En una entrevista con Hoy Digital, Liz Cramer aborda los principales desafíos del sector bancario, como la inclusión financiera y la ciberseguridad, entre otros aspectos con miras al futuro de la banca paraguaya.

En ese sentido, la referente destacó la importancia de aprovechar las tendencias ESG (Ambiente, Sociedad y Gobernanza), la digitalización, los sistemas de pagos y la inclusión financiera.

Enfatizó la necesidad de anticiparse y adaptarse a estas tendencias, subrayando la importancia de la colaboración con políticas públicas.

La inclusión financiera y la educación financiera son áreas prioritarias, por lo que, Cramer instó a trabajar en servicios que lleguen a todos los ciudadanos, promoviendo pagos digitales. Identificó obstáculos como la falta de dinero y documentación, y abogó por una ley de inclusión financiera.

Destacó la colaboración con el gobierno para implementar iniciativas como SIPAP, facilitando transferencias y acceso a servicios financieros. Señaló medidas específicas, como la apertura simplificada de cuentas y la inversión en redes para ampliar la accesibilidad.

Cramer proyectó que el sector bancario paraguayo se dirigirá hacia una banca moderna y tecnológica, destacando su solidez. Al respecto, delineó un panorama optimista para el sector bancario paraguayo, destacando la importancia de la colaboración, la adaptabilidad y la innovación en un entorno financiero en constante evolución.

-¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sector bancario en la actualidad?

-Nuestras mayores oportunidades y desafíos están en aprovechar las tendencias E.S.G. como son conocidas; ambiente, sociedad y gobernanza; así como la digitalización, sistemas de pagos y la inclusión financiera en todos sus aspectos. Estas tendencias impactan en el ecosistema financiero y requieren de su previsión y adaptación de la mano de la política pública pertinente.

En cuanto a la profundización del uso de las tecnologías en la industria financiera, la experiencia adquirida en la pandemia nos ha demostrado que es posible hacer transacciones financieras tanto de manera virtual como de manera física. Y la banca, en conjunto con el Banco Central, a través del avance continuo de la implementación de tecnologías, ha avanzado en lo referente, por ejemplo, a las transferencias interbancarias y otras experiencias digitales como el pago QR. Estas modalidades vienen demostrando ser un medio eficaz y adoptado por los usuarios.

En este contexto, es deseable profundizar en la digitalización de la burocracia y adecuar las normas y procesos para que las reglas del juego y regulaciones aplicables respondan a la lógica digital.

Ligado a este avance de la adopción de los servicios digitales, existe el desafío importante de la ciberseguridad, lo que requiere de un trabajo colaborativo interinstitucional para poder generar acciones que permitan identificar y punir a los responsables de hechos delictivos. Este frente se aborda interinstitucionalmente con distintos organismos del Estado. El fortalecimiento de la ciberseguridad debe tener siempre en cuenta la calidad de la experiencia del cliente.

En tema de seguridad física, existe un trabajo estrecho colaborativo con la Policía y la Fiscalía que ha demostrado resultados positivos. Sin embargo, como la criminalidad avanza, es necesario ahondar en tales esfuerzos y sumar a otros actores públicos y privados que están expuestos a los riesgos relacionados a los fraudes y riesgos operacionales y tecnológicos en los servicios digitales, así como también a las diversas modalidades de delitos económicos, financieros y relacionados a la seguridad física.

La inclusión financiera y la educación financiera son parte de un frente amplio de trabajo que se aborda en varias líneas de acción.

Tenemos que seguir trabajando como ecosistema en regulaciones, productos y servicios que nos permitan llegar a todos los ciudadanos a lo largo y ancho del país, fomentando productos accesibles y que permitan llegar independientemente a las distancias físicas; de ahí la importancia de seguir promoviendo los pagos digitales y otros servicios tecnológicos; la concreción de una ley de inclusión financiera es fundamental para estos objetivos.

-¿Cuáles son los obstáculos para lograr una mayor inclusión financiera en nuestro país?

