Por Gonzalo Cáceres – Periodista

“Quien olvida su historia está condenado a repetirla” – Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana.

Poco tiempo después del golpe que derrocó a Stroessner en 1989, Raúl Monte Domecq y Guillermina Kanonnikoff impulsaron juntos un proceso judicial contra los responsables del asesinato, mediante tortura, de Mario Schaerer Prono en 1976, uno de los referentes de la extinta Organización Político Militar (OPM).

La querella fue contra Alfredo Stroessner, el ministro del Interior (Sabino Augusto Montanaro), el jefe de Investigaciones (Pastor Coronel), el jefe de la Policía Nacional (Alcibiades Brítez Borges) y los torturadores Nicolás Lucilo Benítez Santacruz, Camilo Almada Morel y Juan Aniceto Martínez Amarilla.

Esta demanda supuso un histórico golpe a la impunidad del cual gozaba (y continúa gozando) el círculo de privilegiados de la dictadura. Coronel, Martínez, Almada Morel y Benítez fueron condenados a 25 años de cárcel. A Brítez Borges le alcanzó un lustro. Stroessner y Montanaro no fueron incluidos (ambos estaban fuera del país) en el proceso. Fue el primer caso en toda Latinoamérica que culminó en condena para responsables de crímenes de lesa humanidad por causas políticas.

De entre los torturadores, Camilo Almada Morel era bien conocido, y temido, por ser de los más salvajes agentes de la dictadura y el principal artífice de la tristemente célebre “Pascua Dolorosa”.

EL CONTEXTO – OPM

El 3 de abril de 1976 caía Carlos Brañas, un estudiante paraguayo de medicina con domicilio en la ciudad argentina de Corrientes, en la aduana de Encarnación, durante un control policial rutinario tras cruzar el río Paraná en lancha. El susodicho portaba documentos de identidad falsos y escritos de la Organización Político Militar (OPM), lo que inmediatamente llamó la atención de los agentes. Fue el comienzo del fin para esta intentona revolucionaria.

A partir de la información extraída de Brañas se desató una feroz ola de allanamientos y detenciones. La oficina de Investigaciones de la Policía Nacional se dio cuenta de que estaba ante un movimiento clandestino, subversivo y que pretendía instalar la resistencia armada contra la dictadura stronista, en los papeles previos.

La plana mayor de la OPM fue arrasada en las siguientes horas y su precaria estructura desbaratada casi del todo con el correr de los días. La pesquisa constató que la OPM no solo estaba conformada por estudiantes secundarios de la burguesía capitalina y de los círculos universitarios locales y fronterizos, también contaba con profundas ramificaciones entre los dirigentes campesinos y religiosos de las Ligas Agrarias Cristianas (LAC).

La existencia de la OPM le cayó como anillo al dedo a Stroessner, que aprovechó el episodio para golpear a personas e instituciones que nada tenían que ver con el asunto. El dictador echó a andar su maquinaria represiva también sobre los referentes del campo, a sabiendas de que la experiencia de las Ligas Agrarias Cristianas (y su modelo social y político) se extendía como pólvora encendida por el interior del país desde hacía un buen tiempo.

OPM – ‘PASCUA DOLOROSA’

Es así que en la Semana Santa del 76 llegaba el temido comisario Camilo Almada Morel a San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones. Se instaló en la cárcel de Abraham Cué, un edificio antiguo con forma de ‘U’ empotrado en el núcleo urbano de la ciudad. Desde allí procedió a dar caza a cualquiera con olor a sospechoso, o de simpatizar con las ideas de la OPM, con el apoyo de los soldados de la Tercera División de Infantería del Ejército Paraguayo, policías, alcaldes de compañía y los infaltables milicianos (civiles de la seccional colorada local).

Alfredo Boccia Paz relata en su obra “La Década Inconclusa” los terroríficos episodios que se sucedieron. “Los campesinos eran llevados a Abraham Cué de a uno. Allí hubo el mismo proceso vivido por los militantes asuncenos unos días antes en Investigaciones: la tortura. Pero aquí con el estilo más bruto y bestial que imponía Camilo Almada Morel. El tormento sufrido por los agricultores apresados supera los límites de lo creíble”.

