La jueza Cynthia Lovera admitió la imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes iniciaron el proceso contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores directos, pero que desde este jueves están apartados del caso y en su reemplazo fueron designados sus colegas Luis Said, Fabiola Molas y Guillermo Sanabria, quienes tendrán un plazo para investigar hasta el 11 de septiembre del 2024.

La magistrada adelantó que, se solicitará al Congreso el correspondiente desafuero del expresidente de la República (senador vitalicio) y del diputado Mauricio Espínola.

Lovera indicó además que, ya fijó las fechas para las audiencias de imposición de medidas para los nueve procesados. Las mismas serán comunicadas a los afectados en el plazo previsto.

Por último la jueza dijo desconocer los supuestos chats (aparentemente montados) entre el fiscal Cantero y el abogado denunciante Pedro Ovelar.

Nota relacionada: Designan a tres fiscales para investigar a Abdo y su clan

Mario Abdo Benítez fue imputado por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Por estos mismos hechos punibles también están procesados Carlos Adolfo Arregui Romero, Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, René Milciades Fernández Bobadilla, Carmen María Pereira Bogado, Daniel Alberto Farías Kronawetter, Guillermo Preda Galeano, Francisco Pereira Cohene y Mauricio Fabián Espínola Núñez.

HECHOS ATRIBUIDOS A LA GAVILLA

MARIO ABDO BENÍTEZ

El entonces presidente de la República creó un equipo especial de exfiscales para desacreditar a sus adversarios políticos. Impulsó a funcionarios de la SEPRELAD, SENAC y MINISTERIO DEL INTERIOR a elaborar y filtrar el informe de inteligencia, incluyendo informaciones falsas. Expuso en un discurso político el pago de Tabesa al exministro de Seprelad, Oscar Boidanich. E instó a que los datos de Santiago Peña sean incluidos en el documento pese a que no era sujeto de investigación.

CARLOS ADOLFO ARREGUI ROMERO

El entonces ministro de la Seprelad presentó el informe de inteligencia confidencial filtrado a la prensa, como denuncia ante el Ministerio Público. Ordenó que se incluya en el informe los salarios de Óscar Boidanich (TABESA) y de Santiago Peña (Banco Basa).

Junto con Arnaldo Giuzzio, filtró al diario ABC y Última Hora un formulario de pedido de informe de carácter confidencial hecho por la Fiscalía de Panamá con relación al expresidente Horacio Cartes.

ARNALDO EUCLIDES GIUZZIO BENÍTEZ

Junto con Carlos Arregui, el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, proporcionó a la prensa oficialista información confidencial sobre el pedido realizado por la Fiscalía de Panamá. El diario ABC incluso publicó el formulario de la solicitud.

DANIEL ALBERTO FARÍAS KRONAWETTER

El asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, fue el responsable de elaborar el borrador del informe de inteligencia de la SEPRELAD, sin ser funcionario de esta institución.

Con aval de Carlos Arregui y Carmen Pereira, Farías se insertó laboralmente en la SEPRELAD y pudo acceder a informaciones de inteligencia financiera, pese a que seguía prestando servicios como el asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior.

El “cerebro” de Giuzzio se munió de información confidencial y construyó escenarios hipotéticos. Su archivo contenía, entre otros datos, el resumen de pagos de salarios percibidos por Santiago Peña en el Banco Basa y los pagos de salarios realizados por la firma TABESA a favor del exministro secretario de la SEPRELAD, Óscar Boidanich.

RENÉ MILCIADES FERNÁNDEZ BOBADILLA

Sin ser funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, el entonces ministro Anticorrupción, René Fernández, fue el responsable de editar el borrador redactado por el asesor de Arnaldo Giuzzio y que sirvió de base para elaborar luego el informe de inteligencia de la Seprelad.

Además de formar parte de la elaboración del documento, habría filtrado datos confidenciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a la prensa (ABC y ÚH) y a los políticos (Mario Abdo Benítez y Mauricio Espínola).

CARMEN MARÍA PEREIRA BOGADO

La mano derecha de Carlos Arregui, Carmen Pereira, proporcionó información confidencial a Mario Abdo y Mauricio Espínola, pese a haber firmado sendos compromisos de confidencialidad. Junto con sus subalternos y en colaboración con personas ajenas a la institución, la misma habría redactado el informe de inteligencia, introduciendo información tergiversada y falsa.

Permitió que el “cerebro” de Giuzzio, Daniel Farias, ingrese a la institución sin que sea funcionario de la misma y creó una carpeta compartida en la web con archivos de carácter confidencial para que tenga acceso a los datos confidenciales.

También gestionó el envío de un documento de Información Espontánea vinculada a Horacio Cartes y la firma TABESA, a la Unidad de inteligencia financiera E.E.U.U. y la Unidad de inteligencia financiera de España.

