La Iglesia católica ya no recibirá el aporte económico del Estado. La Conferencia Episcopal Argentina anunció oficialmente que el último día de 2023 concluyó el proceso que había iniciado hace cinco años con vistas a la renuncia a la asignación mensual que recibían los arzobispos y obispos de todo el país.

A esto se sumará en los próximos meses la prescindencia de una contribución a los seminaristas diocesanos y el completo reemplazo de otra a los párrocos de frontera por una ayuda a la obra solidaria.

El monto del aporte no era significativo -un poco más de un centenar de prelados recibían unos 55 mil pesos mensuales e incluso era menor la ayuda a unos pocos seminaristas y párrocos de frontera- y significada el 7 % del presupuesto de la Iglesia. Pero suscitaba polémica porque implicaba una contribución permanente al sostenimiento de una religión determinada de un Estado no confesional y porque había sido dispuesto por una ley de la última dictadura.

Con el artículo 2 de la Constitución que establece que el gobierno federal sostiene al culto católico como marco, la ley 21.950, de 1979, estableció que los arzobispos y obispos ganaran de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración del juez nacional de primera instancia.

Un año antes, la ley 21.540 estableció que los arzobispos y obispos que cesarán en sus funciones por razones de edad o invalidez percibirían una asignación equivalente al 70 %. Pero los montos hace años que no se actualizaban. Finalmente, un decreto de 1980 también dispuso una ayuda a párrocos de frontera y seminaristas diocesanos.

En 2018, durante el primer debate por la legalización del aborto que promovió el gobierno de Mauricio Macri, se alzaron voces pidiendo la “separación” entre la Iglesia católica y el Estado que, en los hechos, implicaba el cese del aporte económico. En un informe ante el Congreso, el entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, expuso la situación a partir de una consulta de la diputada de Evolución, aliada a Cambiemos, Carla Carrizo.

Entonces, la Iglesia anunció el inicio de un proceso para renunciar al aporte que ya venía considerando y puso en marcha un plan para su completo autosostenimiento en base a la contribución de sus fieles. Dijo tras una reunión de la comisión permanente del Episcopado que se estaban estudiando propuestas “con el fin de ir resignando de manera gradual las asignaciones que reciben los obispos de parte del Estado nacional”.

A ello se sumó a fines de ese año una resolución de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación que autoriza a toda religión reconocida por el Estado -o sea, la católica y las que figuran en el Registro Nacional de Cultos- a poder percibir de los padres de los alumnos de los colegios bajo su gestión un aporte para el sostenimiento de su culto.

Además, el año pasado la secretaría de Culto dispuso con carácter transitorio una asignación de 98 mil pesos para un puñado de arzobispos y obispos ancianos y con invalidez que se tramitará -según aclara la propia Conferencia Episcopal- de manera particular siguiendo una serie de requisitos.

La renuncia al aporte del Estado fue aprobada en un plenario de obispos en 2018 por abrumadora mayoría. “Esta renuncia es un gesto que hemos anunciado al Pueblo de Dios y a la sociedad en general ante los cuáles hemos empeñado la credibilidad de nuestra palabra”, decía a comienzos del año pasado una circular interna.

La renuncia formó parte de un largo debate interno -en rigor, hay una disposición interna de avanzar en el completo sostenimiento de la Iglesia que data de mediados de la década del ‘90, entonces publicada por Clarín- cuya concreción contribuirá a la independencia del Estado que, en la Argentina, es como decir del gobierno de turno, justo cuando el pontífice es argentino.

Del debate por el aborto al “no hay plata”

Suele decirse, con razón, que los tiempos de la Iglesia son largos. La renuncia al aporte del Estado no fue la excepción. A comienzos de los ‘90 los obispos ya debatían hacerlo. Y si bien la contribución estatal no era muy significativa -en los últimos años no llegaba al 10 % del presupuesto de la Iglesia- en muchas de las 65 diócesis del país la asignación mensual a los obispos y la ayuda a los párrocos de frontera y los seminaristas diocesanos era valiosa.

El escollo para renunciar era que los obispos no lograban contar con un plan de autosostenimiento eficaz. Por impericia o por reticencia a hablar de dinero con los propios fieles. Y mostrar sin vergüenza sus números. Hubo varios como el Plan Compartir que, en un momento, pareció que cuajaba. Para colmo, muchos católicos creían que la Iglesia estaba totalmente financiada por el Estado y entonces no hacía falta poner un peso.

