La tala en la mayor selva tropical del planeta totalizó 13.235 km² en el período 2020-2021, el mayor valor desde 2005-2006 (14.286 km2), según registros del sistema de vigilancia de deforestación PRODES, del brasileño Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

Es el tercer aumento anual bajo mandato del presidente Bolsonaro, quien busca combatir las críticas internacionales que lo responsabilizan de promover estas alzas con políticas que debilitaron la fiscalización en el bioma y su discurso favorable a las actividades extractivas en áreas protegidas.

Las cifras suponen “un desafío para nosotros y tendremos que ser más contundentes en relación a los delitos ambientales. Ciertamente ampliaremos nuestra actuación” en la región, admitió el ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite, en una rueda de prensa en Brasilia poco después de conocerse el documento.

Afirmó, sin embargo, que los datos “no reflejan exactamente la actuación de los últimos meses”.

El gobierno asegura haber intensificado sus acciones para combatir la deforestación ilegal con una mayor presencia de efectivos en el terreno en los últimos 90 días, enfocado en los 23 municipios con mayor incidencia de crímenes ambientales.

La deforestación es en particular atribuida a actividades ilegales de minería y ganadería.

“A quienes todavía insisten en esos delitos ambientales, (les advertimos) que el estado brasileño entrará con fuerza total a la Amazonía”, aseguró por su parte el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres.

Bolsonaro asumió el poder en enero de 2019 con un fuerte discurso antiambientalista y es acusado por ONG, el movimiento indígena y opositores de debilitar los mecanismos de control ambiental.

Entre agosto de 2018 y julio de 2019, el área deforestada en la Amazonía fue de 10.129 km2, un aumento de 34% respecto al año móvil anterior, según los datos del sistema PRODES.

En el período siguiente (2019-2020), se perdieron 10.851 km2, un alza de 7%, pese al envío de costosas operaciones militares a la selva para controlar las actividades ilícitas durante los períodos más intensos de deforestación e incendios en la Amazonía.

CUMPLIR METAS DE COP26

“El resultado es fruto de un esfuerzo persistente, planificado y continuo de destrucción de las políticas de protección ambiental” bajo el gobierno de Bolsonaro, dijo en un comunicado Marcio Astrini, secretario ejecutivo de la red Observatório do Clima, que reúne a las principales ONG e institutos ambientalistas que actúan en Brasil, incluidos WWF y Greenpeace.

El Observatorio acusó al gobierno de ocultar los datos hasta después de la COP26, puesto que el documento divulgado este jueves por el Inpe, vinculado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones, trae escrita la fecha “27 de octubre de 2021”.

“El gobierno ya tenía en manos los datos de deforestación cuando ocurrió la conferencia del clima de Escocia y lo omitió deliberadamente”, dijo la ONG, algo que el gobierno niega.

“La información que tengo es que esto fue divulgado hoy”, respondió el ministro Leite.

Entre las metas que anunció en la última conferencia de la ONU sobre cambio climático de Glasgow, Escocia, Brasil adelantó dos años, de 2030 a 2028, el límite para eliminar la deforestación ilegal en su territorio, que alberga un 60% de la Amazonía.

“Ciertamente seremos más contundentes para revertir los números (de deforestación) y cumplir la meta que fue anunciada en la conferencia”, concluyó Leite.

El líder ultraderechista fue hallado culpable en septiembre de haber operado para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios.

En la apelación, los abogados alegaron “profundas injusticias” y “contradicciones” en el fallo que tiene al político de 70 años cerca de ir a la cárcel. La defensa reclamó supuestos obstáculos para ejercer su función durante el juicio y buscaba reducir la pena.

Los cuatro magistrados de la primera sala del Supremo Tribual Federal votaron en contra del recurso, en una sesión que transcurre de modo virtual.

El resultado no será oficial hasta finalizado el plazo establecido por el tribunal, a la medianoche del 14 de noviembre.

- Rechazo total -

El juez Alexandre de Moraes, a cargo del caso, fue el primero en pronunciarse y rechazó todos los argumentos de la defensa.

En un extenso documento de 141 páginas al que accedió la AFP, Moraes reiteró el papel de Bolsonaro como líder de una organización criminal que, junto a varios colaboradores, conspiró para atentar contra el estado de derecho democrático.

También reafirmó su actuación como instigador de los actos del 8 de enero de 2023, cuando cientos de sus seguidores asaltaron las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

El magistrado negó la existencia de “cercenamiento de defensa”, señalando que todas las pruebas fueron puestas a disposición de los abogados.

Y descartó reducir el castigo, argumentando incluso que la avanzada edad de Bolsonaro ya había sido considerada como un factor atenuante.

“La sentencia fundamentó todas las etapas del cálculo de la pena”, escribió Moraes.

Los otros tres jueces votaron en el mismo sentido a lo largo del día.

El exmandatario (2019-2022) espera la decisión en prisión domiciliaria preventiva y con prohibición de dar declaraciones públicas o usar redes sociales.

Si el resultado es desfavorable, aún cabe otra apelación, pero esta puede ser rechazada sin ser sometida a votación.

En ese caso, la condena empezaría a aplicarse y Bolsonaro podría entrar en prisión.

Por sus problemas de salud, la defensa puede solicitar a la corte que le permita cumplir su condena en casa, tal como ocurrió con el expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992).

