Este triunfo del delfín del carismático presidente saliente Rafael Correa supone un espaldarazo a la izquierda latinoamericana—golpeada tras el giro a la derecha en Brasil, Argentina y Perú—y un respiro para el fundador de Wikileaks, Julian Assange.

“Esto recién comienza. De aquí en adelante todos a trabajar por el país, por nuestro amado Ecuador ¡Lo haremos en paz y armonía!”, exclamó al celebrar su victoria en el norte de Quito Moreno, quien sufre una paraplejia por un disparo que recibió al ser asaltado en 1998.

Con un 98,02% de los votos escrutados por el Consejo Nacional Electoral, el candidato por el movimiento socialista Alianza País (AP), obtenía un 51,14% de los votos válidos, frente al 48,86% del opositor exbanquero de derecha Guillermo Lasso, de Creando Oportunidades (CREO).

Tras el cierre de los colegios electorales, dos encuestadoras difundieron encuestas a boca de urna con resultados opuestos y ambos candidatos se adjudicaron la victoria, sembrando la incertidumbre en el país.

Pero a medida que avanzaban los resultados oficiales parciales que le daban como perdedor por un estrecho margen, el opositor Lasso, expresidente del Banco de Guayaquil, denunció “pretensiones de fraude” y anunció que los asesores legales de su candidatura “presentarán en el menor tiempo posible todas las objeciones” ante eventuales irregularidades en las elecciones.

Y mientras sus partidarios se manifestaban en la sede quiteña del Consejo Nacional Electoral (CNE) y en otras ciudades, con leves escaramuzas, para exigir transparencia en el conteo, Moreno, el exvicepresidente cuyo estilo conciliador que contrasta con el temperamental Correa, se dirigió a sus enardecidos simpatizantes frente a la sede quiteña de su formación.

– 30 días a Lasso –

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuyo gobierno es muy cercano al correísmo, fue el primer líder internacional en felicitar a Moreno por “el triunfo de la revolución ciudadana”.

Desde Londres, donde está asilado en la embajada de Ecuador desde 2012, Assange, a quien Lasso amenazó con desalojarlo, celebró el triunfo de Moreno.

“Invito cordialmente al Señor Lasso que se retire del Ecuador en los próximos 30 días (con o sin sus millones offshore)”, escribió en Twitter el australiano, en referencia a las acusaciones del correísmo de que Lasso tiene capitales en paraísos fiscales.

Moreno, cuya formación obtuvo una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional en la primera vuelta del 19 de febrero, heredará un país dividido políticamente, golpeado por la prolongada caída del crudo, muy endeudado, con creciente desempleo y carísimo para el consumidor.

Además, deberá recuperar la confianza de la clase media.

“Moreno enfrentará dos retos: empezar su gobierno con un desgaste fuerte y con una situación económica de vacas flacas”, explicó a la AFP el politólogo Esteban Nicholls, de la Universidad Andina de Ecuador.

“Tendrá que hacer algún tipo de ajuste, ya que endeudarse más es cada vez más difícil. Podría venir con más impuestos, pero eso le pondría en tensión con algunos sectores”, agregó.

Walter Spurrier, presidente de la consultora Spurrier, explicó por su parte que Moreno se va a encontrar con un “problema fiscal muy importante”, calculado entre el 5% y el 6%, consecuencia del disparado gasto público del gobierno.

“Tendrá que ver de qué manera bajar los costos de producción en el país porque el Ecuador se ha vuelto un país muy caro en el entorno de los países que tienen su misma productividad”.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.