El debate por la legalización del aborto que habilitó el presidente Mauricio Macri con el envío de un proyecto aceleró los tiempos. La oposición de la Iglesia provocó una campaña de los que agitaban los “pañuelos anaranjados” pidiendo la separación de la Iglesia y el Estado. El tema se coló en un informe ante el Congreso del entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, ante una pregunta de la diputada radical Carla Carrizo.

Para la Iglesia aquello fue una puesta en escena del gobierno -Carrizo, de Evolución, estaba a favor del proyecto y era una aliada de Cambiemos- que, junto con la campaña de los “pañuelos anaranjados”, la decidió a acelerar los tiempos y anunciar que comenzaba el proceso para renunciar al aporte estatal. Era muy poco el dinero que recibía del Estado y el daño en su imagen, cada vez más grande.

Puso en marcha el llamado Programa Fe, actualmente vigente, que cuenta con un fondo compensador para atender a los obispados más pobres. A la vez que obtuvo que los colegios gestionados por todas las religiones reconocidas por el estado pudiesen percibir una contribución de los padres para el sostenimiento del culto.

Así las cosas, la Iglesia gana en independencia y la famosa separación del Estado está en buena media consumada. No es un dato menor que se concrete cuando hay un pontífice argentino que brega por una concepción moderna de la religión en un contexto plural y democrático.

Y no deja de ser curioso que se produzca cuando el flamante presidente Javier Milei viene advirtiendo que “no hay más plata”.

Con información de Clarín.

La Cámara de Diputados de Argentina designó este martes como secretaria primera de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a la legisladora oficialista Lilia Lemoine (La Libertad Avanza - LLA), una actriz y modelo de ‘cosplayer’ que defiende las teorías conspirativas.

El nombramiento de Lemoine generó fuertes críticas de la oposición y una ola de comentarios en las redes sociales, donde los usuarios difundieron un video en el que resalta la idea de que la Tierra es plana.

Para argumentar su afirmación, la joven artista devenida en política asegura que “no hay vuelos comerciales a través del océano Pacífico (sic)” y que considerar plana a la Tierra permite “comprender mucho mejor las rutas aéreas” que si fuera esférica.

En el mismo posteo, publicado por Lemoine antes de ser diputada, pone en duda la llegada del hombre a la Luna.

También compartieron otro archivo audiovisual en el que la diputada libertaria propone un curioso método de testeo para detectar el coronavirus, y sugiere que es tan simple que podrían hacerlo la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y organismos similares de otros países.

“¿Es tan difícil agarrar a un enfermo de coronavius, hacerlo toser arriba de una mesa y que después vaya otra persona, por supuesto sin factor de riesgo, a chupar la mesa y ver si se contagia o no se contagia? Es un test muy simple que lo podés hacer en tu casa”, proponía en los tiempos de la pandemia.

La designación de Lilia Lemoine como secretaria primera de la referida comisión parlamentaria se hizo efectiva este martes en una reunión de legisladores presidida por Daniel Gollan (Unión por la Patria).

Santiago Santurio, diputado de LLA, fue el encargado de dar a conocer la propuesta del oficialismo para que su partido esté “bien representado” con Lemoine como autoridad de la comisión. Según afirmó, la postulante es “especialista en información de la tecnología, redes y contenidos; y diseñadora web con 12 años de experiencia formal en el sector privado de telecomunicaciones”.

En su cuenta de la red social X, Lemoine salió a aclarar que no preside dicha comisión ni tampoco la de Comunicaciones e Informática.

“Aviso porque gente que no entiende cómo se conforman las autoridades de las comisiones hace correr información inexacta”, escribió.

Los festejos por el Día de las Madres en un colegio de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora, han causado polémica, debido a que incluían un espectáculo de ‘stripper’.

El evento tuvo lugar en el Liceo San Agustín, campus Puerta Real, al oeste de la ciudad, la noche del pasado martes 7 de mayo, tres días antes del Día de la Madre en el país latinoamericano, reseña Vanguardia.

Lo que más ha llamado la atención es que la institución, que ofrece educación desde preescolar hasta preparatoria, se defina como católica.

“Brindamos una excelente visión católica y deportiva entre los niños y niñas que forman parte de la plantilla de alumnos”, promete la institución en su página web.

En redes sociales se viralizaron las imágenes del evento, en el que se ve a un ‘stripper’ bailando sensualmente para las representantes de los estudiantes. Algunas de las asistentes intentaban tocar al bailarín, mientras que otras aplaudían y bailaban al ritmo de la música.

Según el medio, el evento fue avalado y presenciado por las autoridades de la escuela primaria. Además, en la invitación se dejaba claro que la entrada era exclusiva para mamás, sin niños.

