Una vez descubierto el real problema de la falta de agua en el Río Pilcomayo, un drama que se repite a cada año, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en una licitación convocada en el 2017 dispuso en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) como una exigencia fundamental que el sedimento extraído del cauce del río sea depositado fuera del cauce hídrico, y se dejó en claro, que la empresa fiscalizadora debía cerciorarse de que efectivamente este requerimiento clave se cumpla.

La licitación era denominada “Ampliación, profundización y optimización de los canales de captación y conducción de agua del río Pilcomayo en territorio paraguayo”. El PBC exigía dragas de 1.100 HP y retroexcavadoras anfibias. Una de las empresas adjudicadas para la realización del trabajo, correspondiente al lote 1 por valor de G. 22 mil millones, fue para la empresa Topografías y Caminos S.A (TyC) de Alberto Griño.

Ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se denunció a la empresa contratista de que los equipos requeridos en el pliego nunca estuvieron en la zona de obras y que la única retroexcavadora anfibia era del MOPC, y la draga presentada no cumplía con el requisito de HP mínimo. La firma hizo un descargo en papeles, y la denuncia se desestimó.

SOBRE LA OBRA

La limpieza del Pilcomayo necesariamente tiene que hacerse sacando los sedimentos fuera del río, para que no se vuelva a taponar con el mismo material. Durante años, se corroboró que se hacían mal los trabajos a propósito para volver a entrar año tras año en las licitaciones, y además se ampliaba cada vez más el presupuesto para las obras por parte del MOPC.

Esa rosca de empresas contratistas se rompió por un impulso del sector privado, junto con la Gobernación de Boquerón, y otros actores. El MOPC se dio cuenta de que la metodología debía ser diferente, y por las pruebas que se hicieron cambiaron las exigencias y el sistema de trabajo.

Los resultados a pesar de ser “parciales” fueron muy auspicios, prueba de ello se llegó a tener agua en tiempos de sequía hasta en la zona de Gral. Díaz. Los resultados fueron parciales porque sólo en algunos lugares se limpió correctamente y se sacó el sedimento del lecho río, ya que en otros lugares dejaron a lado del canal, como fue la costumbre anteriormente.

En varias reuniones en el MOPC se le exigió a la empresa TyC que haga bien su trabajo de extracción de sedimentos. Se habían comprometido a hacerlo pero dilataron hasta el cambio de gobierno y lograron, ya en la administración del ministro Arnoldo Wiens, una maniobra para obtener el último cobro y sobrepasar la autoridad de la empresa que estaba a cargo de la fiscalización de la obra.

ACERCA DE LA FISCALIZACIÓN

La firma fiscalizadora Consultora de Ingeniería Alto Paraguay SA, cuyo representante legal es el ingeniero civil es Amilcar Troche, realizó un informe (Junio 2018) en el que detalla que el trabajo de TyC está en un 90% observado.

Señala que los sedimentos no fueron retirados del cauce, tal como establecía el PBC y también dejaron en claro que la fiscalizadora determina el lugar y distancia, al tener un informe exigiendo eso, efectivamente el trabajo no estaba bien ejecutado.

Hasta ahora está pendiente un informe final de la fiscalizadora ya que todavía no se entrega oficialmente porque existe un conflicto entre las empresas TyC y fiscalización. El informe necesariamente debe ir acompañado del libro de obras.

INFORME A LA MEDIDA

La empresa TyC no acepta el informe final, el libro de obras, entonces consigue un informe del supervisor de la obra en representación del MOPC, que es un funcionario de nombre Blas Cristaldo, en el que no existen detalles que corregir supuestamente.

Se obtuvo este “informe” del supervisor, ya que para finiquitar el pago, el trabajo de la empresa contratista no tiene que tener observaciones. El informe final necesariamente la debe dar la empresa fiscalizadora de la obra y no un supervisor del ministerio.

SE PAGO EN BASE A UN INFORME A MEDIDA

Actualmente la obra ya fue pagada por el MOPC a la contratista en un 100%, incluso con una diferencia entre lo pagado y facturado por retenciones del PBC. El MOPC no tuvo que haber pagado todo sin tener el informe final por parte de la fiscalizadora, solo utilizaron para justificar el pago el “informe del supervisor”, Blas Cristaldo.

Nuestro diario accedió a una planilla en el que figuran pagos de la empresa TyC, al funcionario Cristaldo y algunos códigos por supuesto gerenciamiento por montos millonarios, con lo que indica Cristaldo recibía un salario de la empresa contratista.

Otro detalle, es que la camioneta que le había dado la empresa TyC a Cristaldo para fiscalizar la obra, el funcionario lo sigue usando después de que supuestamente haya culminado la obra. Es una camioneta Nissan NP300, roja, chapa HCZ 025, que Cristaldo lo estaciona frente al MOPC, todas las mañanas.