Este obtuvo en mayo prisión domiciliaria para una condena de ocho años por corrupción.

Bolsonaro sufre varias complicaciones derivadas de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante un acto de su campaña a la presidencia. Además fue diagnosticado recientemente con cáncer de piel, aunque le removieron las lesiones.

- Apoyos -

Tras la condena, el bolsonarismo impulsó un proyecto de ley de amnistía en el Congreso que beneficiaría al expresidente y a los participantes de los disturbios de aquel 8 de enero.

Sin embargo, la iniciativa se desinfló después de grandes protestas en varias ciudades de Brasil.

El proceso contra el mayor líder de la derecha brasileña avanza mientras Brasil y Estados Unidos recomponen su relación bilateral, tensionada precisamente por este juicio.

Una campaña en Estados Unidos del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, contribuyó a que Donald Trump impusiera aranceles punitivos de 50% a exportaciones brasileñas.

Lula se encontró con Trump en octubre en Malasia para conversar sobre los aranceles y anticipó “buenos acuerdos para ambos países”.

El jueves, Eduardo Bolsonaro se reunió en Washington con el primer ministro húngaro, el ultraconservador Viktor Orban, quien le expresó su apoyo “firme” a la familia.

“¡Sigan luchando!: las cacerías de brujas políticas no tienen cabida en la democracia”, escribió Orban en X.

Fuente: AFP.

Fuente: AFP

“Soy más bien optimista, pero me mantengo vigilante porque también defiendo los intereses de Francia”, declaró Macron a periodistas el jueves al margen de la cumbre de jefes de Estado que precede a la COP30 en Belém, Brasil.

Los agricultores y ganaderos franceses temen que su mercado se vea inundado de carne, azúcar o arroz procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en el marco del acuerdo UE-Mercosur.

Bruselas espera obtener el aval de los Estados europeos antes de finales de diciembre, mientras el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ocupe la presidencia rotatoria del Mercosur.

“Este acuerdo, finalizado en la opacidad y que atenta directamente contra los intereses de la agricultura francesa, debe ser rechazado”, declaró Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN), en la red social X.

“Después de la industria, ahora es nuestra agricultura la que (el jefe de Estado) acepta malvender”, criticó en la misma red social el presidente de Los Republicanos (derecha), Bruno Retailleau.

“¡Un presidente tan desacreditado debería callarse y dejar que el Parlamento decida!”, ironizó por su parte el secretario nacional del Partido Comunista Francés (PCF), Fabien Roussel.

Macron “está firmando la sentencia de muerte de la agricultura francesa”, lamentó la eurodiputada de La Francia Insumisa (izquierda radical), Manon Aubry, criticando el “giro inaudito y escandaloso” del jefe de Estado, quien “decía que se opondría a este acuerdo de libre comercio”.

En su visita a México el viernes, Macron reaccionó a las críticas y dijo que Francia mantiene “la vigilancia” sobre el acuerdo.

Francia espera “respuestas claras” sobre el pacto, insistió durante una rueda de prensa junto a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Washington comenzó a llevar a cabo a principios de septiembre este tipo de operaciones apuntando a embarcaciones en aguas caribeñas y del Pacífico oriental. Algunos expertos han advertido que equivalen a “ejecuciones extrajudiciales”, incluso si apuntan a traficantes conocidos.

Según el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, quien publicó imágenes aéreas del ataque en la red social X, la nueva acción tuvo lugar en aguas internacionales y estaba dirigida a “una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada”.

El video muestra una lancha navegando antes de explotar en llamas.

“Tres narcoterroristas masculinos -que estaban a bordo de la embarcación- murieron”, agregó Hegseth, sin dar más detalles.

Con este balance, el número de fallecidos que deja la campaña antinarcóticos de Estados Unidos se eleva a al menos 70.

- “Amenazan nuestra patria” -

Washington ha destruido durante su campaña al menos 18 naves hasta ahora: 17 barcos y un semisumergible, si bien aún no muestra pruebas de que sus objetivos fueran narcotraficantes o representaran una amenaza para el país.

“A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si siguen traficando drogas mortales, los mataremos”, añadió el jefe del Pentágono.

La administración del presidente Donald Trump ha reposicionado fuerzas en América Latina, en lo que dice ser una medida para erradicar el tráfico de drogas.

Ha desplegado seis barcos de la Marina en el Caribe, enviado aviones furtivos F-35 a Puerto Rico y ordenado al grupo de ataque del portaviones USS Gerald R. Ford a ir a la región.

Estados Unidos también ha realizado demostraciones de fuerza cerca de Venezuela, sobrevolando el mar Caribe frente a la costa del país en al menos cuatro ocasiones desde mediados de octubre.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha acusado repetidamente a Trump de intentar derrocarlo.

El izquierdista, señalado de cargos de narcotráfico por Estados Unidos, insiste en que no hay cultivos de drogas en su país.

- “Conflicto armado” -

La administración de Trump ha informado al Congreso que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de drogas latinoamericanos.

Los describe como “grupos terroristas” para justificar los ataques.

Los gobiernos y familias de víctimas de los ataques estadounidenses afirman que muchos de los fallecidos eran civiles, principalmente pescadores.

El jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, ha dicho que las muertes han ocurrido “en circunstancias que no encuentran justificación en el derecho internacional”.

Fuente: AFP