Del 6 al 18 de noviembre se celebra en Egipto la 27.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022 (COP27), donde se busca adoptar y reforzar las medidas implementadas para combatir el aumento de la temperatura global.

“Estamos en un camino hacia el infierno climático y tenemos el pie en el acelerador”, declaró el lunes el secretario de la ONU, António Guterres, en su discurso de apertura de la COP27.

La organización mundial trata de evitar que la temperatura aumente 1,5 grados centígrados hacia fines de siglo, si bien los últimos siete años han sido los más cálidos registrados en el planeta, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

América Latina, una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, se enfrenta a este dilema siendo una de las zonas que menos emisiones de gases de efecto invernadero produce (GEI), pero cuyos efectos producen sequías más severas y la escasez de alimentos.

Desenmascarando a los contaminadores

De acuerdo con la Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global (EDGAR, por sus siglas en inglés), en 2021 China y EE.UU. concentraron el 45,5 % de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a nivel mundial, uno de los GEI más dañinos para el medioambiente.

Frente a estos países, la producción de CO2 de Latinoamérica es considerablemente menor. En conjunto, la región generó 1.675,45 toneladas métricas (Tm) de CO2 durante el año pasado, concentrando apenas el 4,4 % de las emisiones globales, informa EDGAR.

A detalle, dos países son responsables de más de la mitad de las emisiones de América Latina: Brasil y México, que en 2021 generaron en conjunto 908,2 Tm de CO2, el 54,2 % de las producidas en la región. A ellos les sigue Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Naciones que, en suma con Brasil y México, producen el 87,2 % de la contaminación regional.

Los efectos del cambio climático

En los últimos 30 años, la temperatura en Latinoamérica aumentó en promedio 0,2 grados centígrados por década como consecuencia del calentamiento global, detalla el más reciente informe sobre el estado del clima en América Latina y el Caribe de la OMM.

De acuerdo con el estudio, como consecuencia del ascenso de la temperatura, se ha perdido al menos un 30 % de la superficie glaciar de los Andes desde 1980 y el aumento del nivel del mar en la región reporta las tasas de crecimiento más rápidas a escala mundial.

Asimismo, con el cambio atmosférico, la región enfrenta sequías de mayor duración e incidencia. El año pasado, Chile, que encabeza la crisis hídrica en Latinoamérica, registró la escasez de agua más prolongada de su historia, mientras que en América del Sur las sequías provocaron en conjunto un descenso del 2,6 % en la cosecha de cereales en 2021.

Los pequeños países del Caribe también se han visto perjudicados por el aumento paulatino de los huracanes y tormentas tropicales como consecuencia de las alteraciones del clima. De acuerdo con la OMM, la temporada de huracanes en el Atlántico durante 2021 fue la tercera más activa en la zona y la sexta consecutiva con niveles por encima de los normales.

El aumento de la temperatura ha incidido en la seguridad alimentaria, particularmente en Centroamérica, el Caribe, la región de los Andes y el noreste de Brasil, lo que ha obligado a la población a migrar.

De acuerdo con la OMM, 7,7 millones de personas en Centroamérica experimentaron altos niveles de inseguridad alimentaria en 2021, mientras que en Haití 4,3 millones se encontraban en estado agudo por la falta de alimentos, entre septiembre de 2021 y febrero de 2022.

Emisiones cero: el gran objetivo

Para mitigar los efectos del cambio climático, en el marco de la COP21 de 2015, 194 países firmaron el Acuerdo de París, un convenio que invita a las naciones a limitar el ascenso de la temperatura global a través de metas “ambiciosas” planteadas por cada Gobierno. No obstante, cada vez más Naciones Unidas aboga porque los países transiten a emitir cero GEI lo antes posible.

“La ciencia es clara, cualquier esperanza de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados significa lograr cero emisiones netas globales para 2050”, explicó el secretario General de la ONU este lunes.

De acuerdo con el centro de estudios británico, Unidad de Inteligencia Energética y Climática, en América Latina, solo Chile ha estipulado por ley su transición hacia emisiones cero para 2050, mientras que Barbados (2030), Antigua y Barbuda (2040), Perú, Ecuador, Panamá, Belice, Costa Rica, Uruguay y San Cristóbal y Nieves lo han planteado en alguna política para 2050, con la excepción de los indicados.