-Existen retos en cuanto a la accesibilidad física y económica ya identificados, así como de profundización del uso de la tecnología que a su vez trae consigo, reitero, lo inherente a la ciberseguridad, infraestructura tecnológica y habilidades digitales; y en forma transversal, todo esto está impactado por la necesidad de mayor educación financiera para que la población mejore sus capacidades financieras y su toma de decisiones racionales que le permitan aprovechar mejor las oportunidades económicas.

Según la última encuesta del Global Findex 2021, los principales obstáculos para lograr una mayor inclusión financiera en nuestro país son la falta de dinero y la carencia de documentación. Estos motivos fueron reportados como los principales problemas para acceder al sector financiero formal por parte de la población, según el BCP.

Por el lado del crédito, el desafío es el acceso y la permanencia en el sistema formal; la informalidad en la economía es uno de los temas que atacar en la agenda público-privada. Los ajustes en la agenda regulatoria que en base a la experiencia local y regional con las mejores prácticas permitirán seguir avanzando al sistema en la atención debida a estos retos.

La profundización en el uso de la tecnología aborda parte de los obstáculos antes mencionados. Por ejemplo, al incorporar en el país las firmas digitales seguras, masivas, conectadas con la identidad digital de los ciudadanos y la digitalización de documentos que, a través de mecanismos que el Estado disponga para su uso en forma legal, ello resultará en la digitalización de los procesos cotidianos del sistema financiero, favoreciendo la adopción masiva, la eficiencia en tiempo y costos, promoviendo así la inclusión.

-¿Qué medidas se están tomando para fomentar la inclusión financiera?

-Entre las medidas más importantes que se están tomando para la inclusión financiera está el trabajo colaborativo de la banca matriz con las instituciones financieras reguladas para la implementación del SIPAP y su hoja de ruta en el SPI, que permiten hoy transferencias por hasta G. 5.000.000, 7×24, y que en una siguiente etapa está permitiendo operaciones como el “request to pay”, que es el “págame” , siguiendo así con el desarrollo de más servicios que permiten a la población en general acceder a servicios financieros y a una cuenta bancaria plena, con la cual puede dar sus primeros pasos en inclusión financiera, incluyendo el ahorro y llegando al crédito sano, regulado y controlado y a precios de mercado, de esta manera facilitando que las personas puedan progresar a través de su ahorro, a través del crédito y a través de operaciones financieras que le permitan vender, comprar, controlar sus gastos, pagar sus cuentas, etcétera.

Así pues, en los últimos años, los servicios financieros digitales o la banca digital se ha desarrollado de la mano de la inversión del Banco Central en el sistema de pagos y de la banca privada en sus servicios digitales. Esto es parte de un esfuerzo conjunto y continuo del ecosistema que aún tiene mucho por hacer en materia de inclusión y profundización financiera.

El Gobierno tiene una importante experiencia basada en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera ENIF en su primera etapa que fue hasta el 2018, y sigue vigente hasta la adopción de una siguiente fase (fuente BCP). Actualmente, conocemos que toda esa experiencia, sus resultados positivos y oportunidades de mejora están siendo tomados por el actual Gobierno para una siguiente etapa con abordaje multidimensional de la oferta, la demanda y de las barreras regulatorias; desde el sector privado financiero seguiremos acompañando y cooperando para lograr los objetivos de la estrategia de inclusión y en el acceso específico a los productos de inclusión financiera y educación.

-¿Cuáles son las iniciativas que se están desarrollando para promover la educación financiera entre la población?

-El rol de la banca es clave en la educación financiera ya que interactúa cotidianamente con el público y su capacidad de llegada es amplia. Nuestros asociados tienen su agenda de educación financiera con tácticas y acciones promocionadas a través de sus distintos canales de comunicación y actividades directas con sus públicos meta, como por ejemplo, materiales educativos audiovisuales adaptados a los distintos segmentos, actividades directas como voluntariados de educación financiera para instituciones educativas, etc.

Muchas de estas acciones fueron diseñadas por las entidades financieras en línea con el Plan Nacional de Educación Financiera PLANEF que es resultante de la ENIF. Este plan tiene como meta mejorar las competencias económico-financieras y digitales de la población, y se desglosa en objetivos específicos.  Sabemos que el Gobierno está diseñando nuevas líneas de acción que celebramos y que acompañaremos con decisión desde nuestras empresas en su siguiente etapa en aquello que nos compete y en todo lo que podamos cooperar.

