POR LA NACIÓN

Tras el crimen de Rodrigo Quin­tana, aquella trágica madrugada del 1 de abril del 2017, en la sede del Par­tido Liberal Radical Autén­tico (PLRA), los adherentes a dicha nucleación política habían sostenido que los policías ingresaron a matar, en todo momento sostuvie­ron que los uniformados querían más víctimas, sin embargo, un suboficial de la Policía, Arnaldo Andrés Báez, de cuya escopeta había caído la vainilla servida, cuya bala habría impactado en la víc­tima, era uno más del mon­tón, se paseaba por todas las dependencias. Al principio se dijo que fue “demorado” contra su voluntad por parte de los partidarios azules.

El suboficial Arnaldo Báez era parte del departamento moto­rizado de la Policía Nacional y ese 31 de marzo fue designado como apoyo para contener los hechos de violencia.

En las imágenes del circuito cerrado del local del PLRA se lo observa ingresar después de Gustavo Florentín y de su escopeta saltó la vainilla que habría matado a Rodrigo Quintana y que posterior­mente fue alterado y llevado por un adherente de nombre Fernando Cáceres.

Tras este hecho, los agen­tes que ingresaron al local, inmediatamente se replega­ron y volvieron a la Coman­dancia. Llamativamente no fue así con Báez, quien en su declaración ante la Fiscalía había manifestado que los seguidores liberales le habían “tomado y detenido” contra su voluntad y metido en una de las oficinas del local par­tidario.

Si estuviera “demorado” por los adherentes, los agentes de Investigación de Deli­tos de Asunción le hubie­sen encontrado, ya que los mismos, a cargo del comi­sario Tomás Paredes Palma, ingresaron al recinto poco después del crimen. Sin embargo, ni los subalter­nos del mencionado comi­sario hallaron alguna irre­gularidad con Báez.

Las imágenes dicen otra cosa, a las 1.15:20 horas se le observa a Báez pasearse por los pasi­llos de la sede partidaria, inclusive irse hasta el primer piso. Es decir, se movió cons­tantemente dentro del recinto y manteniendo conversacio­nes con los que se encontra­ban en el lugar.

Alrededor de las 3:23:50 horas, Báez baja por la esca­lera desde el primer piso y se acerca hasta un superior, el comisario general Abel Cañete, director de Investi­gaciones de aquel momento. A este supuestamente le explica todo lo ocurrido.

A las 3:29, el suboficial Báez empieza a conversar con la fiscala Raquel Fernández, una especie de declaración testifical. Esto ocurrió hasta las 4:01, para luego irse hacia la calle.

ABOGADO PEDIRÁ INCLUIR IMÁGENES OBVIADAS POR FISCALÍA

Varios juristas coinciden con el defensor del suboficial acusado del crimen de Rodrigo Quintana.

Ricardo Estigarribia, abogado del suboficial Gustavo Floren­tín, acusado por el crimen de Rodrigo Quintana, hecho ocurrido el 1 de abril del 2017, pedirá en la audiencia preli­minar la inclusión de las imá­genes desde las 00:18 hasta las 6:00 horas de ese día, ya que el Ministerio Público solo valoró tres segundos de las filmacio­nes para encausar a su cliente.

“Vamos a solicitar en la preliminar las 6 horas de filma­ción del circuito cerrado del local del Partido Liberal Radi­cal Auténtico (PLRA), ya que tenemos imágenes que con­cluyen en una alteración de la escena del crimen. La Fis­calía no incluyó en la investi­gación todos los sospechosos movimientos que sucedieron luego del homicidio del joven liberal”, dijo Estigarribia.

En otro momento, explicó que la entonces fiscala original de la causa, Raquel Fernán­dez, solo valoró tres segun­dos de las filmaciones, desde las 00:22.07 a las 00:22.09, momento en que Quintana recibió el impacto de bala.

Para el abogado existen muchas cosas sospechosas que quedaron sin investigar, prin­cipalmente la alteración de la escena del crimen por parte de los adherentes liberales que se encontraban en el lugar.

“Tenemos confianza que todas las imágenes serán incluidas en la audiencia pre­liminar por parte del juez”, manifestó Estigarribia.

CANCELACIÓN DE LA PERSONERÍA DEL ABOGADO DE LOS PADRES DE LA VÍCTIMA

El abogado Ricardo Estigarri­bia nuevamente insistió en la cancelación de la personería jurídica de Guillermo Duarte Cacavelos, representante de la querella de los padres de la víctima Rodrigo Quintana, por una cuestión de igualdad procesal.

“No solo yo pedí la cancela­ción de la personería jurídica del mencionado abogado, pidió también Óscar Germán Latorre, representante de Tomás Paredes Palma, y de la hija de Rodrigo Quintana, los abogados Fabián y Ana Ramírez Mora”, explicó Esti­garribia.

