El Dr. Hernán Martínez, director de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud, mencionó al programa Tempranísimo, radio 970 y canal Gen, que lamentablemente la concientización no está funcionando, al referirse a lo ocurrido en San Bernardino el fin de semana pasado.

A consecuencia del concierto realizado en la ciudad veraniega, la autoridad sanitaria adelantó que en la jornada de hoy se analizarán posibles restricciones para ese punto del país. “Hoy se van a analizar los eventos y subrayamos que se producen ahí los contagios con la cantidad grande de gente, sin distanciamiento y muy pocos utilizando tapabocas. Van los portadores, llegan a sus casas y es el reflejo de lo que tenemos hoy en los hospitales”, comentó.

Al parecer de Martínez, deben ser vedados los acontecimientos donde ya se sabe que van a haber asistencia masiva. “Es imposible tener un guardia en cada fila. Se tiene que endurecer este tipo de eventos”, remarcó.

El entrevistado comentó que también se reunirá con los directores de las regiones sanitarias para que estén atentos y denuncien los eventos que se realizarán con afluencia masiva de personas.

Julián Tomàs Ayala, el papá de la pequeña, señaló en su denuncia que la retiró de la casa de su madre, como parte de un trato amistoso que llegó con esta, después de un proceso consensuado de separación.

Refiere que al devolver a la niña con su madre, dijo a esta que había visto a la chiquita que tenía irritación, y que le lleve a un médico para que le recete algún medicamento tòpico.

La mujer consultó con una doctora (identificada en la denuncia fiscal) quien emitió un informe a la Policía Nacional (y por ende al Ministerio Público) en el que señalaba que la menor sufrió de abuso.

Pero el drama del papá de la nena no paró, ya que el caso fue ventilado a los medios, y en el sitio laboral del hombre lo despidieron de su cargo, en un taller mecánico.

El abogado Miguel Godoy, representante de Tomàs Julián, señaló que el perjuicio contra su cliente es significativo, en el campo económico y en lo moral.

“Mi cliente expresa que nada podrá borrar el enorme perjuicio moral que le causó la denuncia falsa de la doctora. Y estamos evaluando que además de las disculpas que la misma, que la justicia defina una sanción ejemplar en todo sentido”, expresó Godoy en comunicación con la 1020 AM.

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Además de realizar evaluaciones sanitarias y dar tratamiento a personas que padecían cuadros respiratorios, dolores articulares y curaciones por heridas, manifestó el Dr. Hugo Valdez, coordinador de Asistencia Sanitaria en Emergencias y Desastres (ASANED).

“Se realizaron 21 evaluaciones en el albergue de la SEN en la Costanera, además se inició el tratamiento a 6 personas, que tenían dificultades respiratorias y dolores articulares. También se procedió a realizar curaciones de heridas”, señaló el Dr. Valdez.

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Agregó que las atenciones comenzaron el sábado, continuaron ayer domingo y seguirán en los próximos días, ya que se pronostican temperaturas menores de 10 grados, condición para activar el Operativo Invierno.

Cabe mencionar que el Ministerio de Salud tiene como misión coordinar la atención médica en el albergue de la SEN en la Costanera de Asunción. Se encarga además de eventuales evacuaciones de urgencia a centros asistenciales cercanos. Algunas gobernaciones también tienen prevista la habilitación de lugares de asistencia para los que están en situación de calle y en esos casos las tareas se coordinan con las regiones sanitarias.

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Para la atención sanitaria del albergue de la Costanera están afectados el Hospital General de Barrio Obrero, el Hospital del Indígena y el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME).

Los primeros internos serán trasladados desde la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, donde se encuentran unas 1.600 personas privadas de libertad, de los cuales el 25% cuenta con condena.

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El traslado será de manera gradual, por grupos de 50 personas, hasta llegar a un total de 500 internos, en una primera etapa, según el plan del Ministerio de Justicia.

El nuevo Centro de Reinserción Social de Minga Guazú fue habilitado semanas atrás y cuenta con capacidad para albergar a 1.237 personas, incluyendo un área de máxima seguridad. En este nuevo establecimiento, apuntan a priorizar la capacitación de los internos en formación laboral, a fin de estimular su reinserción social.

El requisito establecido para escoger a las personas que serán trasladadas hasta ese sitio es que las mismas cuenten con condenas firmes.

El Estado paraguayo estará cumpliendo con normativas internacionales que establecen que las personas privadas de libertad procesadas y condenadas deben estar apartadas entre sí.