Los testimonios de los sobrevivientes fueron recopilados en el libro “Ko’aga roñe’eta” (Ahora hablaremos), editado por la CEPAG. El título surge de la frase que pronunció Almada Morel (“¡Ko’aga reñe’eta!) cuando le cortó los labios con un cuchillo a uno de los tantos desdichados que le tocó ‘procesar’.

La población entera de San Juan Bautista estaba sumergida de lleno en el miedo. Los niños cuyos padres fueron encarcelados quedaron vagando por las compañías, de los mismos los alcaldes tomaron las propiedades y todo objeto que les apetecía. El abuso sexual de menores y mujeres y el robo sistemático fue una constante. La impunidad de los agentes estatales era tal que, según una versión difundida por el hoy Monseñor emérito Mario Melanio Medina, “Sapriza”, cruzando raudamente una tarde la ciudad, atropelló y mató a una criatura de seis años que estaba sentada a la vera del camino. Nadie se atrevió a reclamar.

Los testimonios también indican que ‘Sapriza’ tuvo directa participación en el asesinato del dirigente Diego Rodas, quien fue ejecutado tras dos días de brutales torturas.

“Nada de lo que se diga que ocurrió en Misiones es exagerado”, alega Boccia Paz.

Los privados de libertad abarrotaban la cárcel de Abraham Cué y la Delegación de Gobierno. Un memorándum policial, firmado por ‘Sapriza’ a mediados de mayo del 76, indica que la situación llegó a tal punto que 84 campesinos tuvieron que ser remitidos a Asunción. Ocho asesinados fueron catalogados como “desaparecidos”, quedando para siempre en algún punto de Abraham Cué o los montes vecinos. Sus cuerpos nunca fueron entregados a los familiares.

El coronel Delis Villar Marecos relató al Diario ABC Color en 1992 que en esa época él era comandante de compañía. Afirmó que su trabajo fue recoger los informes sobre los procedimientos realizados en Abraham Cué. Según su versión, Stroessner llamaba todos los días a las seis de la mañana al general Eduardo Sánchez, superior de Villar Marecos en la Tercera División de Infantería, para conocer los avances de la investigación. “Yo, en cumplimiento de la orden de mi comandante (Sánchez), iba a traer los informes para el Presidente de la República”. Stroessner sabía de la carnicería desatada por Almada Morel y sus secuaces.

CAAGUAZÚ

Otro de los atroces episodios del extenso prontuario de Almada Morel es el conocido como ‘caso Caaguazú’.

El 7 de marzo de 1980, 10 componentes de la Base Acaray de las Ligas Agrarias Cristianas (Estanislao Sotelo, Mario Ruiz Díaz, Feliciano Verdún, Reinaldo Gutiérrez, Federico Gutiérrez, Concepción González, Fulgencio Castillo, Secundino Segovia, Gumersindo Brítez y Adolfo César Brítez) fueron desaparecidos por Almada Morel en complicidad de Juan Martínez, Lucilo Benítez, Eusebio Torres, todos bajo las órdenes de Pastor Coronel. Dos de los liguistas Mariano Martínez y su esposa Apolinaria González fueron obligados a reconocer uno de los cadáveres: “Tenía cortadas las dos piernas y había sido degollado con cuchillo: era el cadáver casi irreconocible de Estanislao Sotelo”, afirmó Martínez.

Francisco Duré, Arnaldo Duré y otros seis liguistas afirmaron haber sido salvajemente torturados por el grupo de “Sapriza” antes de guardar reclusión en las cárceles del Buen Pastor y Tacumbú.

En Capitán Miranda, Blas Garay, Costa Rosado, Empalado, y otros lugares de Caaguazú, también se denunciaron desapariciones y la presencia del grupo de represores encabezado por Almada Morel, en sucesivas redadas.