Es claro que, con el avance de las habilidades tecnológicas de la población y de la comunicación digital, se presenta la necesidad de actualización permanente aprovechando nuevas herramientas, según los distintos públicos y esto es entendido y muy aprovechable desde el sector privado.

-¿Existen programas o iniciativas que promuevan la inclusión financiera en comunidades rurales y de bajos ingresos?

-Los desafíos relacionados a las tendencias conocidas como E.S.G. (ambientales, sociales y de gobernanza, por sus siglas en inglés) que fueron mencionados antes como uno de los desafíos y oportunidades que tiene el sistema financiero, incluyen diferentes aspectos referidos a las necesidades de la población más vulnerable.

La banca ha hecho y continuará haciendo inversiones para ampliar su cobertura y eficiencia tecnológica y traspasar así las barreras físicas que se dan en el área rural, que sin embargo, tiene acceso a internet y a teléfonos inteligentes.  En el pasado, muchos ciudadanos del área rural no abrían cuenta porque había que hacerlo en forma presencial y tenían reparos en ir a un banco.  La apertura digital permitió superar esa barrera.  Hoy, con procesos simplificados de apertura de cuentas básicas, a través de sus teléfonos y de los corresponsales, se puede hacer depósitos en efectivo, transferencias, compras, pagos, comercio electrónico, etc. sin importar el lugar físico en el que se encuentren.

En el reciente congreso de “Banca Sostenible e Inclusiva”, organizado por la ASOBAN y la Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN se tuvo oportunidad de compartir experiencias locales y de la región que permiten reconocer las mejores prácticas en la materia. En particular, la atención debida a facilitar la inclusión financiera de personas en situación de vulnerabilidad, incluida la población rural. Ya existen en el mercado algunos productos financieros dirigidos a estos grupos, pero el congreso mencionado también permitió evidenciar las oportunidades que tenemos como país de canalizar recursos al financiamiento que nuestra competitividad requiere en estos temas.

Acompañamos y seguiremos acompañando las políticas públicas diseñadas para atender estos grupos, que abarcan desde aspectos normativos, problemáticas específicas por segmentos – como por ejemplo los riesgos climáticos que mucho afectan a la población vulnerable rural -, canalización de financiamiento para productos dirigidos a estos segmentos, por mencionar algunas líneas de trabajo conjunto.

-¿Cuál es el enfoque de los bancos para abordar las necesidades financieras de los microempresarios y emprendedores, considerando su importancia para el desarrollo económico del país?

-En este sentido, tenemos una experiencia positiva reciente que da cuenta de las oportunidades que existen con la disponibilidad de las herramientas adecuadas para atender este importantísimo segmento. Nos referimos a los instrumentos FOGAPY y FOGAMU, promovidos desde el gobierno a través de la Agencia Financiera de Desarrollo AFD.

El Fondo de Garantía del Paraguay FOGAPY ya estaba diseñado antes de la pandemia, pero el sistema financiero no lo terminaba de usar. Entonces, la pandemia trajo un viento de cola a los fondos de garantía; el sector financiero puso su confianza en el instrumento y movilizó recursos propios por el hecho de tener una garantía de respaldo. Más de 1.100 USD millones en créditos fueron otorgados con este instrumento, 80% de los cuales fueron a mipymes, que permitieron mantener más de 258.000 puestos de empleo.

Si a esto le sumamos los más de USD 251 millones otorgados con otro instrumento llamado FOGAMU, que dio garantías a créditos dirigidos a mujeres emprendedoras, tenemos que más de 1.350 millones de USD fueron canalizados por el sistema financiero que abarcaron mayormente a las mipymes. Estos recursos no fueron recursos del tesoro, sino recursos propios del sistema financiero que fueron movilizados, utilizando un instrumento que probó su efectividad.

El fortalecimiento de formalización y de las capacidades empresariales de las mipymes a través de programas públicos y de organismos del tercer sector, sumados a herramientas como las mencionadas, permitirán al sistema financiero regulado seguir aumentando su capacidad de atender más y mejor a este sector, en el marco de la normativa que le rige.