Todos estos elementos indican que habría un pago a un supervisor para acomodar las observaciones, lograr la recepción de obra como culminada y finalmente, el pago total. TyC presentó una nota de ampliación presupuestaria en la que pide el 20% del contrato: Gs 4.400.000.000. La contratista argumentó que ejecutaron mucho más de lo establecido en el pliego.

En teoría hicieron más metros cúbicos de remoción, pero fue un pequeño movimiento sin realmente haber realizado la extracción del material, por eso el informe con observaciones de la empresa fiscalizadora.

RESULTADOS POSITIVOS, SI SE HACEN BIEN LOS TRABAJOS

Cuando se realizó el trabajo correctamente en embocadura (donde el Río Pilcomayo empieza a fluir exclusivamente en territorio paraguayo y se abre otro canal que va exclusivamente a Argentina), el agua ingresó y escurrió por los canales. Pero al cabo de algunas semanas, los sedimentos al costado taponaron el canal lo que evitó el escurrir del agua. Queda claro que si los sedimentos no se dejan al costado del canal y se cumplía con la disposición técnica, el problema quedaba solucionado.

Al lote 1, que fue para la empresa TyC, le correspondía la limpieza desde embocadura (km 0) hasta el km 50. El trabajo del km 5 en adelante ya se hizo con sedimentos depositados al costado. Como el agua corrió y fue desmoronándose llevo esa tierra y depositó en el km 65 en adelante.

El trabajo a medias del lote 1 ensució y descompuso el trabajo del lote 2. Hoy se tiene como resultado que el agua se tranca en ese sector, se depositan sedimentos y queda todo taponado.

LA NUEVA LICITACIÓN CON UNA ADENDA A MEDIDA

La nueva licitación de la temporada 2018/2019 ya se había lanzado a fines de julio. El PBC establecía lo mismo que la anterior. Menciona que el sedimento debía depositarse fuera del lecho del río y exigía más equipos anfibios (dragas y retroexcavadoras). El 01/09/2018 se levanta en el portal la ADENDA 9.

En esa adenda, se cambian los precios totales, se unifican los montos entre el lote 1 y 2. Se pasa de un precio referencial de G. 24.000 millones a G. 35.000 millones.

Con esto, se legaliza el trabajo mal hecho denunciado en la temporada pasada, estableciendo que si se trabaja con dragas el sedimento debe ser depositado fuera del cauce. Y si lo hacen con máquinas convencionales fuera del canal.

Fuera del canal sigue estando dentro del cauce, y es justamente el trabajo que tapona y tranca todo. Es lo que se rompió en la administración anterior y ahora con esa adenda buscan volver a trabajos mal ejecutados pero ya legalizados.

Por Cinthia Mora, periodista.

La campaña de perse­cución que desató el diario Abc Color en contra de la actual titular de Seprelad, Liliana Alca­raz, con el objetivo de invo­lucrarla, sin motivos, en la causa penal donde se inves­tiga a Abdo Benítez y sus excolaboradores, forma parte de la estrategia de defensa mediática del exmandatario imputado.

En agosto de 2023, al asu­mir el cargo de ministra de Seprelad, la exfiscal Liliana Alcaraz constató que no se habían aplicado las reco­mendaciones del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat) respecto a las filtraciones ni tampoco sumarios a los funcionarios responsables por los gra­ves hechos. Las filtraciones de informes de inteligencia fueron motivo de alerta por parte de los evaluadores del Gafilat que en setiembre de 2022 recomendaron la apli­cación de protocolos para evi­tar tales situaciones y corre­gir los malos manejos.

Alcaraz ordenó la aplicación de sumarios a los funciona­rios asignados a la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico y la apli­cación de los protocolos reco­mendados por el Gafilat. Los resultados de estos sumarios fueron enviados al Ministe­rio Público por solicitud de los agentes fiscales Aldo Can­tero y Giovanni Grissetti, en diciembre de 2023.

Los informes remitidos desde la Seprelad al Ministe­rio Público aportaron infor­mación relevante que permi­tieron colectar datos, correos electrónicos y testimonios que hoy forman parte de los 42 elementos que sustentan la imputación contra Abdo Benítez y su gavilla.

El documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández fue descubierto gracias a la colaboración de la actual ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz (Crédito: Acta de imputación)

EL DOCUMENTO SECRETO Y LOS CORREOS

Entre los 42 elementos de prueba que sustentan la imputación contra Abdo Benítez resaltan dos infor­mes remitidos por la nueva administración de Seprelad. El primer informe es del 21 de noviembre de 2023, en el cual la Seprelad responde a un pedido de los fiscales Cantero y Grissetti sobre los procedimientos ejecutados dentro de la Unidad de Inte­ligencia Financiera.

La respuesta de la Sepre­lad aportó un detalle que se convertiría luego en la “brú­jula” de la investigación fis­cal, el documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández. Este docu­mento en formato word fue detectado en los archivos de la DGAFE (Dirección Gene­ral de Análisis Financiero y Estratégico), dirección que estuvo a cargo de Carmen Pereira y de Guillermo Preda Galeano, ambos imputados en la causa.

