El consumo y prescripción responsable del antibiótico es el mensaje principal de la semana de concienciación del uso prudente de estos fármacos ya que el uso incorrecto es una amenaza contra la salud de las personas, aseguran desde la OPS, la OMS y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

La resistencia antimicrobiana (RAM) es la capacidad que tienen algunos microorganismos como virus, bacterias, hongos y parásitos de sufrir cambios para que los medicamentos con que se los trata no tengan efecto sobre ellos.

La Doctora Viviana de Egea, directora de Enfermedades Transmisibles del MSP, señaló que la ocasión es propicia para recordar a los pacientes que “un médico no es más o menos bueno por prescribir antibiótico o no es que me voy al médico hasta conseguir alguno que me recete antibiótico, sino al contrario, aquel médico o profesional de la salud que cuida como oro los antibióticos es el que realmente está haciendo un bien tanto para los pacientes como para la salud pública”, afirmó en contacto con Radio Nacional.

Instó a sus colegas médicos a utilizar con prudencia los antibióticos sobre todo cuando se tiene una sospecha verdadera de infección bacteriana y recordó que ni la gripe ni el COVID-19 necesitan tratamiento con estos fármacos.

Egea manifestó que en las casas si sobra algún medicamento no deben ser compartidos con los demás aunque presenten síntomas similares, hacerlo es imprudente porque cada persona puede desarrollar un cuadro distinto.

“Puede ser que aunque tengan síntomas similares se trate de otro tipo de infección”, afirmó la profesional.

Desde el 2018, Paraguay implementó la venta de antibióticos bajo receta simple archivada y desde el año pasado se puso en marcho el Plan Nacional de Resistencia Antimicrobiana para dar respuesta a esta problemática en el contexto de la pandemia por COVID-19.

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) representa una amenaza sanitaria global creciente, que debe ser abordada con urgencia en la salud humana, la producción animal, agrícola y el medio ambiente porque pone en riesgo el tratamiento eficaz de infecciones causadas por bacterias, parásitos, virus y hongos, lo que resulta en enfermedades más prolongadas y mayor mortalidad. El impacto es mayor en las poblaciones más vulnerables. A su vez, la RAM pone en riesgo la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y con ello la seguridad alimentaria.

Desde 2010, existe un firme compromiso de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), la  Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  y la  Organización Panamericana de la Salud (OPS) para combatir la RAM, trabajando de forma coordinada para mitigar los riesgos en la interfaz salud humana, animal y del medio ambiente. Bajo este contexto, las tres organizaciones han aunado fuerzas para la implementación del proyecto “Trabajando juntos para combatir la resistencia a los antimicrobianos” bajo el enfoque de Una Salud que reconoce la multidimensionalidad y la necesidad de una respuesta intersectorial que exige este problema, publica la OMS.

El objetivo estratégico general de este proyecto (2020-2022) apoyado y financiado por la Unión Europea (UE), es apoyar los esfuerzos para combatir la resistencia a los antimicrobianos a través de la implementación de los Planes de Acción Nacional de siete países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay.

El decreto establece las pautas generales y describe los mecanismos, las metodologías y herramientas esenciales para la programación presupuestaria de todas las entidades del sector público.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que, los plazos para la carga de los respectivos anteproyectos quedan definidos de la siguiente manera: el Anteproyecto de Presupuesto 2025 hasta el 27 de junio de 2024; y el Presupuesto Plurianual 2025–2027 hasta el 22 de julio de 2024.

Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) en el proceso de elaboración de los anteproyectos de presupuesto deberán asignar los recursos para satisfacer las necesidades de la población, enfocándose en el logro de metas y resultados tangibles que beneficien a la sociedad.

Las entidades deberán planificar la adquisición de bienes y servicios que cumplan con los requerimientos para el cumplimiento de sus fines misionales y reflejar en el anteproyecto los requerimientos financieros para el efecto.

El gasto público debe mantenerse coherente con la capacidad de generación de recursos fiscales, en un contexto de racionalidad y austeridad en el uso de los recursos disponibles.

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“Desde la dirección de la Policía Municipal de Tránsito se prevé un plan de contingencia por los días de lluvia”, refiere el comunicado.

La medida es adoptada ante los inconvenientes registrados en las últimas lluvias, donde los semáforos quedaron fuera de funcionamiento y algunas calles fueron inundadas.

La alerta meteorológica es por el ingreso de sistema de tormentas es para la Región Oriental y sur de la Región Occidental, desde este miércoles 1 al viernes 3 de mayo.

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Los departamentos afectados son: Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Central, Cordillera, Caaguazú, Guairá, Paraguarí, Caazapá, Alto Paraná, Presidente Hayes, Boquerón, San Pedro, Canindeyú y Concepción, además de la ciudad de Asunción.

El boletín refiere que se esperan lluvias con acumulados de entre 50 y 80 mm por día, con ráfagas de viento en torno a los 120 km/h.

Existe además una alta probabilidad de ocurrencia de granizo. Se espera que las condiciones climáticas tengan mejoras parciales con el correr de los días.

Morales refirió que no están en contra de competir con estas plataformas, pero exigen igualdad de condiciones para la competencia sea justa.

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En conversación con la radio 1020 AM, aseguró que ellos abonan impuestos a la Municipalidad para el traslado de personas, pero Bolt y Uber no y compiten en la misma situación.

“Es evidente el favoritismo. Hay normativas que les favorecen. Son fáciles de desmontar las argumentaciones de las aplicaciones. Nosotros solo exigimos igualdad de condiciones para poder competir y en quién confía más la ciudadanía”, expresó el presidente de la APTA.

Marcos Morales aseguró que van a exigir a las autoridades municipales el respeto a sus derechos y que cobren el impuesto a las plataformas para que se adhieran a las leyes y dejen de trabajar de forma informal.

“A estas aplicaciones les metés las mismas aplicaciones tributarias y no van a aguantar, como las dos inspecciones técnicas vehiculares al año. La tasa de inspección, el registro profesional, etc. Está a flor de piel la diferencia”, sostuvo.

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