El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria Ferrer, ha sido el encargado de presentar este cambio en el artículo 2.267 del Catecismo, el libro doctrinal del Catolicismo.

En el nuevo texto se subraya que “la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo”.

El cambio llega después de que “durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común”, se lee.

Sin embargo el “reescriptum” reconoce que “hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves” y “se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado”.

Y por otro lado “se han implementado sistemas de detención más eficaces, que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que, al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente”.

De este modo Francisco, que siempre se ha mostrado contrario a esta práctica, que ha calificado de “humillante”, ha cambiado la postura de la Iglesia, recogida en un Catecismo promulgado en 1992, durante el pontificado del hoy santo Juan Pablo II.

En aquella versión se subrayaba que “la enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas”.

En el texto, también en el Compendio de Benedicto XVI de 2005, se reconocía que “si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará” a los mismos.

Pero indicaba al mismo tiempo que “los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos”.

Una pequeña puerta abierta a la tolerancia ante la pena de muerte cerrada ahora por la versión del pontífice argentino.

Para presentar la modificación el cambio doctrinal, Ladaria envió una carta a los obispos de todo el mundo en la que subraya que el nuevo desarrollo “descansa principalmente en la conciencia cada vez más clara en la Iglesia del respeto que se debe a toda vida humana”.

Por otro lado defendió que la nueva formulación “quiere ser un impulso para un compromiso firme, incluso a través de un diálogo respetuoso con las autoridades políticas, para que se favorezca una mentalidad que reconozca la dignidad de cada vida humana”.

Y se creen las condiciones que permitan eliminar en la actualidad la institución jurídica de la pena de muerte “ahí donde todavía está en vigor”.

Amnistía Internacional recoge en su informe de 2017 sobre la pena de muerte en el mundo que, al término del año, 106 países ya habían abolido esta práctica en la ley para todos los delitos y 142 habían acabado con ella en sus legislaciones o en la práctica.

Por otro lado se constataba que las ejecuciones habían disminuido hasta las 993 en un total de 23 países: un 4 % menos respecto a 2016 y una reducción del 39 % en comparación con 2015, un año que con sus 1.634 ejecuciones registró la cifra más cuantiosa desde 1989.

La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar, por este orden, en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán, y los métodos más frecuentes fueron la decapitación, el ahorcamiento. la inyección letal o la muerte por arma de fuego.

La organización también constató menos condenas a muerte, un total de 2.591 en 53 países, “un descenso considerable” frente a las 3.117 sentencias de 2016.

Una tendencia a la baja en un mundo en el que el pasado año, y pese a la abolición normativa y la reducción de las ejecuciones, aún había al menos 21.919 personas condenadas a la pena capital.

En el mundo se utilizaron durante 2017 los siguientes métodos de ejecución: decapitación, ahorcamiento, inyección letal y muerte por arma de fuego, y en Irán se llevaron a cabo ejecuciones públicas (al menos 31). EFE

La víctima es Lucero López Maza, de 28 años y militante del Partido Popular Chiapaneco, que tiene presencia local.

“De acuerdo con las primeras investigaciones, se suscitó un enfrentamiento entre civiles armados” tras un acto de campaña de la candidata, detalló un comunicado de la fiscalía estatal.

Según testimonios de habitantes de la localidad, López Maza se desplazaba en un vehículo cuando fue interceptada en una gasolinera ubicada sobre una carretera.

La campaña de las elecciones generales del 2 de junio en México ha sido sacudida por una ola de violencia, sobre todo contra políticos que aspiran a puestos locales.

La policía y los cuerpos de emergencia informaron que otras dos mujeres, una de ellas menor de edad, y tres hombres murieron en el ataque.

Chiapas, en la frontera con Guatemala y escenario de disputas entre bandas criminales, ha registrado distintos incidentes que involucran a candidatos.

La noche del pasado lunes, Luis Ángel Flores, aspirante a dirigir el municipio de Rayón por el partido local Chiapas Unido, resultó herido en un ataque a balazos.