En Brasil, Argentina y Colombia las autoridades han declarado esa misma meta de manera informal, mientras que en México, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Haití, Jamaica, Granada, San Vicente y las Granadinas y las Bahamas el tema está en discusión o no ha sido abordado.

Frente a una realidad que requiere de mayores acciones, América Latina debe formular políticas climáticas más sólidas y colaborar en materia de mitigación y adaptación del cambio climático de manera coordinada, señala en su informe la OMM.

En defensa de la Amazonía

La protección de la Amazonía, la mayor región de bosque tropical del planeta, ha estado presente en la agenda de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana y Surinam, países donde se ubica la selva y quienes en 1978 firmaron un tratado de cooperación para resguardarla. El acuerdo, sin embargo, fue relegado y la Amazonía ha perdido 8.712 Km2 de su territorio en los últimos 13 años, informa Greenpeace.

Ante esta realidad, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió al mundo este lunes en la COP27 su cooperación para regenerar y proteger la Amazonía. Además, anunció que Colombia aportará 200 millones de dólares al año, durante dos décadas, para salvar la selva en su país.

En la región, la iniciativa de Petro fue bien recibida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quién congratuló al líder colombiano por sus ideas y propuso recuperar el tratado, así como por el mandatario de Surinam, quien aseguró que va a apoyar “todas las iniciativas que surjan para proteger la selva”, detallan medios locales.

Desde Brasil, bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro, se otorgaron permisos para permitir la tala de arboles y la minería en la Amazonía, contribuyendo a la deforestación de la zona. Sin embargo, se espera que con el ascenso en enero de 2023 del presidente electo, Lula da Silva, se renueve el compromiso de defender a la selva, dado que así lo prometió el político desde su campaña electoral.

“En nuestro Gobierno logramos reducir la deforestación en la Amazonía en un 80 %. Ahora, lucharemos por la deforestación cero”, aseveró Lula da Silva el 30 de octubre.

Otros compromisos en la COP27

En vísperas de la reunión global en Egipto, México anunció que reduciría sus emisiones de GEI en un 30 % para 2030, una cifra mayor a su compromiso anterior de disminuirlos en un 22 %. Además, en los próximos días se espera que el país, de la mano de EE.UU., presente ante los líderes mundiales un “plan muy importante” para atender la crisis climática, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unas semanas.

Una de las quejas constantes en las conferencias sobre cambio climático es el apoyo que deben recibir los países en vías de desarrollo. A propósito, la secretaria de Cambio Climático de Argentina, Cecilia Nicolini, pidió el domingo un mayor apoyo financiero para la acción climática de los países en desarrollo y la asignación de fondos para pérdidas y daños a causa del cambio climático.

El reclamo de Argentina es compartido por la Alianza de Pequeños Estados Insulares, aquellos países que, sin ser quienes más contaminan, padecen las duras consecuencias del cambio climático. Ante ello, la agrupación exigió este martes que sean las petroleras las que paguen por los daños causados por las tormentas oceánicas y el aumento del nivel del mar.

“La industria del petróleo y el gas continúa ganando casi 3.000 millones de dólares estadounidenses diarios en ganancias”, reclamó Gaston Brown, primer ministro de la nación caribeña de Antigua y Barbuda, quien en representación de la Alianza agregó que “ya es hora de que estas empresas paguen un impuesto global al carbono sobre sus ganancias como fuente de financiación para pérdidas y daños”.

Esta semana el Congreso aprobó “Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023”, que suspende el tope de la deuda pública estadounidense hasta enero de 2025 y fija también determinados objetivos presupuestarios.

Sin esta legislación, aprobada el jueves por el Senado, de mayoría demócrata, y el miércoles por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, la mayor economía mundial corría el riesgo de no poder afrontar sus compromisos de deuda desde el lunes.

“Nada hubiese sido más irresponsable ni más catastrófico”, dijo el mandatario en su discurso del viernes.

“Encontrar un consenso más allá de las diferencias partidistas es difícil. La unidad es difícil, pero nunca debemos dejar de intentar”, añadió repitiendo el mensaje de reconciliación que marcó el inicio de su mandato, y ahora es la consigna de su campaña para 2024.

