Surgido del acuerdo de paz que puso fin a un conflicto armado de más de medio siglo, el partido de izquierda FARC hizo una osada apuesta: disputar las presidenciales de mayo de 2018 sin que el Congreso haya despejado el camino para la la participación política de los exguerrilleros.

“Por campesinos sin tierra, jóvenes sin oportunidades, mujeres sin participación, es que lanzamos nuestra candidatura”, escribió en Twitter Rodrigo Londoño (Timochenko), presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Timochenko luchará por la presidencia de un país históricamente gobernado por la derecha, mientras los exdelegados de paz Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Lozada, Jesús Santrich, Victoria Sandino, entre otros, encabezarán las listas para Senado y Cámara de Representantes en los comicios de marzo.

El pacto de paz garantiza a la FARC al menos diez curules en el Legislativo, de 268 miembros, aunque debe presentarse a elecciones.

“Entramos de lleno en la contienda política de 2018”, afirmó Márquez, exjefe negociador de paz, en Bogotá.

De 58 años, Londoño fue el último comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) antes de que esa guerrilla depusiera los fusiles y se convirtiera en partido este año, tras suscribir el histórico pacto con el presidente Juan Manuel Santos en noviembre de 2016.

– Problemas de salud –

Timochenko, que había descartado presentarse como candidato presidencial, sufrió en julio un accidente cerebral transitorio que le afectó el habla y lo obligó a viajar a Cuba, sede del proceso de paz y donde se recupera.

Este miércoles no estuvo presente en el acto en que fue lanzada su candidatura “por motivos de salud”, dijo a AFP el dirigente rebelde Marco Calarcá, aunque cuenta con el aval médico para participar en la contienda.

Su compañera de fórmula para la vicepresidencia será Imelda Daza, una militante de la Unión Patriótica, un partido de izquierda surgido de un diálogo de paz en los ‘80 y exterminado por fuerzas de ultraderecha en alianza con agentes estatales.

Con Timochenko los simpatizantes de la FARC saben que “no van a ganar, pero saben que pueden fortalecer el movimiento político”, declaró Víctor de Currea Lugo, experto en el conflicto colombiano.

Para el analista y profesor de la Universidad del Externado Carlos Arias, la candidatura de Londoño es “una estrategia de posicionamiento” para “medirse electoralmente”. “La FARC van a saber qué tipo de representatividad tienen”, agregó.

Los rebeldes no cerraron las puertas a alianzas electorales con otras colectividades que apoyen la implementación del pacto de paz.

– Panorama incierto –

Con una imagen negativa en las encuestas, la FARC destapó sus cartas electorales sin que todavía sea aprobada la ley que sustenta el sistema especial de justicia al que deberán someterse los exguerrilleros implicados en delitos graves, incluidos Londoño y Márquez.

El acuerdo establece que los responsables de esas acciones, incluidos militares, podrán recibir penas alternativas a la cárcel si confiesan sus crímenes, reparan a las víctimas y se comprometen a nunca más ejercer la violencia.

Sin embargo, el Congreso, con una debilitada mayoría oficialista, no ha aclarado si los excombatientes podrán ejercer cargos sin ser juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o si quedarían inhabilitados en caso de ser hallados culpables tras su elección.

El comisionado de paz, Rodrigo Rivera, anticipó que si los elegidos son sancionados por la JEP no podrían ejercer los mandatos y “tendrían que ser reemplazados por quien los suceda en las listas”.

Pero para la FARC el pacto de paz no prevé trabas para su ejercicio político.

“Exigimos” al Congreso “ceñirse estrictamente a lo determinado por la Corte Constitucional y no variar más, ni en una coma, el acuerdo”, sostuvo Márquez.

Mientras tanto, la organización de izquierda enarboló las banderas contra la corrupción, la “erradicación definitiva del hambre y la pobreza” y una “reorientación del modelo económico” de libre mercado en Colombia, aunque evitó alinearse con el proyecto chavista o cubano.

Los colombianos renovarán Congreso y elegirán presidente para cuatro años en una contienda que se anticipa muy polarizada entre los defensores del acuerdo con la guerrilla y quienes se oponen a las supuestas concesiones a la FARC.

“Vamos a enfrentar la candidatura presidencial espuria del delincuente, las candidaturas al Congreso de delincuentes de lesa humanidad no juzgados, no investigados”, dijo el senador y expresidente Álvaro Uribe, jefe de la oposición.

Santos, quien también busca la paz con el grupo guevarista ELN para sellar un conflicto que deja más de siete millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, está inhabilitado por ley para presentarse a un nuevo mandato.

Fuente: AFP

El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, celebró la decisión.

Según medios israelíes, Ben Gvir había propuesto en diciembre rodear con cocodrilos una prisión para detenidos palestinos, inspirándose en una polémica instalación para migrantes en Florida (Estados Unidos), apodada “Alcatraz de los Caimanes” que estuvo abierta menos de un año.

“¿Estás pensando en intentar escapar? Piénsalo dos veces”, escribió Ben Gvir el jueves en Facebook, junto a una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece con un cocodrilo sujeto con una correa.