-¿Cómo se está trabajando en colaboración con el gobierno y otros actores relevantes para impulsar la bancarización, mejorar la ocupación laboral y promover el conocimiento financiero en Paraguay?

-Como antes expresado, existe un trabajo colaborativo con el Gobierno para estimular la inclusión financiera, que requiere de mayor educación financiera, e impulse el ingreso al sistema financiero formal, lo cual impacta en el empleo.

El sistema financiero está aportando lo suyo con la apertura simplificada de cuentas, la inversión en la ampliación de las redes para facilitar las compras en toda la república, evolucionando en los distintos sistemas de pago, facilitando a los usuarios sus transacciones presenciales o digitales y promoviendo la educación financiera a través de todos sus canales.

Tuve la oportunidad desde el MIC de plantear un nuevo marco legal para acompañar el avance de la tecnología entre otros frentes (además del sector público y privado) del sector financiero, donde se adoptaron las mejores prácticas internacionales para lograr la Ley de Servicios de Confianza y del documento transmisible electrónico.  Para el sector financiero se contemplan una serie de instrumentos que van en línea con esto para permitir ofrecer servicios con tecnología que promuevan la facilitación y por ende la inclusión de todos los sectores en el sistema.

Claramente el mecanismo para avanzar requiere de la continuidad del trabajo colaborativo con mesas de trabajo, no sólo del regulador con la Banca; sino de múltiples actores públicos y privados.

El trabajo conjunto debe ser tan amplío hasta que permita asegurar avances rápidos, y no tan limitado para que no se cuestione legitimidad y se recojan opiniones de sectores afectados.

-¿Cuáles son las perspectivas y proyecciones para el crecimiento del sector bancario en Paraguay en los próximos años?

-El sistema financiero paraguayo es valorado por su solidez y desde ello la Banca se proyecta hacia una banca moderna, tecnológica, segura, accesible 24×7 para abarcar todos los segmentos de la población.

En el 2022, el sector servicios representó el 49,7% del PIB, y de estos, los servicios de intermediación financiera representaron aproximadamente entre el 5.7% del PIB.

Los indicadores macroeconómicos del país para el 2023 se ven favorables con una proyección de crecimiento entorno al 4.5% del PIB y una inflación anual estimada del 3,8%, por debajo de la meta prevista incluso. El clima de negocios del país es valorado nuevamente como uno de los mejores de la región por organizaciones internacionales como la Fundación Getulio Vargas, y esto está en línea con el incremento de la inversión extranjera directa IED. Todos estos indicadores macroeconómicos impactan en las perspectivas del sistema financiero.

La participación del volumen de préstamos con relación al PIB creció durante los últimos 7 años, una media de 3 % al año, situándose a agosto de 2023 en 44%, según informes del BCP. La Banca Matriz también refiere a la última encuesta de expectativas de variables económicas, en la que los agentes económicos, entre ellos, los agentes del sector financiero, esperan una menor tasa de política monetaria, que de hecho se viene dando, por lo que las expectativas de concesión de créditos en los próximos trimestres permanecen en zona de optimismo.

El experto Miguel Ángel Gaspar es padre de un niño de dos años y medio criado sin pantallas. “En casa no hay televisión ni celulares. Prefiero que me pinte las paredes antes que verlo secuestrado mentalmente por una pantalla”, contó durante su visita al programa Residentas (GEN). Según su experiencia, la diferencia en el desarrollo del lenguaje de su pequeño hijo frente a otros niños expuestos a dispositivos es notoria.

“El celular no es una herramienta pedagógica. Es un modelo de negocios diseñado para adultos”, advierte. Y agrega que las propias condiciones de uso de los dispositivos y plataformas digitales están dirigidas a personas mayores de edad, pese a que en la práctica millones de niños los utilicen a diario.

El especialista señala que el debate actual ya no discute más si las plataformas son perjudiciales para los niños, sino que se centra en cuestionar el diseño deliberado de los algoritmos para recolectar datos comportamentales, además de sobreestimular a los usuarios. En ese contexto menciona el proceso judicial que enfrenta la empresa Meta en Estados Unidos, donde se analizan posibles responsabilidades por el diseño adictivo de sus sistemas.