En la madrugada del viernes, los equipos de la AFP reportaron disparos de artillería israelíes contra la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, y testigos informaron de bombardeos sobre Ciudad de Gaza y Jabaliya, en el norte del territorio.

Durante los últimos dos días, los mediadores en estas negociaciones (Catar, Egipto y Estados Unidos) intentaron forjar un pacto que permita la liberación de rehenes israelíes y evite un asalto contra Rafah después de siete meses de guerra.

Sin embargo, el movimiento islamista Hamás, que había aceptado el lunes la propuesta presentada por los mediadores, dijo en una carta a otras facciones palestinas que Israel la había rechazado.

“En consecuencia, la pelota está ahora completamente en el tejado de la ocupación”, dijo este grupo considerado terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.

El medio egipcio Al Qahera News, cercano a los servicios de inteligencia del país, señaló que los mediadores continuaban sus esfuerzos “para acercar los puntos de vista de ambas partes” tras la marcha de ambas delegaciones.

En una conversación con su homólogo estadounidense Antony Blinken, el canciller egipcio Sameh Shoukry reclamó a ambas partes “flexibilidad y desplegar todos los esfuerzos necesarios para conseguir un acuerdo de tregua”, dijo su ministerio.

La guerra estalló el 7 de octubre con el ataque sin precedentes de Hamás contra el sur de Israel, que dejó más de 1.170 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP en base a datos oficiales israelíes.

Los comandos islamistas también secuestraron más de 250 personas en su ataque. Después de un canje de rehenes por presos palestinos durante una tregua en noviembre, las autoridades israelíes calculan que 128 siguen en Gaza, aunque 36 habrían muerto.

La ofensiva de represalia de Israel contra la Franja de Gaza ha dejado hasta ahora 34.904 muertos, según el Ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamás desde 2007.

- “Nos quedaremos solos” -

Según un alto cargo del movimiento palestino, la última propuesta establecía una tregua de tres fases, cada una de 42 días de duración.

También incluía la retirada de Israel de Gaza y un intercambio de rehenes por presos palestinos con el objetivo de “un alto el fuego permanente”.

Pero Israel replicó que la oferta quedaba “lejos de sus exigencias” y reiteró su oposición a un alto el fuego permanente hasta vencer al grupo islamista.

Para cumplir con este objetivo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, considera necesaria una ofensiva terrestre sobre Rafah donde, según él, se encuentran los últimos batallones de Hamás.

La ciudad también acoge a unos 1,4 millones de palestinos, en su mayoría desplazados por la guerra de otras partes de la Franja, lo que hace temer a la ONU un “baño de sangre”.

Desde el martes, Israel despliega incursiones “limitadas” en el este de Rafah y ha tomado su paso fronterizo con Egipto, puerta de entrada clave de la ayuda humanitaria al asediado enclave.

El presidente estadounidense, Joe Biden, amenazó con suspender las entregas de ciertos tipos de armas a Israel si lanza una gran ofensiva contra esta ciudad.

“Si tenemos que quedarnos solos, nos quedaremos solos. Como ya he dicho, si hace falta, combatiremos con uñas y dientes”, respondió Netanyahu.

El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, aseguró que el país dispone de armamento suficiente para “cumplir con su misión en Rafah”.

- Parálisis de las operaciones humanitarias -

De momento, las incursiones y órdenes de evacuación israelíes en el este de la ciudad han provocado la marcha de unas 80.000 personas, según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos.

“Los tanques, la artillería y el ruido de los bombardeos son incesantes. La gente tiene miedo y quiere buscar un lugar seguro”, dijo a la AFP un desplazado, Abdel Rahman.

Agencias de la ONU han advertido de las consecuencias del cierre del paso fronterizo de Rafah, por donde entraba el combustible usado en Gaza, y del cercano paso de Kerem Shalom, reabierto el miércoles tras tres días cerrado.

La falta de carburante “paraliza por completo las operaciones humanitarias”, dijo Andrea de Domenico, que dirige la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en los Territorios Palestinos.

También amenaza el funcionamiento de los hospitales del enclave que, según advirtió el miércoles la Organización Mundial de la Salud, solo tenían combustible “para tres días”.

Si no llegan suministros de carburante, “las consecuencias se notarán casi inmediatamente”, alertó la directora de Unicef, Catherine Russell.

“Las incubadoras para los bebés prematuros no tendrán electricidad, niños y familias se deshidratarán o consumirán agua no potable y las alcantarillas se desbordarán, propagando enfermedades”, auguró.

Fuente: AFP