Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, adelantó en entrevista con el canal GEN que dispuso una revisión de los llamados por vía de la excepción, no solo de las cifras, sino además de que cómo se comporta el sistema respecto a esta herramienta de contratación que posee el Estado.

En el portal de Contrataciones aparecen unos números muy llamativos, como la masiva utilización de la modalidad vía de la excepción, la cual, haciendo el comparativo de períodos de transición anteriores, casi llega al 400%. Tal como lo indica su nombre, esta opción debe ser excepcional y no la pauta para hacer las convocatorias.

Sobre el punto, Seitz dijo desconocer los números actuales y si los publicados periodísticamente consisten en licitaciones que llegaron a la etapa de convocatoria o adjudicación. Por ello, prometió hacer dicho análisis y publicarlo en el portal de la DNCP.

“Los contratos por vía la excepción son una herramienta para ser utilizadas en ciertas condiciones, en algunos casos son contratos que se firman forma literalmente directa con un proveedor, porque es el único de poder satisfacer esa necesidad, y eventualmente también pueden ser contratos que tienen como única característica que se acelera el proceso de firma, se reduce desde a cinco días el plazo de publicación, pero puede llegar a haber competencia en el mercado. Hay distintos tipos de excepción”, explicó.

Ejemplificó que este mecanismo de contratación se utiliza en compra de medicamentos con patentes que solo un laboratorio posee, o la locación de un inmueble, y además de aquellos que requieren urgencia y premura que requiere para adquirir un servicio, tal como ocurrió en la pandemia, para que se acelere el proceso.

Por otro lado, Pablo Seitz aseguró que el monto global de las licitaciones (juntando todas las modalidades) asciende 650 millones de dólares, tanto de la transición de Horacio Cartes a Mario Abdo Benítez y de Abdo a Santiago Peña, mientras que de Franco a Cartes es 800 millones de dólares, teniendo en cuenta el corte del mes de mayo en los tres años de cambio de Gobierno.

LA JUGADA DE ABDO

Según La Caja Negra (Unicanal), la modalidad de la vía de la excepción se convirtió en la herramienta de compras públicas preferida del gobierno saliente de Mario Abdo Benítez, siendo esta una excelente oportunidad para asestar los últimos hechos de corrupción en la función pública a través de los descontrolados procesos de contrataciones antes del cambio de mando. Abdo gastó en la transición 93 % más que Horacio Cartes. De USD 26 millones (era Cartes), ahora trepó a USD 51 millones (era Marito). En los llamados vía excepción durante esta transición, Abdo gastó 359 % más que Cartes. De USD 8 millones (era Cartes), Abdo gastó USD 37 millones (era Marito).

De acuerdo con los datos de Contrataciones Públicas, entre los meses de enero y mayo del año 2013, de la era Lugo-Franco hubo 2.177 procesos de contrataciones. En esos mismos meses del año 2018, del gobierno de Cartes se registraron 1.849 procesos. En tanto que en lo que va de este 2023, en la salida de Marito hay 1.181 compras públicas.

Además de estos importantes valores en términos monetarios, otro dato que llama poderosamente la atención es la cantidad de contrataciones que se da por vía de la excepción, que es mucho más alta en el gobierno actual que en los anteriores. Tal es así que de enero a mayo de 2013, el monto de estos contratos se situaba en G. 165.288.137.940; en 2018 fue de G. 58.264.553.592, y finalmente en este 2023 el monto llega a los G. 267.857.476.402.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.