Jorge Torres, periodista del Grupo Nación que destapó inicialmente el gran negociado y estafa al Estado paraguayo por los insumos chinos, charló con el programa Tempranísimo, radio Universo 970 AM, sobre la leve sanción impuesta a cuatro funcionarios del Ministerio de Salud que llevaron adelante esta licitación plagada de irregularidades.

Al hacer un análisis de las 49 páginas de la conclusión del sumario administrativo, el periodista menciona que es “un juicio karape”, en el cual hay cuatro funcionarios denunciados, mientras que los que acusan se basan solo y exclusivamente en el lapidario informe de Contraloría, pero sin arrimar mayores pruebas, ignorando la denuncia penal presentada por Salud Pública ante la Fiscalía por este caso.

Citó además que el Art. 69, inc. C de la Ley 1626, establece las medidas administrativas a adoptarse en la Función Pública. En ese sentido se fijan las sanciones leves y las graves, tales como que el funcionario no pueda ascender, sea suspendido sin goce de sueldo por 30 días o que sea destituido sin la posibilidad de ocupar espacio público en el espacio de 2 a 5 años.

“Existen causales para aplicar esa máxima sanción (destitución) porque la conclusión del sumario establece que existió una falta grave”, remarcó Torres.

Aparece así la interrogante de por qué no se aplicó la máxima sanción. Al hacer una valoración desde la mirada política, según esgrimió el comunicador, en las primeras declaraciones de Pablo Lezcano, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio de Salud, este había afirmado: “nosotros recibimos órdenes”. Además otros tres sumariados habían coincidido en sus declaraciones: “nosotros cumplimos órdenes porque esto vino de arriba”. Entonces -plantea Torres- hay que preguntarse quién fue la autoridad que dio dicha orden.

Siguió alegando que en el organigrama de un proceso licitatorio, alguien tiene que recomendar que se haga la compra. En este caso lo hizo la Dirección de Insumos Estratégicos, la cual está dirigida por el doctor Nery Rodríguez, quien no está sumariado pese a haber hecho la recomendación.

“Si llegamos a hilar fino, ahí se complica en serio. Lo lógico hubiera sido que el juez instructor preguntara quién dio la orden”, dijo el entrevistado y citó la participación de emisarios del propio Poder Ejecutivo, los cuales llevaron una carpeta de la empresa a la cual terminaron adjudicando la millonaria y fallida compra en el momento más crítico de la pandemia y el servicio público de salud. “No solo se llega al presidente de la República, sino que a sus parientes. Ahí se complica. Dijeron nos salvamos entre todos o nos vamos todos a la calle como mínimo o a la cárcel”, lanzó.

Otro componente que se dio desde el principio fue el argumento de que no existió daño patrimonial del Estado, según recordó Torres. “Fueron acomodando para que termine en esta historia luego de haber sido un completo escándalo. Hay pruebas a patada pero dicen que no las hay”, lanzó.

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Este mañana se produjo la fuga de un recluso en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná.

Se trata de Alberto Ramón Kaufmann, de 24 años, quien se encontraba recluido en la citada cárcel esteña luego de ser procesado por el hecho punible de robo agravado.

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El joven había logrado trepar la muralla perimetral desde el sector del patio de visitas, tras lo cual decidió saltar al predio de la Dirección de Policía que se encuentra contiguo.

Una vez allí, personal del Grupo Lince de la Policía Nacional se encargó de recapturar al interno del penal, frustrando así su intento de fuga.

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El hecho fue comunicado a la fiscal Olga Melgarejo, mientras que Kaufmann fue devuelto al Pabellón Negro – sector pasillo donde cumplía con su prisión.

Poco después de la medianoche se reportó un tiroteo con resultado fatal en la Compañía San Roque de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.

Resultaron víctimas de este episodio Magno Gabriel Vera Guerrero (32), quien recibió dos impactos de bala en el pecho, y Alexis José Fernández Venialgo (24), quien acusó un total de siete disparos en diferentes partes del cuerpo.

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Por otro lado, una tercera persona identificada como Derlis Antonio Fernández Venialgo (20), hermano del segundo fallecido, resultó herida tras ser alcanzada por un proyectil a la altura del pecho.

Las víctimas fueron baleadas durante un festejo de 15 años que se realizaba en la comunidad. Según informan medios locales, el incidente se registró luego de que Vera se haya acercado a un hombre -cuya identidad aún no trascendió- para pedirle que dejara de realizar disparos al aire.

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Este pedido provocó el enojo del tirador, quien decidió rematar contra Vera efectuando una serie de disparos contra su humanidad, tras lo cual se dio a la fuga. Ya en medio de su huida, volvió a disparar contra Fernández y su hermano, acabando con la vida del mayor.

La Policía Nacional se encuentra realizando las averiguaciones pertinentes, a fin de confirmar la identidad y dar con el paradero del homicida.

El doctor Martín Alfaro, médico forense de la Fiscalía, confirmó al canal C9N que finalmente no pudieron llevar a cabo la autopsia del hijo de la escribana Carmen Ruiz Díaz.

Tras el levantamiento del cuerpo, el mismo fue trasladado hasta una funeraria local, esto en vista a que no existe una morgue judicial en el departamento de Alto Paraná.

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Debido a la falta de insumos y un lugar adecuado para este tipo de procedimientos, se tuvo que posponer la realización de la autopsia y proceder al traslado del cadáver a la morgue judicial de Asunción, tanto para determinar las causas de muerte como así también para la identificación del niño.

Sobre el último punto, explicó que, debido al estado de descomposición del cadáver, la víctima ya no pudo ser identificada con las huellas dactilares a través del Sistema AFIS, por lo que se recurrirá a una prueba de ADN.

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Alfaro resaltó que ninguna otra zona del país cuenta con una morgue judicial, siendo la única disponible la que se encuentra en el barrio Sajonia de la capital. Alto Paraná -el segundo departamento más poblado del país, después de Central- requiere con urgencia contar con una, afirmó.

“Por lo menos una camilla o una cámara para que se mantenga el cuerpo no existe. No tenemos guantes, tapabocas, funcionarios. En Paraguay faltan por lo menos 60 médicos forenses más para tener uno cada día de la semana en los 16 departamentos”, afirmó.