenca del Pilcomayo. “El Carrizal” busca generar energía eléctrica y habilitar sistemas de riego, pero veinte científicos internacionales de seis países rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. Los expertos señalan la sedimentación extrema como el mayor peligro técnico de la obra. El río Pilcomayo arrastra 200 millones de toneladas de materiales al año, una cifra récord a nivel mundial. Esta carga llena el embalse rápidamente y reduce la vida útil de la estructura de forma drástica.

Rio Pilaya, Bolivia

Las naciones indígenas Weenhayek, Tapiete y Guaraní dependen del sábalo para su alimentación y economía. Uno de los puntos que se critica del proyecto, es que la represa actuaría como una barrera física que bloquea la ruta migratoria de los peces hacia sus zonas de reproducción.

Los líderes indígenas denuncian la falta de una consulta previa y obligatoria según las leyes locales. Francisco Nazario, capitán de la organización weenhayek, califica la obra como una sentencia de muerte para su cultura.

La construcción inunda también tierras agrícolas de comunidades como Camblaya y Los Sotos. Expertos ambientales descartan el éxito del sistema de riego prometido por las autoridades, argumentan que los canales sufren colmatación inmediata por la arena y el barro del río. El cañón del Pilaya, el sexto más profundo del mundo, corre riesgo de una alteración visual y biológica irreversible por la intervención.

Si bien los promotores defienden la obra como una respuesta a la crisis del gas, los científicos reiteran que el costo ambiental supera los beneficios energéticos. El destino del Pilcomayo y la biodiversidad de la zona permanecen hoy bajo una gran incertidumbre.

Informe del Proyecto Hidroelectrico Carrizal

Basado en el reportaje original de Iván Paredes Tamayo (Mongabay Latam)

Desde hoy, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú pasa a llamarse Centro Nacional de Prevenidos y será exclusivamente para personas procesadas. Este cambio se da bajo el nuevo modelo de gestión penitenciaria.

Asimismo, a partir de la vigencia, se dispone no recibir a nuevos ingresos ni hacer traslados de personas con condena firme. Bajo el operativo “Umbral 3.0″ las personas privadas de libertad en carácter de condenados se trasladarán gradual y planificadamente hasta la total desocupación de condenados a establecimientos penitenciarios destinados exclusivamente al cumplimiento de penas conforme a criterios de calificación y seguridad.

Según el artículo 5, las medidas adoptadas tienen por objeto cumplir con lo que dice la Constitución Nacional, el Código de Ejecución Penal del Paraguaya y los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

La redistribución y el traslado estará bajo la organización del Viceministerio de Justicia.

“Paraguay está viviendo un nuevo amanecer”, dijo el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora. Con ello, resaltó, se da un paso sin precedentes en la reforma del sistema penitenciario nacional.

LA CAJA NEGRA

Este acuerdo se firmó en el año 2017 mediante la figura del fideicomiso, que en términos más sencillos consiste en una caja de seguridad o contrato de confianza donde uno entrega bienes, dinero o propiedades a un banco para que los cuide, gestione y use específicamente para un fin definido en el contrato.

En este caso, el IPS y Atlas acordaron que debía servir para financiar la construcción de cuatro hospitales: el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día y el Centro Hemato-Oncológico. Y para ese objetivo se fijó la suma de 828.000 millones de guaraníes.

A simple vista todo parecería conveniente para el IPS, sin embargo, en la práctica es otra la situación, ya que todo el dinero que la previsional recauda para salud pasa primero por el banco.

¿Cómo funciona el mecanismo? Cada mes, el IPS recibe aportes de trabajadores y empleadores para el fondo de salud. Según el contrato, el 100% de ese dinero se deposita primero en las cuentas administradas por el banco durante 30 días. Durante ese tiempo, el banco debe separar una reserva mínima de hasta 160.000 millones de guaraníes. Recién después de ese proceso, el resto del dinero vuelve al IPS para ser utilizado.

En pocas palabras, el banco actúa como una especie de aduana financiera. El dinero entra primero allí, se retiene una parte y luego se libera lo restante.

El contrato del IPS otorga grandes ventajas al banco Atlas porque el plazo de este acuerdo es de nada más y nada menos que de 30 años, es decir, durante ese periodo cada mes el banco tiene en sus cuentas sumas muy grandes de dinero provenientes de los aportes de los asegurados. Eso significa que la entidad financiera dispone de una enorme liquidez, y que puede utilizar dentro de sus operaciones habituales, sin asumir riesgos con su propio capital.

En el acuerdo firmado en el año 2017 y que sigue vigente, se fijó que los gastos de administración del contrato no los paga el banco Atlas. Es así que los honorarios profesionales, auditorías, impuestos o gastos legales se cubren con el propio dinero del IPS o con los fondos administrados en esa cuenta especial. Con esto el banco de los Zuccolillo no gasta ni arriesga su capital.

El principal problema de este contrato leonino es que los aportes de los trabajadores quedan retenidos cada mes en el banco, mientras los hospitales y servicios que debían construirse con ese dinero todavía siguen inconclusos o demorados.

Hay que recordar que los actuales administradores del IPS realizaron auditorías internas y externas por este contrato con Atlas, que derivaron en cuatro denuncias penales por las irregularidades detectadas en su manejo.

Uno de los informes reveló que solo el 26% del dinero de este pacto con Atlas se utilizó para los proyectos originales, que eran los cuatro hospitales, mientras que el 74% restante se destinó a obras o refacciones no previstas inicialmente. Para poder hacer esta jugarreta, se hizo una pequeña pero decisiva modificación al contrato para incluir un punto llamado “otros centros de salud” y así se comenzó a desviar la plata.

Pero lo más grave de todo es que algunos de estos supuestos trabajos para obras no previstas inicialmente no se ejecutaron; lo que a simple vista demuestra que se desviaron millones a obras fantasmas.

Como consecuencia, dos hospitales no se terminaron en tiempo y forma. El Hospital Día tuvo un avance mínimo y el Centro Hemato-Oncológico ni siquiera comenzó con esos fondos, lo que obligó a las actuales autoridades del IPS a buscar después recursos propios para continuar las obras, que se esperan que terminen recién este año.