Con el propósito de simplificar y facilitar los procesos para los usuarios y cumpliendo con la política de la reducción del uso de papel, la ANDE se sumó a la implementación de la Facturación Electrónica. Así lo anunciaron en conferencia el presidente de la ANDE, Félix Sosa, el gerente comercial de la ANDE, Hugo Rolón, y el director de Ingresos Tributarios, Oscar Orué.

Las autoridades destacaron que en el año 2022, la ANDE lideró por quinto año consecutivo la lista de los principales aportantes al fisco y se convertirá en la empresa con mayor cantidad de facturas electrónicas emitidas en forma mensual en el país.

Cada mes, se emiten en promedio unas 1,8 millones de facturas, en la que se describen y detallan los conceptos mensuales facturados en relación a la prestación del servicio de energía eléctrica. Por ello, además de la transmisión electrónica de las mismas al Sistema de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN), se seguirá distribuyendo en formato impreso al cliente, una representación gráfica durante el periodo de transición y actualización de datos de los clientes.

La Factura Electrónica posee un Código QR y un Código de Control (CDC) de 44 dígitos, los cuales sirven para identificar el comprobante en línea, ya sea escaneando el QR con la cámara de un smartphone o consignando el CDC en la página del SIFEN ekuatia.set.gov.py/consultas.

Además de representar la simplificación de los procesos y el ahorro considerable en papel para los contribuyentes y para la Institución, así como su consecuente impacto ambiental, la Factura Electrónica incorpora datos para la identificación en línea de las mismas en el Sistema de Facturación Electrónica Nacional. También es un importante medio de control y seguimiento impositivo dado que facilita la trazabilidad de las operaciones y facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias al ser de más fácil registro en el Sistema Marangatu.

También te puede interesar: Minga Porã: boda termina con 50 intoxicados

El encuentro contó con la participación del ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y del viceministro de Defensa, Gral. (R) Lilo Cardozo, además de representantes de otras instituciones estatales y del sector privado, como la Asociación de Importadores y Comerciantes de Papas y Cebollas (ASICOPACE).

Durante la apertura, el titular de la DNIT, destacó la importancia del trabajo conjunto en la lucha contra el contrabando y la directriz clara del presidente de la república Santiago Peña al respecto. “Vamos a continuar la lucha contra el contrabando, que es muy compleja y no lo podremos hacer sin apoyo de todas las instituciones”, precisó Orué.

Por su parte, el titular del MIC, reiteró el respaldo de su cartera a las acciones contra el comercio ilegal. “Desde el MIC nos ponemos a disposición para aportar nuestro grano de arena y trabajar juntos en esta causa”, subrayó.

El combate al contrabando ha logrado resultados significativos en el último año, con incautaciones que superaron los USD 20 millones en productos ilegales durante el 2024. Con la implementación del Plan Anticontrabando 2025, el Gobierno busca fortalecer estos esfuerzos, optimizar la coordinación interinstitucional y garantizar un mayor resguardo del comercio formal y la seguridad de la ciudadanía.

El informe señala que unas 61 víctimas por día fueron asistidas en este período, incluyendo casos de abuso sexual en niños, maltrato, estupro, pornografía infantil, actos homosexuales en personas menores, abuso por medios tecnológicos, violación del deber de cuidado, coacción sexual en menores de 18 años, hechos de violencia familiar y denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario.

Del total de casos, entre 8 y 9 víctimas por día correspondieron a abuso sexual en niños.

De la cifra global se desprenden: 3.521 víctimas de abuso sexual en niños, 2.943 hechos indagados sobre pornografía relativa a niños, 511 víctimas de coacción sexual (Art. 128, inc. 3, menores de 18 años), 1.680 hechos de maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, 848 casos de estupro, 2.784 denuncias sobre violencia familiar (menores de 18 años), 2.302 casos de violación del deber de cuidado (Art. 226), 10 casos de abusos por medios tecnológicos, 13 de actos homosexuales con personas menores y 7.928 denuncias de incumplimiento del deber legal alimentario.

Los datos reflejan que se registraron 3.521 casos de abuso sexual en niños, distribuidos de la siguiente manera: enero 252, febrero 197, marzo 265, abril 300, mayo 286, junio 292, julio 249, agosto 306, septiembre 383, octubre 391, noviembre 354 y diciembre 246.

Los departamentos con más denuncias de abuso sexual en niños fueron: Central (1.360 hechos), Alto Paraná (403), Asunción (314), Itapúa (194), Caaguazú (182), San Pedro (145), Cordillera (106), Presidente Hayes (106), Canindeyú (96), Amambay (121), Paraguarí (109), Guairá (98), Concepción (91), Misiones (56), Caazapá (50), Boquerón (60), Ñeembucú (23) y Alto Paraguay (7).

Pornografía relativa a Niños y Adolescentes

Se registraron 2.943 víctimas de pornografía relativa a niños y adolescentes: enero 5, febrero 13, marzo 318, abril 557, mayo 661, junio 241, julio 386, agosto 358, septiembre 355, octubre 30, noviembre 11 y diciembre 8.

Las zonas con más reportes registrados fueron Asunción, Central, Alto Paraná, Concepción, Guairá y Caaguazú.

Durante la sesión ordinaria desarrollada este jueves, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados analizó el caso vinculado al diputado Orlando Arévalo.

En tal sentido, resolvieron solicitar a la Cámara de Diputados la designación de un nuevo representante en su reemplazo, a raíz de la solicitud de permiso que había presentado días atrás.

Por otra parte, fueron analizados los casos relacionados a la jueza Sadi López y las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano, quienes también fueron relacionadas con el legislador colorado.

Finalmente el pleno del JEM decidió solicitar un informe al Ministerio Público para conocer el estado procesal de las magistradas denunciadas, de modo a determinar si las mismas ya fueron imputadas y conocer su situación procesal.

Esto permitirá avanzar en el enjuiciamiento de las acusadas por hechos punibles, conforme al artículo 13 de la ley que rige el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.