A través de un comunicado emitido en el transcurso de este lunes, SITRANDE volvió a sentar postura respecto a la propuesta de abrir el mercado eléctrico nacional al sector privado, anunciada días atrás por el vicepresidente Hugo Velázquez.

Sobre este punto, hablan de una supuesta intención del gobierno de “buscar la privatización del activo más importante del país” en contubernio con un grupo de empresarios.

Igualmente, afirman que “la energía eléctrica es de todos los habitantes del Paraguay” y por ello debe mantenerse en manos de la ANDE. “No podemos permitir que políticos corruptos en componenda con empresarios oportunistas decidan sobre los destinos del bien estratégico del Estado”, reza la nota.

En otro punto, los sindicalistas denuncian que el anteproyecto de ley de la industria eléctrica, presentada al Poder Ejecutivo en el marco del plan de Reforma del Estado, “tiene la aviesa intención de los sectores oligárquicos de quedarse con nuestra mayor riqueza, inclusive el de las binacionales Itaipú y Yacyretá”.

“Instamos al presidente de la República Mario Abdo Benítez y su gabinete a abocarse en políticas públicas destinadas a la creación de fuentes de empleo dignos para nuestros compatriotas, utilizando para ello nuestro bono energético y no ceder a la presión de políticos angurrientos y de una clase empresarial, quienes ni siquiera respetaron estos tiempos de pandemia para disminuir su mezquindad”, expresa el comunicado.

SITRANDE también exige al titular de la ANDE, Ing. Luis Villordo, que como responsable de la institución pueda pronunciarse sobre este tema y “defina de qué lado de la vereda va a estar”.

Los trabajadores aprovecharon la ocasión para expresar su “desconfianza” hacia el vicepresidente Hugo Velázquez, esto atendiendo a sus “antecedentes históricos y recientes que lo descalifican por completo para abordar cualquier gestión importante para la República”.

Finalmente, alertan que este proyecto acarrearía un sobrecosto para el usuario final, a sabiendas de que la intención de sus impulsores supuestamente radica en el lucro y no en el bienestar de la población.

Patricia Torrents, directora de Tecnología del banco Itaú, comentó al canal GEN que para poder ingresar a la app o el home banking de cualquier entidad, indefectiblemente se requiere de un PIN de acceso único, el cual es creado de forma segura por el titular de la cuenta.

Posteriormente para transferir los fondos de dicha cuenta, se requiere indefectiblemente de un PIN transaccional que es considerado como un segundo factor de autenticación y que posee otras medidas de seguridad adicionales.

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“De acuerdo al perfil del cliente, se pueden conceder préstamos para una emergencia, pero para mover ese dinero y transferir a un tercero me va a pedir siempre el segundo PIN (de transacción)”, mencionó.

Torrents enfatizó que “el dinero no puede salir del banco” sin tener estos dos pines, por lo que descarta que se pueda producir una vulneración sin que la persona detrás del ilícito los tenga a mano.

Cada PIN cuenta con una medida de validación específica, lo cual aumenta el nivel de seguridad y privacidad, además de evitar que terceras personas puedan acceder a una cuenta, refirió, al tiempo de destacar que el home banking y el aplicativo de Itaú poseen estrictas medidas de seguridad para evitar accesos no autorizados.

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Torrents desmintió que el PIN transaccional tenga como segundo factor de autenticación el envío de un mensaje de texto -tal y como había denunciado la esposa de un cliente días atrás a través de GEN-, utilizándose otras medidas adicionales más seguras para ese tipo de situaciones.

La directora de Tecnología de Itaú también manifestó que, como banco, no tienen potestad de tocar el dinero que haya sido transferido a otra cuenta bancaria en una entidad distinta, como sucedió en el caso mencionado anteriormente y que involucró un préstamo de más de G. 20 millones, solicitado sin autorización del titular.

Desde la semana pasada ya se pudo observar un movimiento interesante de obreros y maquinarias en el lugar, alistando el terreno para arrancar muy pronto con la construcción de este vital componente del Corredor Metropolitano del Este (CDME).

Cabe recordar que el desarrollo del proyecto está dividido en dos fases.

La primera, que es la que se encuentra en su etapa decisiva es la Revisión y Diseño Final de Ingeniería, que tiene la finalidad de compatibilizar el trazado del puente con las demás obras del CMDE.

En tanto que, la Fase B, comprende la construcción propiamente dicha, que tendrá un plazo 18 meses de duración.

La empresa contratista encargada de las tareas mencionadas, es el Consorcio Puente Monday (Constructora Heisecke S.A. y Construpar S.A.), y la fiscalización la hace el Consorcio JY1.

El segundo puente sobre río Monday será la conexión entre el acceso interurbano de la ciudad de Presidente Franco y la carretera de casi 31 km que abarca el área rural del CMDE con salida en el km 17,5 de la ruta PY02 en el distrito de Minga Guazú.

Tendrá una longitud de 500 metros, con una sección transversal del diseño que comprende 26,50 metros, 4 calzadas de 3.60 metros, dos banquinas internas de 1,30 metros cada una, separadas por una defensa tipo New Jersey de 0,60 metros y dos externas de 1,50 también con defensa tipo New Jersey de 0.40 metros, además de caminos peatonales y bicisenda de 2,50 metros a ambos extremos de la sección.

El agente fiscal Alfredo Ramos Manzur, titular de la Unidad Penal n.° 3 de la Fiscalía Regional de Paraguarí, imputó a José Miguel Cristaldo Fernández, responsable de un local de criptomonedas en la ciudad de Quiindy, por el supuesto hecho punible de sustracción de energía eléctrica, sabotaje y perturbación de servicios públicos.

El representante del Ministerio Público solicitó que el imputado sea beneficiado con una medida alternativa a la prisión, con la obligación de pago de la deuda a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de más de 5.000 millones de guaraníes. Asimismo, en el caso que el imputado ofrezca una propuesta formal de pago, esta debe ser adjuntada al expediente judicial en un plazo a ser fijado por el Juzgado, a los efectos de corroborar el cumplimiento de la medida solicitada.

Los antecedentes del caso refieren que la investigación se inició luego de la denuncia presentada por parte de la ANDE  de un supuesto caso de sustracción de energía eléctrica y el pasado 21 de marzo de una comitiva fiscal procedió al allanamiento de un inmueble en donde se incautó un total de 834 máquinas procesadoras de criptomonedas que en promedio consumían más electricidad que todo el distrito de Quiindy.

Además se constató una conexión directa con un trasformador de 45 KVA que alimentaba a otro transformador de 3.150 KVA, ocasionando inconvenientes en la calidad del servicio de la energía eléctrica en la ciudad.

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