El 3 de mayo pasado, Juan Gómez, candidato a la alcaldía del municipio Benemérito de las Américas, también por el partido Chiapas Unido, salió ileso de un ataque a balazos que dejó sin embargo dos muertos, uno ellos el hijo del político.

El municipio de La Concordia es colindante con Chicomuselo, donde el pasado lunes se registró la masacre de 11 personas, entre ellos dos catequistas de la iglesia católica.

Desde el 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso para las elecciones generales, y hasta el 1 de mayo han sido asesinados 26 aspirantes a algún cargo rumbo a los comicios del 2 de junio, según un recuento sobre violencia electoral de la organización civil Data Cívica.

Fuente: AFP

Una mujer de 39 años demandó en Argentina a los fabricantes de AstraZeneca por un monto de 100 millones de pesos (unos 110.000 dólares) al asegurar que las tres dosis que recibió de esta vacuna le provocaron una enfermedad incapacitante, además de daños morales.

De esta forma, Flavia Ochoa se convirtió en la primera persona que acude a los tribunales de este país para exigir una reparación económica por parte del gigante farmacéutico anglo-sueco y del Estado argentino.

El caso ocurrió en la provincia de Córdoba, en donde la demandante afirmó que la vacuna le produjo el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que afecta el sistema inmunitario y que puede paralizar el cuerpo.

De acuerdo con su testimonio, sus problemas de salud comenzaron el 4 de enero de 2022, después de colocarse la vacuna AstraZeneca, ya que empezó a sentir calambres, se le aflojaron las piernas y al día siguiente ya ni siquiera se pudo levantar.

En las semanas siguientes, una médica le explicó que podrían ser efectos adversos de la vacuna y otros le recetaron fuertes calmantes para paliar el dolor. Su movilidad se redujo casi por completo.

Tratamiento

Comenzó entonces un largo tratamiento que incluyó radiografías, tomografías, punciones lumbares y análisis bioquímicos, hasta que le diagnosticaron formalmente el síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia.

Desde entonces sigue en rehabilitación, camina con andador y padece una extrema debilidad en las piernas, incontinencia, fuertes dolores en la espalda, rodillas, migrañas, mareos, náuseas y depresión. En enero del año pasado, le otorgaron el retiro por invalidez.

Junto con los tratamientos médicos postvacuna, Ochoa activó el camino judicial e interpuso una demanda en la que exige un pago de 110.000 dólares por concepto de incapacidad sobreviniente, fondo de reparación, proyecto de vida-pérdida, daño moral -suyo y de su pareja-, daño punitivo y daño emergente.

Ahora le tocará a los tribunales de Río Cuarto (Córdoba) decidir si la demanda avanza.

El caso se da a conocer luego de que AstraZeneca confirmara algunos efectos adversos de su vacuna y anunciara que ya comenzó a retirarla del mercado debido a la baja demanda.

En la lista figura el conocido Antonio Joaquim Mendes Goncalves da Mota, alias Motinha, brasileño que había huido de un operativo que se llevó a cabo en el departamento de Amambay.

La disposición de búsqueda de los acusados por narcotráfico, menciona con énfasis el tráfico de marihuana y cocaína desde Paraguay, que se convirtió en los últimos años en un “pasillo” de triangulación del estupefaciente químico proveniente de Bolivia.

Con intercepción de llamadas y mensajes, autoridades del vecino país accedieron a evidencias que incriminan a paraguayos en esquemas binacionales para traficar estupefacientes al Brasil, considerado como uno de los mercados grandes de destino de las drogas.

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En el caso referente a alias Motinha, los informes relevados por la Policía Federal, consignan que el mismo es considerado un pez gordo que opera principalmente desde la zona fronteriza paraguayo-brasileña.

El sujeto alternaba residencias entre ambos países, y el año pasado logró romper un cerco de operativo llevado a cabo por la Secretaria Nacional Antidrogas y de la Policía. La acción se llevó a cabo en una de sus estancias ubicadas en Amambay, pero el resultado fue negativo, tras presuntas filtraciones que se verificó desde los entes en cuestión.

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