GUILLERMO PREDA GALEANO

El funcionario de la Seprelad envió por correo institucional a la analista Rocío Peña el borrador hecho por Daniel Farías y editado por el ministro René Fernández. Solicitó al analista Derlis Ruíz que incluya al informe de inteligencia unos juicios de valor sobre Horacio Cartes, por supuestos vínculos; y además los salarios de Santiago Peña y Oscar Boidanich. Tan solo minutos después de esto, Mauricio Espínola publicó esa información privada en su red social.

Por otro lado, también tuvo participación en la respuesta dada al pedido realizado por la Fiscalía panameña, al haber ordenado la incorporación de prensa negativa y de las declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República presentadas por el expresidente de la República, Horacio Cartes, siendo que esto no formaba parte del pedido inicial realizado por el Ministerio Público de Panamá.

MAURICIO FÁBIAN ESPINOLA NÚÑEZ

El entonces secretario privado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espínola, accedió a información confidencial y publicó en su red social Twitter (X) los salarios percibidos por el entonces candidato presidencial Santiago Peña como directivo del Banco Basa, a efectos de desacreditarle políticamente.

FRANCISCO PEREIRA COHENE

El entonces Director de Análisis Financiero “B” envió por correo institucional al analista Derlis Ruiz el archivo elaborado por Daniel Farías y editado por René Fernández, para que el mismo forme parte del informe de inteligencia de la institución. Este borrador habría sido enviado un día antes por Carmen Pereira vía correo electrónico a este director a fin de que sea tenido en cuenta en la elaboración del proyecto de informe de inteligencia.

En el documento, firmado por Emiliano Rolón Fernández, se insta a autoridades a “respetar el debido proceso” de las investigaciones y evitar la filtración de informaciones. 

Para el abogado Ricardo Preda, esta medida no buscaría amordazar a los agentes fiscales, aunque resaltó que el fiscal general debería hacer una aclaración sobre su disposición.

Según su interpretación, el agente fiscal -en su relación con la prensa- no puede presentar al imputado como culpable, pero sí puede señalar objetivamente cuáles son las decisiones que toma con relación a una investigación. 

En entrevista con radio Ñanduti, el especialista expresó que un agente fiscal no puede dar detalles de la investigación, como por ejemplo que va a realizar algún allanamiento. “La prensa puede hacer uso de otras herramientas para buscar la información. Esta disposición aplica solamente a quienes están bajo la potestad disciplinaria del fiscal general”,  comentó.

Sin embargo, otros especialistas cuestionaron el tenor de la circular. “Así cómo fue presentada esta circular, hay como una suerte de orden de no hablar con la prensa. Lo que va a ocurrir es que se manejen las causas con total discreción. La corrupción tiene tierra fértil cuando hay secretismo”, mencionó el abogado Ezequiel Santagada.

A su vez, la abogada Alejandra Peralta Merlo indicó que “es un retroceso gigantesco a todo este proceso de transparencia. Es sumamente grave que en este país está haciendo metástasis por todos lados con la corrupción”.

Mediante la circular N.º 7, el fiscal general Emiliano Rolón insta a los funcionarios del Ministerio Público a que “observen las reglas del debido proceso instalado en la Constitución Nacional y en el sistema de ritual penal”.

En su inciso a establece que “ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable o brindará información sobre él en ese sentido a los medios de comunicación social”.

El inciso b habla del carácter de las actuaciones y recuerda que “la etapa preparatoria no será pública para lo terceros...”. 

En el inciso c refiere que “las partes y funcionarios que participen en la actuación y las demás personas que por cualquier motivo tengan conocimientos de las actuaciones cumplidas tendrán la obligación de guardar secreto”.

Y en el inciso d recuerda que el incumplimiento de la obligación será considerad falta grave. 

Muy pronto, estos hogares albergarán a más familias, quienes podrán mejorar su calidad de vida gracias a las obras de mejoramiento integral llevadas adelante por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

El recorrido tuvo lugar tras la entrega de dos viviendas sostenibles para el beneficio de familias residentes del barrio.

Las obras supervisadas corresponden a la edificación de 14 viviendas de las 60 que está construyendo el MUVH como parte del Proyecto de Mejoramiento Integral del Barrio Chacarita Alta, que es financiado con USD 14 millones, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cabe mencionar que, a la fecha, ya fueron entregadas 18 de hogares a pobladores de la zona.

Este proyecto contempla la construcción y entrega de 60 viviendas sostenibles en la zona de los cauces México y Antequera, además de obras de infraestructura para el mejoramiento del entorno, como contención de cauces, conexión de servicios públicos e inicio de la formalización de propiedad de terrenos.

El IPS compartió cifras que revelan el porqué miles de paraguayos se ausentaron en el trabajo en lo que va de este 2025.

De las 135 mil solicitudes, las principales razones fueron pro cuadros respiratorios, dengue y gastroenteritis.

Este volumen de ausencia, además de evidenciar la incidencias de dolencias estacionales, significa un golpe para la economía del IPS.

Según refieren, se desembolsaron en concepto de subsidio por reposo 29 mil millones de guaraníes solo este año. Para la previsional, un desafío económico para la institución.

Instan en la prevención para reducir riesgos de enfermedades, principalmente, insisten en las campañas de vacunación y en las buenas prácticas de higiene.