Con varios mensajes, uno tras otro que incluyen emojis, stíckers que resultan un verdadero acoso, el joven se identificó como Iván Valdez, cuyo nombre figura como responsable de la comunicación institucional del CIRD en su página web. (Ver capturas).

Puede interesar: Festín con dinero público: CIRD habría violado ley antinepotismo

 La reacción de nada menos el comunicador de la ONG “pro transparencia” demuestra una alta intolerancia a la crítica periodista y una falta de respeto a la investigación periodística, que tanto dicen valorar repartiendo certificados, premios a los que ejercen este oficio.

Una institución que recibe dinero de los paraguayos para dictar cursos de periodismo opera de forma patotera y soez a la hora en que soporta un cuestionamiento, reacción que no condice con la bandera de la transparencia, la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción que usan como bandera.

El CIRD que debería ofrecer información oficial dispone que su encargado de prensa acose a nuestra periodista con mensajes desubicados para el nivel de seriedad de la cuestión debatida.

La participación del jefe de prensa del CIRD representa el rostro qué tal institución quiere ocultar, pero finalmente no puede: ausencia de democracia y falta de actitud ante la crítica.

Lea también: Clavos en la era Abdo: Queda en manos de la Fiscalía indagar

Nuestra redacción ha recurrido a la fuente en varias ocasiones para solicitar su versión. Es como se actúa en el caso de periodismo de investigación serio y riguroso.

La jueza Lici Sánchez afirmó que existe un grave desorden administrativo y en el sistema de salud, en el marco del creciente número de acciones de amparo presentadas por pacientes, principalmente para acceder a medicamentos oncológicos, muchos de ellos de altísimo costo y, en algunos casos, no autorizados para su venta en el país.

En entrevista con radio Ñanduti, la magistrada sostuvo que la situación obliga a los jueces a tomar decisiones urgentes que terminan incidiendo directamente en el presupuesto de otras instituciones, lo que —advirtió— genera una tensión con el principio constitucional de división de poderes.

Sánchez cuestionó con dureza la falta de control previo en la prescripción médica. “No puede ser que los médicos estén recetando medicamentos sin cerciorarse previamente si hay o no hay”, expresó.

Como ejemplo, relató un caso que calificó de alarmante, ya que una receta médica solicitaba 1.000 pastillas, cuando cada frasco contenía solo 28 unidades, con un costo de 39 millones de guaraníes por frasco. “Cuando pedimos los costos, realmente te caés de espalda”, señaló.

La jueza aseguró además que existen fármacos que no cuentan con autorización para su comercialización en el país, pero que aun así son recetados y luego incluidos en órdenes de compra a través de resoluciones judiciales.

“Es grave lo que está pasando”, afirmó, al advertir que esta práctica expone al Estado a riesgos sanitarios, administrativos y financieros.

Sánchez recordó que el amparo es una medida excepcional y urgente, destinada a resolver una situación crítica de salud, pero que su uso reiterado está llevando a los jueces a ordenar compras directas, asumiendo incluso responsabilidades administrativas que no les corresponden.

“Estamos ingresando al presupuesto de otra institución. Por Constitución Nacional hay división de poderes”, subrayó.

La magistrada explicó que, aun con una orden judicial de cumplimiento inmediato, el Ministerio de Salud debe seguir procedimientos administrativos, que incluyen contrataciones directas y llamados a laboratorios, lo que retrasa la provisión de los medicamentos. “¿De qué sirve una orden judicial si el laboratorio no provee por una cuestión administrativa o económica?”, cuestionó.

La jueza Sánchez instó a rever el sistema, fortalecer los controles técnicos, transparentar la compra de medicamentos y definir mecanismos claros para evitar abusos. “El amparo es para resolver lo urgente. Pero después la institución tiene que tomar conciencia. Si hay fallecimientos, reacciones adversas o medicamentos no utilizados, ¿dónde van a parar esos fármacos?”, se preguntó.

Nelson Roberto Acuña Cabañas (28) fue detenido por el Departamento de Investigaciones, luego de una serie de averiguaciones y operativos que condujeron hasta él.

Antes identificaron a Sonia Elizabeth Alen Cabral de 23 años, pareja del detenido, como supuesta cómplice del asesinato del tarotista, ya que habría marcado la cita con la víctima.

Nota relacionada: Matan a balazos a joven tarotista en Pedro Juan: llegó un “cliente” y lo ultimó en la sala

Se incautó la motocicleta y un teléfono celular que el detenido tenía consigo. El arma utilizada para el crimen todavía no fue encontrada, pero sí hallaron una bota de las mismas características a la utilizada por el autor.

De momento no se tiene información acerca del móvil del crimen. Se sospecha que la mujer estaría fuera del país.

El hecho ocurrió el jueves 15 de enero a las 20:30 en la Fracción Santa Ana de Pedro Juan Caballero, donde resultó víctima Rodrigo Cristaldo Pereira (23), brasileño, hijo de paraguayos.

Según testimonios, un desconocido con capucha llegó al lugar a bordo de una motocicleta, conversó con el tarotista y ambos ingresaron a la casa. Una vez en la sala, el sicario sacó el arma de fuego y disparó a quemarropa.

Presentación Caballero Cabral, de 91 años, falleció ayer tras el incendio de su vivienda en San Bernardino. La Essap emitió un comunicado en el que lamentó la pérdida humana y dio un mensaje de acompañamiento y solidaridad con la familia.

Además, la institución ordenó la recopilación de los antecedentes técnicos y administrativos correspondientes y la verificación del estado de la red y de la infraestructura en el área.

Lea también: Adultos Mayores cobran este mes con un pequeño reajuste: ¿bajará la edad?

También anunciaron plena colaboración con las autoridades para esclarecer lo acontecido.

La aguatera estatal promete reforzar el trabajo con los municipios y bomberos, principalmente en materia preventiva, así como planificar inversiones y actualizar los registros.