Los 21 votos por la aprobación no fueron suficientes (faltaron 2 votos) para dar el “ok” al mensaje N° 292 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, del Proyecto de Ley “Que aprueba el contrato de préstamo entre Paraguay y el BID hasta un monto de US$ 20 millones, para el financiamiento del programa de gestión integrada de Seguridad Ciudadana, del Ministerio del Interior”.

La normativa, que figuraba como noveno punto del orden del día, fue analizada por los senadores durante la sesión ordinaria de la fecha. La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, presidida por Desirée Masi, aconsejó al pleno el rechazo de la misma. Tras someter a votación ganó el “no”, por lo que pasa al archivo.

A la legisladora del Partido Democrático Progresista (PDP) parece importarle poco o nada invertir en la seguridad ciudadana, ya que sin muchos argumentos junto a sus colegas de la comisión dictaminaron por no aceptar el crédito internacional.

Masi, así como muchos otros parlamentarios, cuenta con guardia policial (17 efectivos en total) tanto para su movilidad como la de su familia. En el 2014, nuestro diario se había hecho eco de la denuncia de los vecinos de Desirée, quienes se quejaron de las “paupérrimas condiciones” en que los custodios policiales realizan su trabajo.

La Comandancia de la Policía Nacional asignó policías como guardias de los Filizzola Masi, luego de que la pareja apareciera en la lista de “secuestrables” del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP. La vivienda está ubicada en el barrio Jara de la capital.

“Ellos tienen que estar realizando sus necesidades fisiológicas en el vecindario. Consideramos que no es justo el trato que reciben los agentes, más aún de parte de Rafael Filizzola, quien fue ministro del Interior y conoce el sacrificio diario de los custodios”, señaló en ese entonces una vecina a la redacción.

Las imágenes captadas por un reportero gráfico, en efecto, muestra que el sitio donde realizan sus guardias los agentes de la policía, no tiene una caseta que los resguarde en casos de lluvia. Del mismo modo no cuenta con un baño móvil. En esa ocasión, intentamos hablar con la legisladora pero no contestó las llamadas.

En el juicio que condenó a Ninfa, se reveló la razón que la impulsó a asesinar a Vero, aquel 10 de octubre de 2014. La abogada se había enamorado de la joven, quien en reiteradas ocasiones la rechazó, invocando su preferencia heterosexual, y que estaba enamorada de su entonces pareja, Diego Coronel, quien inicialmente fue el sospechoso de perpetrar supuesto feminicidio.

Ante la negativa de Verónica, la abogada decidió matarla. Para el efecto conminó al guardia privado Juan Carlos Vergara, a conseguirle un arma de fuego, pagándole por ello la suma de 500.000 guaraníes.

Con el revolver la mujer asesinó a la joven a balazos en la compañía Yca’a de la ciudad de Luque. Tras perpetrar el crimen, abandonó el cadáver en el vehículo de la víctima. En el desarrollo de la pesquisa, el guardia Vergara se quebró y confesó que él fue el que proveyó el arma a la abogada, por lo que luego en el juicio recibió una condena de 2 años y 11 meses de cárcel por complicidad.

Para la condena de Ninfa las fiscalas Cynthia Espínola y María Luján Estigarribia, aseguraron que se probó que la asesina actuó con “energía criminal” en el caso, pues disparó tres veces a su víctima para asegurar su muerte.

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El Ministerio Público, a través del fiscal anticorrupción Diego Arzamendia, peticionó que la Cámara de Apelaciones anule la decisión del tribunal.

Cabe recordar que los caseros Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero, fueron condenados a 2 años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, en junio de 2021. Se confirmó que estos acusados prestaron servicios en las propiedades del exdiputado Tomás Rivas en 2017 y cobraban salarios asignados por la Cámara Baja.

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Los antecedentes del caso señalan que el tribunal presidido por la jueza Laura Ocampos e integrado por los magistrados Juan Pablo Mendoza y Fabián Weisensee fallaron a favor del político de Ybycuí teniendo en cuenta lo que establece el Artículo 25 inciso 10 del Código Procesal Penal e hizo lugar a la extinción de la acción penal.

El fiscal Arzamendia tomó intervención debido a que la defensa de Rivas recusó al fiscal original de la causa, Luis Piñanez. El Ministerio Público sostiene que los tres magistrados incurrieron en una errónea aplicación del Art. 25 inc. 10 del CPP, dado que no hubo acuerdo ni consentimiento de la Fiscalía para la reparación económica.

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Los tres magistrados unánimemente admitieron el pago de G. 121.800.000 a la Cámara de Diputados, en concepto de devolución del dinero que cobraron en forma irregular tres caseros de Rivas, quienes supuestamente trabajaban en la Cámara Baja, pero no cumplían funciones en la sede parlamentaria, sino en la casa del exlegislador.

Asimismo, el tribunal dispuso el pago de G. 47.000.000, el año pasado, por parte de Rivas, a través de la Contraloría General de la República, para la reparación de escuelas ubicadas en barrios pobres.

El fiscal de Curuguaty, Christian Roig, imputó por intento de feminicidio a un hombre luego de agredir físicamente a su pareja, asimismo, abrió una carpeta fiscal para investigar el hecho.

La Fiscalía pidió la prisión preventiva del imputado, Alejandro Ruiz Díaz Villar, de 36 años, quien ya fue aprehendido.

Los hechos se registraron el pasado 1 de mayo de 2024, en horas de la madrugada, y el Ministerio Público fue informado a través de una llamada telefónica realizada por un médico de guardia del Instituto de Previsión Social de Curuguaty, resultando víctima Delia Torres, quien llegó al centro médico con lesiones graves.

El reporte de los médicos refiere que la víctima llegó en estado inconsciente, con traumatismo de cráneo grave, fracturas a nivel de la clavícula y golpes de consideración a la altura del rostro. La mujer, debido a su estado de salud grave, tuvo que ser trasladada hasta el IPS de Asunción.

Los datos que se manejan señalan que después del hecho, al percatarse de la gravedad de la situación de la mujer, el supuesto agresor la llevó al centro médico local. Luego fue aprehendido por los agentes policiales de la comisaría 5.ª de Curuguaty, quedando a disposición del Ministerio Público.