La nueva normativa transfiere la supervisión de estos animales de la Autoridad de Naturaleza y Parques a un “organismo de seguridad”, como el Servicio Penitenciario de Israel, dependiente de Ben Gvir.

Según medios israelíes, el ministro pretende desplegar cocodrilos alrededor de la prisión de Ketziot, en el sur del país, donde están recluidos numerosos milicianos de Hamás capturados tras el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza.

La cadena Canal 13 informó que la Autoridad de Naturaleza y Parques se había opuesto inicialmente a la propuesta y que varios oficiales del Servicio Penitenciario la recibieron con “burlas” cuando Ben Gvir la planteó el año pasado.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que “Venezuela accedió inicialmente a USD $346 millones de sus recursos propios en el Fondo Monetario Internacional”, dijo en un comunicado publicado en Telegram.

Los recursos permitirán “apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos”, agregó Rodríguez.

El anuncio ocurre luego de que el FMI reanudara en abril sus relaciones con Venezuela, congeladas desde 2019, tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense en enero.

Mientras tanto, la angustia de los familiares crece por intentar ubicar a sus seres queridos aún bajo los escombros de edificios colapsados por los sismos de magnitud 7,2 y y 7,5 ocurridos el 24 de junio.

Según el último balance oficial, la cifra de fallecidos subió a 5.069.

- “Nadie va a fosa común” -

Entrada la noche del viernes, parientes y voluntarios seguían la búsqueda de cadáveres. Nubes de moscas se propagan entre las ruinas de edificios desplomados en La Guaira, un popular balneario a 40 kilómetros de Caracas que registra los mayores daños.

“Hay muchísima gente allá abajo; nadie quiere tocar muertos”, dijo a la AFP Hildegar Mujica, un economista de 60 años que busca a su exesposa sepultada entre placas de concreto apiladas de una torre de doce pisos que la tierra prácticamente se tragó durante los terremotos.

Mujica busca a Leida Mata, una jubilada de 62 años que vivía en Residencias Caribe, un complejo de cuatro edificios en Caraballeda, una zona conocida del litoral de La Guaira.

El malestar de los familiares aumenta frente a las dificultades que supone recuperar cadáveres sin ayuda de maquinaria. Algunos han optado por alquilar vehículos retroexcavadores para levantar paredes que les impiden llegar hasta sus difuntos.

“En ningún momento se ha visto por parte de los organismos del Estado interés por los cuerpos que están dentro de toda esa estructura de piedra. De hecho, hay cuerpos visibles y si no hay familiares que puedan reconocerlos no los toman en cuenta”, agregó Mujica.

Rodríguez aseguró que “nadie va a fosa común”, al referirse a las acciones de su gobierno para ubicar e identificar a las víctimas.

- Pagar por sacar muertos -

En La Guaira se ubican la mayoría de los 190 edificios que colapsaron por completo debido a la furia de los terremotos. Otros 856 sufrieron daños que los hacen prácticamente inhabitables.

Conforme transcurren los días, algunos familiares han optado por pagarles a particulares para que les ayuden en la recuperación de sus parientes muertos.

Uno de ellos le contó a la AFP bajo anonimato que pagará 300 dólares para que ubiquen a su familiar. “Al no tener un Estado que te represente, quedamos a la deriva, a la buena de Dios”, dijo.

“Yo no puedo romper esa pared; para muchos familiares pagarles a estos ‘topos’ es el último recurso”, afirmó frustrado.

Johan Torumo, un voluntario de 45 años nacido en La Guaira, se opone a que se cobre por recuperar cadáveres.

“Tengo una testigo a la que le quitaron 1.300 dólares”, comentó el rescatista, que critica la falta de ayuda brindada por el gobierno para la recuperación de los cuerpos atrapados. “No hemos visto ni un esmeril, nada”, indicó.

El doble sismo dejó a miles de personas sin hogar. Más de 21.000 viven en campamentos en complejas condiciones de hacinamiento y carencias.

Fuente: AFP

El Servicio Geológico de Estados Unidos detalló que el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad muy superficial de solo 10 kilómetros, lo que amplificó la percepción de las ondas sísmicas en naciones como Guatemala y El Salvador, donde varios edificios experimentaron fuertes sacudidas.

El sistema de alerta de tsunamis de EE.UU. emitió un aviso de emergencia advirtiendo sobre la posible llegada de olas peligrosas a las costas situadas a menos de 300 kilómetros del epicentro.

El organismo instó a las poblaciones costeras de la región del Pacífico a mantenerse atentas ante la amenaza activa para los litorales más cercanos a la zona de la ruptura sísmica.

Pese a la intensidad del temblor, las autoridades de protección civil locales no han reportado víctimas ni daños estructurales graves de forma inmediata. No obstante, reportes de agencias internacionales señalaron escenas de nerviosismo en ciudades principales como la capital de Guatemala, donde decenas de residentes evacuaron de forma preventiva sus viviendas ante el balanceo de las estructuras urbanas.