“SAPRIZA”

Camilo Almada Morel nació el 18 de julio de 1941 en Acahay, hijo de Don Serafín Almada y Doña Juliana Morel. Su residencia se encontraba en Purificación y Primera. Sobre su recorrido estudiantil y llegada a los cuerpos de seguridad estatales poco o nada se sabe. Fuentes confirmaron que poseía, o posee, acciones en diversas empresas de transporte público (línea 6, entre otras).

Él mismo afirmó durante el juicio por la muerte de Schaerer Prono que su trabajo dentro de la organización de la Policía Nacional era “la del control del servicio extremo político y afines”. Tenía a su cargo el control de los puestos fronterizos (Falcón, Sajonia, Itá Enramada, Aeropuerto Internacional) y también era responsable de “observar el movimiento de los pasos que no estaban habilitados” y lugares “de aglomeración” como la terminal de ómnibus de Asunción o la calle Palma. Sus archivos y la mayoría de datos suyos se perdieron (o hicieron ‘perder’).

Por el caso Schaerer Prono, “Sapriza”, a sus 48 años de edad, guardó reclusión en la Agrupación Especializada desde el 3 de agosto de 1989. Fue puesto en libertad el 10 de abril del 2014 tras cumplir el cuarto de siglo impuesto.

OTROS PROCESOS

Almada Morel cuenta con al menos 22 procesos impulsados por el Comité de Iglesias por crímenes de lesa humanidad y otros.

El 1 de septiembre de 1999 recibió 25 años de cárcel por el homicidio de los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba. En este caso fue beneficiado con la libertad por la compurgación de pena mínima (12 años y 6 meses), pero no abandonó la prisión al tener la condena del caso Schaerer Prono encima.

También recibió pena máxima por la desaparición de Carlos José Mancuello y Amílcar Oviedo (septiembre de 1976), según explicó el abogado Rodolfo Aseretto.

Pero no todas fueron malas para Almeda Morel, también tuvo sus victorias en Tribunales. En la primera década del nuevo milenio fue sobreseído en otros procesos de igual naturaleza, alguna que otra por “dejadez” del Ministerio Público.

CUENTAS PENDIENTES

Y en diciembre de 2019 nuevamente Almada Morel fue condenado a siete años de cárcel por la muerte de Celestina Pérez de Almada, esposa del activista Martín Almada, querella que comenzó en 1989. Martín Almada indicó que ‘Sapriza’ causó la muerte de Celestina al hacerle llamadas telefónicas durante las sesiones en que él era torturado, donde le hacía escuchar los gritos y que en una ocasión le llevaron su ropa ensangrentada, lo que terminó por ocasionarle un infarto a la mujer, el 6 de diciembre de 1974.

SE RESISTE A VOLVER A PRISIÓN

Sobre el caso de Celestina Pérez de Almada, en agosto de 2020, la Sala Penal de la Corte rechazó un hábeas corpus preventivo a favor Almada Morel planteado por el abogado Emigdio Allendre Morel.

Allendre Morel argumentó que el proceso arrancó tras la caída de la dictadura, con lo que a la fecha llevaba ya 31 años. Según alegó, el 29 de julio de 1997 se le dio a su cliente la libertad por compurgamiento de pena mínima, con lo que señala que ya cumplió la pena. Además, apuntó que ya sobrepasa los 70 años, por lo que no se le puede dar prisión preventiva por la edad. También habló de las dolencias que tiene por la edad, y que estaría en peligro en la cárcel por el Covid-19.

La Sala Penal de la Corte advirtió que Almada Morel está en rebeldía (2020) y que si quiere pedir a la Justicia, debe ponerse a disposición.

A ciencia cierta, y debido a su avanzada edad (80 años), Camilo Almada Morel sería beneficiado con la prisión domiciliaria, así como lo estima el Código Procesal Penal paraguayo. Sin embargo, y conforme explicó el abogado Aseretto, “él no puede gozar de ese beneficio por la naturaleza de sus crímenes”.