“Nos convirtieron en materia prima. Nuestros datos son el producto”, resume.

Gaspar reconoce que durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 los celulares “salvaron las papas” al permitir la enseñanza a distancia, pero advierte que eso no puede convertirse en modelo educativo permanente. “Prohibir también es una herramienta académica”, sostiene.

Varios países ya avanzaron en esa línea. Entre ellos, Dinamarca, Francia, España, Australia, Finlandia, Chile y Brasil, donde el bullying y el ciberbullying se redujeron hasta en un 80% en pocos meses tras retirar los dispositivos de las aulas, según remarcó.

A su criterio, Paraguay debe avanzar en una legislación integral que no se limite a prohibir, sino que incluya contención para víctimas y responsabilidades claras.

El experto plantea que, como los menores no pueden contratar servicios digitales, sean los padres quienes asuman la responsabilidad penal por el uso irrestricto de dispositivos por parte de sus hijos.

En ese sentido, recordó un caso que ocurrió el año pasado en un colegio, donde una niña de 10 años fue humillada al crearse con su rostro un video sexualizado mediante inteligencia artificial. Su recomendación para los padres de la menor afectada fue que denuncien por falta al deber de cuidado a los otros padres de los niños agresores. “Con eso terminó el problema”, asegura.

Para Gaspar, las ciberadicciones deben ser declaradas un problema de salud pública. Esto, teniendo en cuenta el aumento de casos de ansiedad, depresión y medicación en los menores de edad.

“El scroll infinito está diseñado para no parar. Eso genera ansiedad permanente”, explica. A diario, al llevar a su hijo a clases, ve a otros niños consumiendo contenido antes de entrar al aula, por lo que se preguntó qué tan necesario y urgente es que un niño esté mirando el celular a las 6 de la mañana.

Advierte además que el uso desmedido de los celulares ocasiona la ludopatía digital en los menores y la normalización de apuestas online en los entornos escolares.

Por todo ello, el especialista recomienda que no se den celulares durante la niñez, nada de smartphones antes de los 13 años, y sin redes sociales antes de los 16. Además, insta a implementar el control parental obligatorio, y que se disponga de una responsabilidad legal de los padres. Si la comunicación es necesaria con los niños, propone alternativas básicas, como teléfonos sencillos que no requieran acceso a Internet.

Gaspar señaló que, por muchos años, la Fundación Paraguay Ciberseguro llevó adelante su campaña “¿Qué tenés para darle a tus hijos que sea más fuerte que Internet?”. Hoy su consigna cambió a “Tus hijos no son contenido”, con lo cual deja a cargo de los padres decidir sobre qué hacer con los chicos y el uso de los celulares.

En el 2014, Asunción fue declarada como la primera capital verde de Iberoamérica, y ese título ostenta con orgullo debido a la inmensa cantidad de árboles en diferentes avenidas, paseos, parques, entre otros puntos de la capital.

Sin embargo, existe una realidad que pone en jaque a la ciudadanía y al municipio: el estado sanitario del arbolado urbano.

El pasado 3 de marzo, una breve, pero intensa tormenta derribó más de 20 árboles en varios puntos, muchos de ellos, de gran porte, pero ya comprometidos estructuralmente, lo cual fue propicio para caigan y causen destrozos, y otros serios problemas.

En esta misma situación se encuentran aproximadamente otros 70 árboles en toda la ciudad.

Según informó el director de Servicios Urbanos de la Comuna Capitalina, Ing. Armando Becvort, muchos árboles aparentan ser fuertes y resistentes a todo, pero en realidad presentan afecciones por hormigas cortadoras, termitas, hongos o bacterias, mientras que otros evidencian debilitamiento estructural, especialmente en su sistema radicular.

Para determinar cuáles son aquellos que están en estas condiciones, se promoverá un trabajo coordinado entre la Municipalidad de Asunción, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) de manera a identificar cuáles son y ejecutar los trabajos de manera planificada antes de que se registre otra caída.

Una de las acciones que se tomarán a partir de ahora, de acuerdo a Becvort, será establecer una planificación técnica adecuada al momento de arborizar, con criterios según el ancho de veredas, presencia de tendidos eléctricos y características del entorno.

