La ley 5777, que entró en vigencia en diciembre del 2016, fue considerada en su momento como un avance en cuanto a la protección contra toda forma de violencia machista.

Desde entonces, son 65 los hombres condenados por feminicidios, un crimen que antes de esa ley, se englobaba como homicidio y era abordado con aristas y condenas similares a la generalidad. Con la ley del feminicidio, las condenas son mucho más drásticas que un homicidio inserto en una de las tantas categorías existentes.

No obstante, los registros de casos de feminicidios no han cenado, como el caso de ahora en que se verifican un aumento de episodios fatales.

En la próxima semana se planteará en el Congreso, un proyecto de ley de ampliación de la ley 5777/16, que apunta a blindar aún más las garantías para mujeres ante el avance de la violencia machista.

En lo que va del año ya son diez mujeres asesinadas por sus parejas, una cifra que se mantiene como tendencia constante. Esto sin contar los muchos casos de agresiones que tuvieron todas las aristas de que pudieron haber acabado en fallecimientos.

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Personal de la Comisaría 10ma de Mariano Roque Alonso ayer tomó intervención ante una denuncia de hurto en el local de la firma Western Union, ubicada en las instalaciones del Shopping Mariano.

Un importante faltante fue detectado luego de un arqueo de caja, motivando la convocatoria de las autoridades, ante sospechas de una sustracción de dinero.

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El monto faltante asciende a G. 25.549.027 y USD 1.083, de acuerdo a la denuncia formulada por los responsables de dicha sucursal de transacciones financieras.

El Crio. Pedro Espínola comentó al canal C9N que un hombre de 32 años, quien trabaja como cajero en esta sucursal de Western Union, habría confesado el robo de esta millonaria suma.

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Según la versión de este “empleado infiel”, el dinero fue entregado a dos amigos suyos. Se trataría de un joven de 24 años y una mujer de 31 años, cuyas identidades no fueron reveladas por la Policía.

El caso fue comunicado a la agente fiscal Sandra Fariña, de la Unidad Penal N.º 1 de la Fiscalía Zonal de Mariano Roque Alonso, quien ordenó que el principal sospechoso permanezca en libertad, mientras continúa la investigación.

En la madrugada de este martes se reportó un accidente de tránsito con daños materiales sobre la avenida Mariscal López y la calle Coronel Martínez, a pocas cuadras del cruce con el viaducto de Madame Lynch.

Se vio involucrado en el percance vial un vehículo de la marca Toyota modelo Corolla color dorado, con chapa XAZ 741, conducido por Ricardo José Villalba Benítez, de 42 años.

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Este automóvil impactó violentamente contra un poste del tendido eléctrico de la ANDE, tras lo cual acabó con importantes destrozos en la parte delantera.

Según relató el conductor a los policías intervinientes, intentó esquivar un bache y luego perdió la dirección de su rodado, yendo a parar contra la columna de la ANDE.

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Afortunadamente, Villalba salió ileso de este siniestro vehicular, que solo dejó daños materiales a su vehículo y también a la estructura de hormigón.

El caso fue comunicado al agente fiscal de turno, Juan Marcelo García de Zúñiga, de la Unidad Penal Nº 3 de la Fiscalía Barrial Nº 2.

Los jueces Cándida Fleitas, Christian González y Héctor Capurro fijaron el inicio del juicio oral para el 23 de noviembre al mediodía. En esta etapa, el tribunal de sentencia juzgará al excandidato por los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

El Ministerio Público acusa a Cubas por perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hecho punible, tentativa de coacción a órganos constitucionales y tentativa de impedimento de las elecciones.

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Según el documento fiscal, el líder político convocó a sus simpatizantes y emitió discursos incendiarios tras su tercer lugar en los comicios presidenciales. Estas acciones causaron daños materiales a propiedades públicas y privadas, además de agresiones directas contra agentes policiales.

El proceso atravesó varias trabas legales antes de esta convocatoria. Inicialmente, el Tribunal admitió una excepción de incompetencia y remitió el caso a la circunscripción judicial de Alto Paraná. Sin embargo, los camaristas Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y Adriana Giagni aceptaron la apelación de los fiscales Jorge Arce Rolandi y Francisco Cabrera, y retuvieron la causa en Asunción.

Ante esta decisión, la defensa promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras el máximo tribunal daba trámite al recurso, los jueces suspendieron el inicio del juicio el 1 de julio de 2025.

Los agentes fiscales apelaron nuevamente esta medida y el Tribunal de Apelación revocó la suspensión. Con este último fallo judicial, los magistrados finalmente convocaron a las partes para la audiencia pública.

Para el desarrollo del juicio oral, el juzgado de Garantías admitió la comparecencia de aproximadamente tres mil testigos. Estas personas brindarán sus testimonios para aclarar los episodios de violencia de aquella jornada electoral.