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Lo que estaba en juego en esta confrontación financiera era también muy político.

Como candidato a la reelección, Biden sabe que su primera desventaja es su edad, 80 años. Ahora espera que solucionado este problema que tuvo a Estados Unidos a un tris de un bochornoso default, se refuerce su liderazgo.

Biden tuvo también palabras de “saludo” al jefe republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, su principal oponente en las negociaciones.

Para McCarthy, se trataba de consolidar su autoridad sobre un grupo parlamentario variopinto, que abarca desde conservadores moderados hasta ardientes partidarios del expresidente Donald Trump.

También candidato presidencial para 2024, Trump bregó por aplicar mano dura en las negociaciones con la Casa Blanca.

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Al final, cada bando se atribuye haber ganado algo. Los republicanos están conformes porque consiguieron congelar algunos gastos, por haber preservado el grueso de las prestaciones sociales y las grandes inversiones.

Es poco probable que esta batalla sobre las finanzas públicas, que ya ocurrió cuando Barack Obama era presidente, influya mucho en las elecciones de 2024, pero dejó huellas.

La agencia de calificación Fitch mantuvo en revisión la preciada calificación AAA de Estados Unidos, deploró la “polarización política” y constató “un deterioro constante de la gobernanza en los últimos 15 años”.

Como casi todas las economías desarrolladas, Estados Unidos vive a crédito y, en términos absolutos, tiene la mayor carga de deuda del mundo.

Pero ningún otro país industrializado se enfrenta regularmente a un techo de deuda rígido que el Congreso deba elevar.

“Hemos identificado la causa del accidente y las personas responsables”, explicó el ministro Ashwini Vaishnaw a la agencia de noticias ANI, pero añadió que no era “adecuado” dar detalles antes de que se elabore un informe final de la investigación.

El accidente ocurrido el viernes cerca de Balasore, en el estado oriental de Odisha, dejó al menos 288 muertos.

Ashwini dijo que un “cambio ocurrido durante el enclavamiento electrónico” causó el accidente, un término que hace referencia a un sistema de señalización que permite controlar la circulación.

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“Averiguaremos quién lo hizo y cómo ocurrió el accidente tras una investigación”, añadió.

El diario The Times of India, que cita una investigación preliminar, indicó el domingo que un “error humano” podía haber causado uno de los peores accidentes de tren en el país.

El Coromandal Express que conectaba Calcuta con Chennai había recibido luz verde para circular por la vía principal pero fue desviado por un error humano a una vía donde estaba detenido un tren de mercancías, según este diario.

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El convoy de pasajeros chocó con este segundo tren a una velocidad de 130 km/h. Tres vagones quedaron tendidos sobre la vía adyacente, golpeando la parte trasera de un expreso de pasajeros que iba desde Bangalore hacia Calcuta.

Esta segunda colisión es la que causó más daños, apunta The Times of India.

“Somos el grito de las que ya no tienen voz”, rezaba una de las pancartas de las manifestantes que se concentraron frente al Congreso de la Nación cuando las últimas cifras oficiales indican que en 2022 se registraron 252 femicidios en Argentina.

Este año la marcha se enmarca en la muerte de Rocío González, de 25 años asesinada de siete balazos días atrás por un compañero de oficina de igual edad, informó la policía.

La joven había radicado dos denuncias contra el agresor por acoso, la última en mayo pasado, y la justicia había dictado una medida cautelar que derivó en un cambio de horario de trabajo del sujeto para evitar contacto con su víctima en el ámbito laboral.

Según las estadísticas del Observatorio de Femicidios de la Corte Suprema, en el 88% de los casos registrados en 2022, la víctima conocía a su asesino y en el 59% se trataba de su pareja o expareja.

“Las cifras no descienden”, alertó la ONG La Casa del Encuentro, una de las organizaciones que convocaron este sábado a marchar  para  visibilizar crímenes como el de Rocío y reclamar medidas urgentes del Estado.

El movimiento “Ni una menos” tuvo su primera marcha en 2015 cuando cientos de miles salieron a las calles tras el crimen de Chiara Páez, de 14 años, asesinada a golpes por su novio de 17 tras negarse a abortar al hijo de ambos.

El caso fue el puntapié para un movimiento feminista que creció al calor de cientos de nuevos crímenes en Argentina.