El documento secreto fue uti­lizado como base para la ela­boración del informe de inte­ligencia (10/2022) que luego fue presentado al Ministe­rio Público y enviado a EE. UU. en carácter de “informa­ción espontánea”. El archivo fue redactado en una oficina paralela dentro de la Seprelad y a cargo de un funcionario que no pertenecía a la institu­ción. En el borrador se intro­dujo información falsa y ter­giversada, según lo expuesto por el Ministerio Público.

Este revelador documento fue uno de los elementos de prueba que permitió a los agentes fiscales construir la tesis de la persecución polí­tica ya que fue elaborado por fuera de lo que establece la ley y bajo la orden específica de perseguir exclusivamente a Cartes y a sus empresas.

El otro informe remitido por la ministra Liliana Alcaraz y que permitió avanzar aún más en la investigación contra Abdo Benitez y su camarilla fueron los correos electróni­cos entre la exviceministra Carmen Pereira y los funcio­narios de la Unidad de Inteli­gencia Financiera de la Sepre­lad, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira, todos imputados en la causa.

En estos correos se detalla la manera en que fue incorpo­rado el documento secreto, redactado por Farías y Fer­nández, al circuito institucio­nal de la Seprelad para que sea utilizado como base para la elaboración de un informe de inteligencia contra Horacio Cartes. En estos correos tam­bién se ordenaba incorporar al documento oficial infor­mación tendenciosa y juicios de valor para perjudicar a los enemigos políticos.

DESMIENTE INFORMACIÓN FALSA DE ABC

Publicaciones de tinte mali­cioso y falso del diario Abc Color tienen como objetivo instalar que Liliana Alcaraz fue partícipe del esquema de filtración en su calidad de punto contacto del sis­tema que recibió el pedido de información de la fiscalía de Panamá.

La actual titular de Seprelad mencionó que recién tuvo acceso al sistema mencio­nado en marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Inte­rior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la fiscalía panameña.

Alcaraz explicó que la RRAG es una plataforma electrónica que se encuentra en el extran­jero (Costa Rica) a través de la cual los países que conforman el Gafilat pueden intercam­biar información de manera segura y recién una persona se convierte en punto de con­tacto cuando tiene acceso a la plataforma. Cada país tiene un coordinador y es este quien gestiona estos accesos. En ese entonces era el minis­tro de Seprelad Carlos Arre­gui. Actualmente ese cargo lo ocupa Liliana Alcaraz. “La responsabilidad siempre es del coordinador nacional”, subrayó.

Por Cinthia Mora, periodista.

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investiga­ciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

Para llevar adelante ese obje­tivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fis­cales) entre ellos Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.

La estrategia incluso había sido revelada por un excolabo­rador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un pro­grama de televisión que gene­rar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los ene­migos políticos de Abdo.

El acta de imputación de la Fis­calía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcio­narios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.

EL ARCHIVO SECRETO

De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Car­los Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redac­tado el informe de inteligen­cia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en cola­boración con personas ajenas a la institución.

Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Sepre­lad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elabora­ción y en qué condiciones fue redactado.

En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Sepre­lad un documento en for­mato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.

En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino tam­bién quedaron registradas las “huellas” de quienes intervi­nieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fisca­lía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceminis­tra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligen­cia contra Horacio Cartes.

EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA

“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN

En los archivos de la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación mon­tada por funcionarios de la institución e incluso por per­sonas ajenas a la institución y sin potestad legal para acce­der a informes de inteligencia.

En el acta de imputación se incluyen los metadatos (hue­llas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Fran­cisco Pereira. Estos metada­tos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernán­dez en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.

En ese sentido, según la Fis­calía, Daniel Farías Kronawe­tter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Sepre­lad) y René Fernández, enton­ces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elabo­rado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confiden­cial filtrado a la prensa.

Tal es así que, Farías y Fer­nández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autorida­des nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.

Conforme al acta de impu­tación, el archivo habría servido de base para la fil­tración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Hora­cio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio.

LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.

En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boida­nich”. Y, en tercer lugar, a tra­vés del entonces secretario pri­vado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espí­nola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibi­dos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.

La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confi­denciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emi­sión del posterior informe de inteligencia.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo esco­lar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efecti­vamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos pro­veedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.

Con los dardos que lanzó Ama­rilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitacio­nes de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blan­cos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búme­ran de los intereses particu­lares que presuntamente hacen reaccionar a la parla­mentaria.

En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras perso­nas para pasar desaperci­bida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la sena­dora que proveen merienda y almuerzo escolares.

En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamenta­ria para incremento presu­puestario a gobernación que arrastra deudas por provi­sión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Con­traloría General de la Repú­blica, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedo­ras de merienda escolar.

No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las provee­doras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.

En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifes­tación de bienes se redu­jeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la provee­dora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centrali­zación del uso de fondos de ali­mentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Esti­garribia y restar poder econó­mico al departamento Cen­tral, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, con­siderando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gober­nación de Central.

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría