Fuente: AFP

“Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de institutos que no sirven absolutamente para nada, como el Inadi”, dijo Adorni al enmarcar el cierre del organismo que lucha contra la discriminación y asiste a sus víctimas en el plan de reducción del Estado del presidente ultraliberal Javier Milei.

El organismo, con dependencias en todo el territorio nacional y una plantilla de 400 empleados, recibe un promedio de 2.500 denuncias al año por discriminación, según su último informe. La mayoría proviene del ámbito laboral o educativo y es por motivos de discapacidad, orientación sexual o género.

Diego Morales, director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales, calificó esta decisión como “parte de un programa del gobierno nacional destinado a eliminar o limitar las capacidades de órganos de protección de derechos humanos en Argentina”.

Morales advirtió que muchas denuncias quedarán en “un limbo” y recordó que el Inadi es el órgano de aplicación en Argentina de los compromisos adquiridos ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) de la ONU.

Por esto, el cierre del instituto será “también un problema de derecho internacional de los derechos humanos. Este es un problema que Argentina va a tener con la ONU”, agregó.

“No nos sorprende, porque este gobierno se ha ensañado especialmente con las instituciones que defienden los derechos de las diversidades”, dijo de su parte Ana Fornaro, cofundadora de la Agencia Presentes, un medio regional especializado en temáticas de género, diversidad y derechos humanos.

Al explicar que deben darse pasos administrativos antes del cierre definitivo del instituto, Adorni detalló: “Nos encantaría que el Inadi esté cerrado hoy, eso no es posible por cuestiones administrativas”.

“Hay un sinfín de institutos que el presidente Milei está decidido a desmantelar; la batalla de achicar el gasto público es central en nuestro plan de gobierno”, agregó.

Desde que asumió el 10 de diciembre, el presidente ultraliberal despidió a 30.000 empleados del Estado y no renovó otros 10.000 contratos, además de paralizar las obras públicas que financia la administración nacional en todo el país en aras de achicar el gasto público.

“No vamos a seguir financiando lugares donde se pagan favores políticos en un país que está absolutamente empobrecido”, dijo Adorni al tender un manto de sospecha sobre las designaciones dentro del Inadi, que actualmente está intervenido.

El Inadi fue creado en 1995 por una ley del Congreso y depende del Ministerio de Justicia.

Argentina registró en enero su primer superávit fiscal mensual en 12 años en el marco de un drástico plan de achicamiento del Estado que incluye, entre otros recortes, una millonaria quita de subsidios a la energía y el transporte, con una inflación interanual en enero de 254,2%.

Antes de su actualización, la página covid.gov promovía información sobre vacunas y pruebas diagnósticas. Ahora pone en portada la imagen del presidente Donald Trump y critica las políticas que implementó su antecesor, Joe Biden, durante la emergencia sanitaria.

El sitio también reprueba la gestión de Anthony Fauci, principal asesor médico del gobierno de Biden, por promover lo que denomina como la “narrativa preferida de que el covid-19 se originó de forma natural”.

Además, en la página se rechazan las órdenes de uso de mascarillas y de distanciamiento social impuestas cuando se propagó el coronavirus en 2020.

La web enumera cinco argumentos a favor de la teoría de la fuga del laboratorio. Uno de ellos es que Wuhan, la ciudad donde se registró el primer caso conocido del virus, también alberga el “principal laboratorio de investigación del (virus respiratorio) SARS” de China y tiene un historial por investigar con “niveles inadecuados de bioseguridad”.

“Si existieran pruebas de un origen natural, ya habrían aparecido. Pero no es el caso”, se lee en la página.

La hipótesis de la fuga de un laboratorio, calificada en su momento de conspirativa, ha ganado recientemente popularidad en Estados Unidos.

Agencias estadounidenses como el FBI, la CIA o el Departamento de Energía se han pronunciado a favor, aunque con distintos niveles de confianza.

China ha respondido que es “extremadamente improbable” que el covid-19 tuviera un origen artificial y ha pedido a Estados Unidos “dejar de politizar e instrumentalizar el tema del rastreo del origen”.

En una sección titulada “Desinformación sobre covid-19″, el sitio estadounidense también acusa a funcionarios de salud pública de la administración Biden de satanizar los “tratamientos alternativos” y de conspirar con empresas de redes sociales para censurar opiniones discrepantes sobre la pandemia.

Más de un millón de personas han muerto en Estados Unidos a causa del covid-19 y enfermedades relacionadas.

Fuente: AFP

Ambos hermanos buscan una revisión de su pena, que les permita salir en libertad luego de permanecer más de tres décadas encarcelados por el asesinato de José y Kitty Menéndez en su mansión de Beverly Hills.

El caso estremeció a Estados Unidos en los años 1990.

Inicialmente, los hermanos dijeron que sospechaban que la mafia estaría detrás del sangriento crimen, dado que su padre era un poderoso ejecutivo de la música.

Pero durante un extremadamente mediático juicio, su defensa los caracterizó como víctimas de un padre violento y una madre negligente y admitió que habían cometido el crimen en defensa propia, tras años de abuso psicológico y sexual.

La Fiscalía los había acusado de planear el parricidio para hacerse con una herencia valorada en 14 millones de dólares.

Un primer jurado no consiguió alcanzar un veredicto unánime, pero en un segundo juicio fueron sentenciados a cadena perpetua.

A medida que el caso ganó un segundo aire el año pasado, de la mano de una miniserie y un documental lanzados por Netflix, los hermanos Menéndez iniciaron una nueva cruzada legal para salir en libertad con el apoyo de la opinión pública y de varios de sus familiares.

Quienes los respaldan sostienen que Lyle, de 57 años, y Erik, de 54, tienen un expediente ejemplar en la prisión y están listos para reinsertarse en la sociedad.

La campaña cobró más fuerza gracias a que el entonces fiscal de Los Ángeles abogó el año pasado ante la justicia por una nueva sentencia.

Pero el nuevo titular del despacho, Nathan Hochman, cambió la posición de la Fiscalía.

Fuente: AFP

La fiebre amarilla es una enfermedad viral hemorrágica aguda que es endémica en partes tropicales de América Central y del Sur, incluido en Colombia.

Transmitida por mosquitos, puede provocar fiebre, dolor muscular y de cabeza o náuseas y, en los casos más graves, problemas renales, sangrado y la muerte.

El ministro de Salud colombiano, Guillermo Alfonso, indicó en el comunicado que han detectado 74 casos de esta enfermedad, de los cuales 34 terminaron en deceso.

Además, el virus se ha extendido más allá de las zonas habitualmente consideradas de riesgo como la amazónica, el Catatumbo y el Chocó, “lo que lo convierte en una amenaza para más comunidades”.

“La situación más crítica se presenta en el departamento del Tolima donde, desde septiembre de 2024, se pasó de cuatro a 22 puntos detectados”, afirmó el comunicado.

El gobierno señaló que habían movilizado más de 80.000 personas entre médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios para hacer frente a la emergencia.

“La estrategia está centrada en la vacunación masiva, desde los 9 meses de edad. Hasta la fecha se han vacunado casi 8.000 personas mayores de 70 años”, dijo Alfonso Jaramillo en el comunicado.

El ministro aseguró que el país cuenta con provisión suficiente de vacunas para enfrentar la emergencia y anunció que todos los viajeros que entren o salgan del país deberán presentar el carné de inmunización.

Desde Estados Unidos, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades elevó a nivel 2 la alerta por fiebre amarilla para Sudamérica y recomendó vacunarse a quienes viajen a ciertas partes de Bolivia, Colombia y Perú.

Fuente: AFP