Los otros abogados, Víctor Raúl Estigarribia y Sandra Barrios, representantes de Gustavo Florentín, sostienen que el abogado Guillermo Duarte Cacavelos no tiene espacio legal en el proceso.

LA CAJA NEGRA

El Directorio de la CONACOM resolvió instruir un sumario de investigación por posible infracción a los artículos 13 y 14 de la Ley N° 4956/2013 de Defensa de la Competencia y al artículo 34 del Decreto Reglamentario N° 1490/2014.

La investigación surge a raíz del incumplimiento de las cláusulas que habían sido impuestas a la empresa Retail S.A. durante la autorización de una operación de concentración del Grupo Vierci y el supermercado Nuevo Super, ubicado en la ciudad de Caacupé y cuya adquisición había sido aprobada en el año 2022 pero con condicionamientos específicos para evitar una posición dominante en el mercado minorista.

Fue en ese marco que, según los documentos oficiales, la Dirección de Investigación detectó varios indicios de prácticas anticompetitivas del conglomerado de supermercados que vulnerarían los compromisos asumidos ante la CONACOM.

Modificación unilateral y presión a proveedores

Uno de los puntos más graves identificados es la modificación unilateral de las condiciones comerciales con proveedores, realizada sin consentimiento ni nuevos contratos formales. El informe de la Conacom refiere que Retail impuso nuevas reglas de negocio, alterando precios, márgenes y descuentos, pese a que los contratos originales seguían vigentes. Uno de los proveedores reveló lo siguiente: “Ellos (refiriéndose al grupo Vierci) empezaron a incumplir con el contrato, que por más de que esté vencido como que continúa vigente ¿verdad?, porque nos empezaron a sacar ya los espacios, así como un método de presión y empezaron a suspender sus compras, o sea, empezaron a hacer compras muy chicas”.

Solicitud de facturas de competidores

La investigación también detalla que la firma habría exigido a proveedores entregar facturas o tickets de competidores para corroborar precios, una práctica expresamente prohibida. Este mecanismo permitiría al Grupo Vierci obtener información sensible del mercado y ajustar precios a conveniencia, limitando la libre competencia entre supermercados y afectando directamente al consumidor.

“Nos pidieron básicamente: así como conversamos en (...) tenemos cambios en el proceso de suba de precios, solicitamos tickets de compra de Biggie, Real y Fortis de uno o dos productos más referenciales que formen parte del listado de cambios de precios”, dijo uno de los proveedores. Otro reveló en una audiencia con la CONACOM: “Ante la suba de precios que se dieron en los últimos dieciocho meses, antes de una suba te obligaban, y te lo pedían por mail, el relevamiento de las otras cadenas: ‘si tal cadena no tiene tal precio, yo no te voy a subir el precio’”. Estas declaraciones exponen el modus operandi del Grupo Vierci para apretar a quienes le proveen los productos y a la vez afectar a las demás cadenas de la competencia. 

Calificaciones opacas y descuentos arbitrarios

Otro punto bajo análisis es el sistema de calificación no transparente de los proveedores. Según el expediente, Retail habría aplicado descuentos sin criterios claros, lo que afectaba la asignación de espacios de exhibición en góndolas. La normativa exige que estas prácticas sean claras, equitativas y no discriminatorias, condiciones que no se habrían cumplido.

Uno de los proveedores calificados a la conveniencia de Retail contó lo siguiente: “En conclusión, lo que a nosotros nos pasaron después para saber nuestra categoría en realidad fue el resultado de su fórmula, ¿entendés?, nosotros no sabemos en qué parte ahí nos perjudica o no del descuento porque ahora tipo estamos bien, mal, ya te dicen nomas ‘ahora vos me tenes que dar tanto más para subir de C a B”.

El expediente de la Conacom sigue en etapa de investigación y una vez finalizado determinará si el conglomerado, que controla parte importante del circuito de supermercados, medios de comunicación y distribución de productos, abusó de su poder económico para distorsionar la competencia y forzar alzas de precios, atendiendo al peso que tiene el Grupo Vierci en el mercado de consumo masivo, donde concentra parte de las principales marcas y canales de distribución del país.

La comitiva realizó la verificación e investigación, que requirió más de tres horas de desplazamiento por caminos de difícil acceso. Del levantamiemto del cuerpo del adolescente, participaron el fiscal Rodrigo J. Espínola, acompañado de personal de Criminalística, del médico forense y de la Policía Nacional.

La presencia institucional en el lugar tuvo como propósito garantizar una actuación inmediata, transparente y respetuosa de los derechos de la víctima y de su familia, así como documentar las circunstancias que rodearon el hecho, presuntamente suicidio. El representante del Ministerio Público destacó que estas diligencias forman parte de la política de la institución de no discriminar ni relegar la atención de los casos que afectan a comunidades indígenas, tradicionalmente relegadas y expuestas a diversas formas de vulnerabilidad social.

