30 de enero del 2022. Ya había caído la noche en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino, que aquel domingo estaba copado por más de 20.000 personas, quienes participaban del festival “Ja’umina Fest”.

Aquella calurosa jornada de enero que empezó con algarabía y ritmo de la mano de varios artistas que se presentaron en el escenario terminó en tragedia. Aquel domingo, se registró un atentado que acabó con la vida de dos personas, entre ellas la modelo e influencer Cristina Aranda.

Hoy se cumple un año de aquel fatídico episodio, que hasta el momento sigue calando hondo en los familiares, allegados y seguidores de “Vita”, como era llamada cariñosamente. A un año de su partida, aún se mantiene vigente el pedido de justicia.

CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS

En el festival Ja’umina Fest -que había arrancado ya en horas de la tarde- estuvo presente un joven de 18 años, de nombre Rodi Alexis Acosta Vera. El mismo llevaba consigo un arma de fuego que terminaría desenfundando para acabar con la vida de Cristina Aranda, aunque su objetivo era otro.

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Durante la presentación del grupo Binomio de Oro, parte de la multitud empezó a agitarse y correr desesperadamente por el anfiteatro. Sin saber lo que estaba ocurriendo, la agrupación colombiana decidió ingresar al camerino, a la espera de recibir indicaciones para salir de vuelta al escenario.

Para ese momento, ya se había consumado el fatal atentado hacia el sector de los sanitarios, resultando víctimas la modelo Cristina Aranda y otro sujeto, identificado como Marcos Rojas, quien era el blanco real del sicario.

El joven tirador había aprovechado el momento en que Rojas fue al baño para desenfundar su arma de fuego y disparar contra su humanidad, sin tener en cuenta que en ese preciso instante también “Vita” formaba fila para ingresar, lo cual la convirtió en una víctima colateral.

LA DROGA, EL TRASFONDO DE TODO

La investigación impulsada por la Fiscalía y la Policía Nacional permitió determinar que el trasfondo del crimen era una deuda impaga por una venta de droga.

El “cerebro” y autor moral del atentado fue identificado como Alcides Villasboa Peralta, alias “Ropero”, quien había adquirido unos 18 kilos de cocaína por un valor aproximado de USD 64.800. El vendedor era Marcos Rojas, conocido con el alias de “Marcos Capital”.

Según el relato, Rojas venía exigiendo a Villasboa el pago por la carga de droga que le había vendido, pues inicialmente se fijó un plazo de 20 días para el efecto, tiempo que no fue respetado. Ante la insistencia, “Ropero” craneó el asesinato de su acreedor.

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Para el efecto, había contratado a Rodi Alexis Acosta Vera, quien logró burlar los frágiles controles de seguridad en el anfiteatro de San Bernardino, pudiendo ingresar al concierto portando un arma de fuego y, luego, logrando escapar tras consumar el crimen.

LO QUE SE DESCUBRIÓ DURANTE LA INVESTIGACIÓN

La investigación de las autoridades también permitió descubrir otras situaciones y hechos llamativos, como la participación en el festival de personas buscadas por la justicia y que estaban ligadas al tráfico de drogas.

Una de ellas era José Luis Bogado Quevedo, quien contaba con 34 antecedentes penales en Brasil y quien tenía sobre sí un pedido de extradición por causas penales vinculadas al narcotráfico en el vecino país. El mismo resultó herido durante el tiroteo.

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Otro nombre que saltó conforme avanzó la investigación fue el de Marcelo Eladio Monteggia Díaz, quien era requerido por la justicia boliviana por un caso de homicidio también vinculado al narcotráfico. Al igual que Bogado Quevedo, también fue herido de bala en el festival.

Uno de los hechos que más llamaron la atención en este caso fue la alteración del sistema informático de la Policía Nacional para “eliminar” la orden de captura con fines de extradición que pesaba contra José Luis Bogado Quevedo. Los responsables de esta modificación serían los agentes Ramón Vargas Espinoza y Félix Ayala Caballero, actualmente recluidos en la Agrupación Especializada.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.