MÁS QUE CIFRAS

La dictadura stronista se saldó con 18.772 torturados, 59 ejecutados extrajudicialmente, 336 desaparecidos, 3.470 exiliados, 107.987 víctimas indirectas, entre familiares y allegados, y 7.851.295 hectáreas de tierras malhabidas, según un estudio de la Comisión Verdad y Justicia (CVJ).

Todavía existen al menos 600 torturadores libres de culpa y pena.

Por Cinthia Mora, periodista.

La campaña de perse­cución que desató el diario Abc Color en contra de la actual titular de Seprelad, Liliana Alca­raz, con el objetivo de invo­lucrarla, sin motivos, en la causa penal donde se inves­tiga a Abdo Benítez y sus excolaboradores, forma parte de la estrategia de defensa mediática del exmandatario imputado.

En agosto de 2023, al asu­mir el cargo de ministra de Seprelad, la exfiscal Liliana Alcaraz constató que no se habían aplicado las reco­mendaciones del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat) respecto a las filtraciones ni tampoco sumarios a los funcionarios responsables por los gra­ves hechos. Las filtraciones de informes de inteligencia fueron motivo de alerta por parte de los evaluadores del Gafilat que en setiembre de 2022 recomendaron la apli­cación de protocolos para evi­tar tales situaciones y corre­gir los malos manejos.

Alcaraz ordenó la aplicación de sumarios a los funciona­rios asignados a la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico y la apli­cación de los protocolos reco­mendados por el Gafilat. Los resultados de estos sumarios fueron enviados al Ministe­rio Público por solicitud de los agentes fiscales Aldo Can­tero y Giovanni Grissetti, en diciembre de 2023.

Los informes remitidos desde la Seprelad al Ministe­rio Público aportaron infor­mación relevante que permi­tieron colectar datos, correos electrónicos y testimonios que hoy forman parte de los 42 elementos que sustentan la imputación contra Abdo Benítez y su gavilla.

El documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández fue descubierto gracias a la colaboración de la actual ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz (Crédito: Acta de imputación)

EL DOCUMENTO SECRETO Y LOS CORREOS

Entre los 42 elementos de prueba que sustentan la imputación contra Abdo Benítez resaltan dos infor­mes remitidos por la nueva administración de Seprelad. El primer informe es del 21 de noviembre de 2023, en el cual la Seprelad responde a un pedido de los fiscales Cantero y Grissetti sobre los procedimientos ejecutados dentro de la Unidad de Inte­ligencia Financiera.

La respuesta de la Sepre­lad aportó un detalle que se convertiría luego en la “brú­jula” de la investigación fis­cal, el documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández. Este docu­mento en formato word fue detectado en los archivos de la DGAFE (Dirección Gene­ral de Análisis Financiero y Estratégico), dirección que estuvo a cargo de Carmen Pereira y de Guillermo Preda Galeano, ambos imputados en la causa.

El documento secreto fue uti­lizado como base para la ela­boración del informe de inte­ligencia (10/2022) que luego fue presentado al Ministe­rio Público y enviado a EE. UU. en carácter de “informa­ción espontánea”. El archivo fue redactado en una oficina paralela dentro de la Seprelad y a cargo de un funcionario que no pertenecía a la institu­ción. En el borrador se intro­dujo información falsa y ter­giversada, según lo expuesto por el Ministerio Público.

Este revelador documento fue uno de los elementos de prueba que permitió a los agentes fiscales construir la tesis de la persecución polí­tica ya que fue elaborado por fuera de lo que establece la ley y bajo la orden específica de perseguir exclusivamente a Cartes y a sus empresas.

El otro informe remitido por la ministra Liliana Alcaraz y que permitió avanzar aún más en la investigación contra Abdo Benitez y su camarilla fueron los correos electróni­cos entre la exviceministra Carmen Pereira y los funcio­narios de la Unidad de Inteli­gencia Financiera de la Sepre­lad, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira, todos imputados en la causa.