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“Es deber de la Fiscalía estar presente en todo el territorio nacional, sin distinción de procedencia, etnia o condición social de las víctimas. No podemos permitir que estas situaciones queden invisibilizadas”, manifestó el agente fiscal interviniente al concluir la diligencia.

La Fiscalía prosigue con la recopilación de informes y testimonios, en coordinación con los líderes comunitarios y otras instituciones competentes, a fin de esclarecer los hechos y brindar acompañamiento integral a los familiares del afectado.

La paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. El refrán sur­gido de un pasaje bíblico puede explicar tranquila­mente el actuar del multime­dio Abc Color cuando se trata de hablar de casos de lavado de dinero.

El diario emblema del Grupo Zuccolillo, además de sus radios y su canal de televi­sión, se ha dedicado durante años a criticar con fuerza la supuesta falta de acción por parte de las autoridades en el combate contra el lavado de dinero en Paraguay.

De hecho, como se puede observar en la gráfica más arriba, el grupo económico realizó varias editoriales expresando su opinión al respecto.

En su edición del 12 de enero de 2021, la empresa periodística criticaba a los organismos de inves­tigación diciendo que “los peces gordos pueden nadar tranquilos”.

“Nuestro país ha aprobado varias leyes en la materia, pero los peces gordos de la delincuencia saben que no tendrán por qué preocu­parse mientras los organis­mos estatales se limiten a actuar como engañabobos, controlando pequeñas ope­raciones en vez de perseguir el contrabando, el narcotrá­fico y la corrupción”, señalaba el editorial.

Hace apenas unos días, Abc publicó un extenso informe refritando la información de que se habría utilizado dinero proveniente del narcotrá­fico para comprar la casa de verano que el senador Erico Galeano poseía en un barrio cerrado en Altos.

Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, vinculado a operaciones con banco Atlas

SE OLVIDAN DE SU CLIENTE

Precisamente si de dinero narco se trata, es ahí donde aparece el brasileño Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, consi­derado como el mayor narco­traficante de la región y quien operaba tranquilamente en nuestro país. Entre sus ope­raciones aparece un millona­rio préstamo otorgado por el banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo y empresa hermana de Abc Color.

El pasado 8 de mayo, Abc publicó un artículo en el que anunciaba que el juicio para los supuestos prestanombres del narco brasileño se realiza­ría en junio y citó algunas de las operaciones realizadas por los mismos. Pero se olvidó de una en particular.

En 2015, el banco Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millo­nes a la firma Biocombustible Brasilero (Biobras), cuyo presi­dente es Gilberto Suárez, uno de los señalados como supuesto prestanombres de Da Rocha, puesto que el mismo es en rea­lidad un modesto tractorista.

En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de la suma de USD 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.

Como garantía hipoteca­ria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estan­cia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria. Sin embargo, el inmueble en cues­tión ya estaba a cargo de Sena­bico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de con­tratar sobre el mismo.

CASI CONSIGUIERON REMATE

En el contexto de las clási­cas movidas judiciales de fin de año, en diciembre pasado se perfiló un remate judicial que favorecía los intereses del grupo empresarial Zuccolillo y perjudica al Estado.

Este remate buscaba recu­perar el crédito hipotecario millonario que el banco Atlas otorgó al tractorista testafe­rro del narcotraficante.

El 12 de diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comer­cial, Édgar Rivas, ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, propiedad de Cabeza Branca, en detrimento de la Senabico, que actualmente administra el inmueble incautado. Pese a los múlti­ples pedidos para realizar una subasta y pagar al acreedor, el juez dispuso que el remate se efectuara el 29 de diciembre de 2023, con publicaciones en el diario Abc Color, desta­cando las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble.

Con esta maniobra judi­cial, el Estado paraguayo podría haber perdido un bien valuado en USD 18 millones al ser rematado por una deuda de USD 3 millones recla­mada por el banco Atlas, tras su cuestionable negocio con el tractorista testaferro del narco Cabeza Branca.

Si el remate prosperaba, el banco Atlas podría adjudi­carse un inmueble cuyo valor supera con creces la deuda pretendida, frustrando así los esfuerzos del Estado por recu­perar activos del crimen orga­nizado y abriendo la puerta a que en el futuro procesados puedan recuperar sus bienes mediante deudas simuladas.

EL MAYOR LAVADOR

En una entrevista realizada por Mabel Rehnfeldt, una de las estrellas de Abc, la enton­ces ministra de la Senabico Teresa Rojas había confir­mado que Cabeza Branca superaba el nivel de inver­sión del también brasileño Darío Messer.

• Unidad de Investigación Nación Media
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