Las fiscales Nathalia Silva y Claudia Aguilera plantearon un recurso de Apelación Especial contra la sentencia dictada en diciembre pasado por los jueces Víctor Hugo Alfieri, Darío Báez y Alba González.

El Tribunal de Sentencia integrado por dichos magistrados dispuso la absolución de culpa y pena de Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, acusados por los hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente.

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La representantes del Ministerio Público solicitaron al Tribunal de Apelaciones que declare la nulidad de la sentencia y el reenvío de la causa para la realización de un nuevo juicio oral y público, con tribunales especializados en Delitos Económicos.

En el escrito de apelación, la Fiscalía sostiene que el Tribunal de Sentencia “incurrió en error e inobservancia en la aplicación de preceptos legales” y que la sentencia cuenta con “vicios de fundamentación contradictoria e insuficiente que ameritan la nulidad”, al no haberse observado las reglas de la sana crítica con respecto a medios de valor decisivo en juicio.

Asimismo, denuncian ante la Cámara de Apelaciones que el Tribunal de Sentencia violó el deber de control horizontal y el deber de la búsqueda de la verdad real al rechazar la producción en juicio de un informe técnico elaborado por profesionales veterinarios.

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Silva y Aguilera también señalan que el colegiado desechó sin fundamento elementos probatorios de valor decisivo propuestos por el Ministerio Público, además de realizar una incorrecta interpretación del Art. 3 de la Ley 2523/04 que tipifica el enriqueciminto ilícito, al considerar que necesariamente debe darse un hecho precedente de cohecho, lesión de confianza, tráfico de influencias u otros para la configuración del tipo penal de enriquecimiento ilícito, cuando eso no requiere la norma.

Personal de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional en los últimos días concretó la detención de una persona sospechosa, en el marco de una denuncia por estafa informática.

Se trata de Joaquín Andrés Duarte Ojeda, de 25 años, quien fue arrestado durante un operativo desarrollado en la ciudad de Areguá.

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Este joven habría estado involucrado en el vaciamiento de cuentas bancarias de clientes del banco Itaú, incluyendo cuentas corporativas. Una de las últimas víctimas sería el Sanatorio San José de Ciudad del Este.

Duarte habría recibido dos transferencias por las sumas de G. 350.000.000 y G. 6.000.000, respectivamente, a su cuenta personal, dinero perteneciente al citado centro asistencial privado, cuya cuenta fue vulnerada.

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No se descarta que este sujeto haya actuado como un “prestanombre” para otros criminales que conforman una banda delictiva, más aún considerando que no registra antecedentes penales.

El caso es investigado por el fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de Alto Paraná, como un presunto hecho de estafa informática y acceso indebido a sistemas.

El hecho ocurrió anoche en el local del partido Unace (Unión Nacional de Ciudadanos Éticos) donde se realizó el evento por el aniversario de San Lorenzo.

Inicialmente todo se desarrolló con tranquilidad y orden. Sin embargo, transurridas las horas, los ánimos se caldearon y dieron pie a una pelea.

Se desconoce el motivo, pero el conflicto involucró a varias personas, quienes se arrojaban sillas, botellas y otros objetos, además de empujarse y agredirse mutuamente.

Sin embargo, algunos participantes responsabilizaron a ladrones conocidos como pirañitas, quienes se apropiaron de las pertenencias de una persona.

Cuando la riña se tornaba incontrolable, efectivos policiales se vieron obligados a intervenir con disparos de balines de goma para detener la riña disuadir los violentos.

Luego de un operativo de búsqueda que movilizó a policías y vecinos, el pasado sábado se logró la localización de un adolescente de 16 años, dentro del espectro autista, quien se encontraba desaparecido desde el jueves en la ciudad de Nueva Esperanza, a unos 100 kilómetros de Salto del Guairá.

El menor había sido visto por última vez en la vivienda de su abuelo, ubicada en el Barrio 2 de la localidad. Ante la urgencia de la situación, el Departamento de Investigaciones junto con cuadrillas de vecinos iniciaron intensos rastrillajes que incluyeron el uso de drones sobre zonas boscosas.

La Alerta MAFE resultó crucial para el desenlace. Tras su activación y la masiva difusión del caso, vecinos del barrio San Antonio alertaron a las autoridades sobre la presencia del chico en una vivienda de la zona.

Efectivos policiales se constituyeron en el lugar y encontraron al menor encerrado bajo llave, completamente solo y semidesnudo.

Debido a las condiciones en las que fue ubicado, la Policía Nacional y la Fiscalía activaron de inmediato el protocolo por presunto abuso sexual. Sin embargo, tras la inspección médica realizada en el centro de salud de Nueva Esperanza, dicha hipótesis quedó totalmente descartada.

Luego de confirmarse su buen estado de salud general, el joven retornó a su hogar con sus allegados.