Bajo líneas eléctricas deben priorizarse especies de bajo porte, preferentemente frutales nativos, que además contribuyan a la alimentación de aves.

Los antecedentes nos transportan a la década de los 90, específicamente a 1996, cuando la oposición de aquel entonces recurrió por primera vez a las encuestas para elegir quién sería el candidato con más chances de vencer en las elecciones municipales.

Por el PLRA se presentó Martín Burt y por el Encuentro Nacional, Alfredo Boccia. En aquella ocasión, el liberal venció con el 40 % de los votos contra el 24 % obtenido por Boccia y se convirtió en el candidato de la oposición para las municipales.

En aquel entonces, para sorpresa de muchos, Martín Burt venció al candidato colorado Ángel Ramón Barchini. El candidato liberal obtuvo 120.518 votos que dejaron en segundo lugar al colorado con 105.078.

Un mecanismo similar, pero técnicamente distinto se utilizó en el año 2010, también para las municipales. Como no lograban ponerse de acuerdo y tampoco deseaban dispersar los votos con varias candidaturas, la oposición realizó una consulta popular, en su momento bautizadas como urnas delivery.

Los capitalinos recibieron en sus casas a los encuestadores y respondieron a quién preferían entre Miguel Carrizosa de Patria Querida y Franklin Boccia del PLRA. El patriaqueridista se convirtió en el candidato al conseguir 9.472 votos versus los 8.095 de Boccia.

Pese a ello, como el TSJE ya había elaborado los boletines de voto con los candidatos inscriptos, Boccia apareció en las papeletas y obtuvo 4.573 votos que se convirtieron en nulos, ya que Anki había descabalgado para entonces. Al margen de este dato anecdótico, lo concreto es que Carrizosa perdió las municipales ante Samaniego, aunque por un margen escaso.

Arnaldo Samaniego de la lista 1 (ANR) obtuvo 90.745 votos (45,69 % del total), mientras que Miguel Carrizosa de la lista 8 consiguió 88.298 (44,46 %).

Tuvieron que pasar 16 años para que la oposición vuelva a utilizar las encuestas en la antesala a unas municipales. Esta vez, la puja estuvo entre dos mujeres: Soledad Núñez y la diputada Johana Ortega.

De 979 encuestados, 442 contestaron que eligirían a Soledad Núñez como candidata de la oposición y 301 dijeron que optarían por Johana Ortega. Además, 214 personas respondieron que no votarían por ninguna de ellas. Igualmente, 22 no contestaron.

De las tres veces que la oposición utilizó la encuesta, hasta el momento solo conocemos el final de dos de ellas. La primera (1996), con victoria opositora y la segunda (2010) con derrota. Habrá que esperar lo que suceda en octubre para un desempate entre estas tres ocasiones. Sin embargo, esta última podría llevarse el rótulo de la menos representativa entre las tres, ya que las muestras no llegaron ni a mil.

En cuanto a la discusión de qué tan democrático es elegir una candidatura única por esta vía, se podría debatir cuántos asuncenos realmente eligieron que la exministra de la candidata de la oposición, teniendo en cuenta que más de 400.000 personas votan en la capital, pero el tiempo dirá a quién terminan votando.

Sin embargo, volviendo a lo democrático, no se pueden olvidar otros antecedentes en los que la oposición ni siquiera recurrió a un sondeo de barrio, sino que directamente resolvió candidaturas a través de acuerdos, sin participación ciudadana, o bien podría decirse, en el escritorio como en el 2015, cuando los partidos pequeños decidieron apoyar la candidatura de Mario Ferreiro.

En este y en todos los casos, el objetivo es unir fuerzas y evitar la división y dispersión de votos que faciliten la victoria al partido tradicional, que es el que tiene el electorado más sólido y la fortaleza del voto duro.

Sea con victoria o derrota, la coincidencia de estos casos es que, en todos, la mayoría recuerda que la meta primera era vencer, pero pocos recuerdan qué propuestas concretas hubo., lo que da la pauta que prevaleció un objetivo: derrotar a la ANR.