En estos correos se detalla la manera en que fue incorpo­rado el documento secreto, redactado por Farías y Fer­nández, al circuito institucio­nal de la Seprelad para que sea utilizado como base para la elaboración de un informe de inteligencia contra Horacio Cartes. En estos correos tam­bién se ordenaba incorporar al documento oficial infor­mación tendenciosa y juicios de valor para perjudicar a los enemigos políticos.

DESMIENTE INFORMACIÓN FALSA DE ABC

Publicaciones de tinte mali­cioso y falso del diario Abc Color tienen como objetivo instalar que Liliana Alcaraz fue partícipe del esquema de filtración en su calidad de punto contacto del sis­tema que recibió el pedido de información de la fiscalía de Panamá.

La actual titular de Seprelad mencionó que recién tuvo acceso al sistema mencio­nado en marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Inte­rior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la fiscalía panameña.

Alcaraz explicó que la RRAG es una plataforma electrónica que se encuentra en el extran­jero (Costa Rica) a través de la cual los países que conforman el Gafilat pueden intercam­biar información de manera segura y recién una persona se convierte en punto de con­tacto cuando tiene acceso a la plataforma. Cada país tiene un coordinador y es este quien gestiona estos accesos. En ese entonces era el minis­tro de Seprelad Carlos Arre­gui. Actualmente ese cargo lo ocupa Liliana Alcaraz. “La responsabilidad siempre es del coordinador nacional”, subrayó.

Por Cinthia Mora, periodista.

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investiga­ciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

Para llevar adelante ese obje­tivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fis­cales) entre ellos Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.

La estrategia incluso había sido revelada por un excolabo­rador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un pro­grama de televisión que gene­rar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los ene­migos políticos de Abdo.

El acta de imputación de la Fis­calía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcio­narios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.

EL ARCHIVO SECRETO

De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Car­los Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redac­tado el informe de inteligen­cia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en cola­boración con personas ajenas a la institución.

Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Sepre­lad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elabora­ción y en qué condiciones fue redactado.

En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Sepre­lad un documento en for­mato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.

En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino tam­bién quedaron registradas las “huellas” de quienes intervi­nieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fisca­lía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceminis­tra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligen­cia contra Horacio Cartes.

EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA

“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN

En los archivos de la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación mon­tada por funcionarios de la institución e incluso por per­sonas ajenas a la institución y sin potestad legal para acce­der a informes de inteligencia.

En el acta de imputación se incluyen los metadatos (hue­llas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Fran­cisco Pereira. Estos metada­tos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernán­dez en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.

En ese sentido, según la Fis­calía, Daniel Farías Kronawe­tter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Sepre­lad) y René Fernández, enton­ces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elabo­rado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confiden­cial filtrado a la prensa.

Tal es así que, Farías y Fer­nández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autorida­des nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.

Conforme al acta de impu­tación, el archivo habría servido de base para la fil­tración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Hora­cio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio.

LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.

En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boida­nich”. Y, en tercer lugar, a tra­vés del entonces secretario pri­vado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espí­nola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibi­dos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.

La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confi­denciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emi­sión del posterior informe de inteligencia.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo esco­lar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efecti­vamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos pro­veedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.

Con los dardos que lanzó Ama­rilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitacio­nes de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blan­cos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búme­ran de los intereses particu­lares que presuntamente hacen reaccionar a la parla­mentaria.

En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras perso­nas para pasar desaperci­bida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la sena­dora que proveen merienda y almuerzo escolares.

En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamenta­ria para incremento presu­puestario a gobernación que arrastra deudas por provi­sión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Con­traloría General de la Repú­blica, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedo­ras de merienda escolar.

No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las provee­doras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.

En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifes­tación de bienes se redu­jeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la provee­dora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centrali­zación del uso de fondos de ali­mentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Esti­garribia y restar poder econó­mico al departamento Cen­tral, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, con­siderando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gober­nación de Central.

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría