Luego de que el oficialista Martín Arévalo haya anunciado su decisión de cambiar su voto y apoyar ahora la expulsión de Rodolfo Friedmann, otros dijeron haberlo pensado mejor y tomar la misma postura, aunque aún no quieren decirlo públicamente.

En una sesión extra a realizarse el miércoles 28 de octubre, a partir de las 14, los senadores analizarán la pérdida de investidura del exgobernador del Guairá y del esteño Javier Zacarías Irún.

Es el segundo intento de expulsar a Friedmann, ya que la primera vez, los bloques de Colorado Añetete, Frente Guasu y PDP pusieron en marcha el acuerdo que llevó a Óscar Salomón a la Presidencia de la cámara y blindaron al guaireño, con la excusa de que primero se necesitaba una sentencia judicial, algo que no tuvieron en cuenta en el caso de los 6 senadores que anteriormente fueron echados, publica ADN Digital.

La reacción ciudadana de repudio hacia los que “salvaron” a Friedmann fue tan fuerte en las redes sociales, que esto habría hecho que algunos decidieran rever su postura ahora que se les presentó la posibilidad de hacerlo. Otro factor que habría motivado el cambio es que quedó demostrado que era una falacia el argumento de quienes lo defienden, de que la verdadera intención de los cartistas es lograr el juramento de Horacio Cartes, ya que es su banca la que usurpa “Rolfi”.

Sin embargo, esto no pudo sostenerse con el paso de las semanas, ya que la bancada de Honor Colorado dejó claro que lo que se pretende es que sea el siguiente suplente de la lista de la ANR quien ocupe la banca, por haber sido electo y proclamado.

Friedmann será juzgado por sus pares por haber sido proveedor del Estado mientras era gobernador del Guairá, y por seguir siéndolo ahora, cuando ocupa una banca en el Senado, además de utilizar su cargo para que su empresa siga alzándose con las licitaciones para la provisión del almuerzo escolar en su departamento y en el de Caazapá.

La ley bajo la cual se administra todo el sistema del escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la número 6.935, año 2022, mediante la cual se contempla un cupo político de hasta el 20 % del total.

“Hay funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo, no hay ningún país que tenga excepción de designaciones políticas”, respondió el ministro.

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Respecto al tipo de contrato que firmó Magida Esgaib, hija del diputado colorado Yamil Esgaib, explicó se trata de una vinculación por tiempo determinado, cuya duración es de tres meses, con todas las puertas abiertas a la renovación, sujeta a una evaluación.

“Entonces, aquí no hay nada oculto, hay designaciones de carácter político, está contemplado dentro de la ley, por lo tanto, no existe ningún impedimento para que eso se produzca desde el punto de vista de la ley”, comentó el ministro.

Los servicios que no exigen título académico son: choferes para el servicio de la embajada, limpiadores y auxiliares administrativos, que es el caso de Esgaib.

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Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chi­canas presentadas por los abo­gados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pen­diente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual dipu­tado, Mauricio Espínola.

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Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, princi­palmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcio­narios que colaboraron para esclarecer el caso.

La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fis­cal atacando a los fiscales encargados del caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.

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El juez de garantías, Humberto Otazú, dio lugar al pedido del fiscal, Leonardi Guerrero y desestimó la denuncia presentada por prevaricato contra los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez. Los mismos habían dejado sin efecto la expulsión de los cuatro senadores del PLRA.

“Lo que hoy se da es un primer paso. El juez Humberto Otazú desestima finalmente la denuncia formulada por Fleitas y Tito Saguier. Creemos que es cuestión de días y de mero trámite nuestro retorno al partido”, afirmó el senador Amarilla.

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El legislador sostuvo además que “se rompen todos los obstáculos y por sobre todo queda al descubierto de que las acusaciones fundadas de manera temeraria contra los magistrados era una denuncia que solamente busca quitarnos de la competencia futura que se va dar para la renovación del partido”.

Por otro lado, Dionisio Amarilla, recordó las sospechas del mal manejo de fondos públicos en la Gobernación de Cordillera y manifestó además que de llegar a la conducción del PLRA será analizada la gestión de Hugo Fleitas con detalles.

“Hugo Fleitas está preocupado porque si nosotros llegamos al partido vamos a revisar con lupa cómo se han administrados los fondos, es por eso que creen que quitándonos de la nucleación política ellos pueden seguir viviendo”, aseveró.

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Recordó también que de llegar a la presidencia del PLRA, buscará llegar al poder. “Ellos saben que si nosotros tomamos la conducción política vamos a ir por el poder. No estamos acostumbrados como ellos que hacen a espaldas de la gente y debajo de masa acuerdo políticos. Nosotros hacemos los acuerdos políticos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir, competimos con nuestra fuerza”, puntualizó.