El Instituto de Previ­sión Social (IPS), que vive remando con­tra las precariedades here­dadas, debiera realizar una investigación de los víncu­los laborales-comerciales reales entre el coordinador anticorrupción del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Francisco Darío Alcaraz, y su contadora, Isabel Benítez Espínola, consultora que fac­tura en el proyecto “Más ciu­dadanía, menos corrupción”.

Mientras el coordinador anti­corrupción promueve orga­nizaciones escrachadoras, mediatiza visitas a institu­ciones públicas para mostrar trámites de interés social y difunde acciones como ciu­dadano combatiente contra la corrupción y la impunidad, surgen condiciones dudosas en su incorporación como asegurado del IPS. Según registros de la previsional a los que hemos accedido, Alcaraz volvió a aparecer como asegurado después de 10 años de permanecer inac­tivo gracias a Benítez Espí­nola, consultora que él con­trató en el “Más ciudadanía, menos corrupción”.

Benítez Espínola es consul­tora contratada por Alca­raz en proyecto anticorrup­ción; sin embargo, en IPS esta declaró que es su empleadora. El coordinador anticorrup­ción funge de modesto asa­lariado con remuneración del mínimo vigente.

Cabe recordar que la consul­tora de Benítez Espínola es una de las dos que facturan en “Más ciudadanía, menos corrupción” a las que está vinculado como consultor el coordinador. La otra empresa es Tabacman, donde el coor­dinador junto con su hijo Car­los Francisco Alcaraz son consultores.

La ONG Conciencia Viva es otra que factura al proyecto y de la que forma parte como consultor el hijo del coordinador. (Ver Infografía).

Según los documentos que nos proveyeron, Alcaraz ingresó en mayo de este año en el sistema de IPS y figura con aportes hasta octu­bre pasado a través de su empleadora Benítez Espí­nola. El sueldo declarado oscila entre los G. 2,4 millo­nes y G. 2,6 millones que es el mínimo vigente.

“Hay varias modalida­des de aporte y una de las modalidades es el aporte voluntario que no cons­tituye ningún delito porque permite la legislación del IPS. Y yo desde hace muchos años en realidad le brindo ciertos servi­cios a la licenciada Isa­bel Benítez, es el sector privado, no es público, yo le puedo brindar ser­vicios”, había mencio­nado Alcaraz en una con­sulta que le realizamos. Trabaja desde hace años, pero hace tres meses le aseguró en IPS, la señora Benítez Espínola.

Así como funge de modesto asalariado de su amiga Benítez Espínola, el coor­dinador anticorrupción del CIRD también activa como gran referente de análisis de hechos de corrupción de la gestión pública. Reciente­mente, junto con su organi­zación el CIRD, promocio­naron el debate que hicieron sobre el sonado caso “UNA, no te calles” y el “régimen de corrupción de Froi­lán Peralta”. Sin embargo, omitieron que esta ONG, con Agustín Carrizosa a la cabeza, nada tiene para envi­diar al exrector de la Univer­sidad Nacional de Asunción en la ingeniería montada para succionar con el entorno el dinero proveniente del bol­sillo de los contribuyentes.

Carrizosa repartió sueldos a su clan familiar y opera­dores políticos de la cam­paña política del equipo de Mario Abdo mediante con­venio de G. 6.093 millones con el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y varios otros millonarios conve­nios con instituciones del Estado. El mismo presidente del CIRD aparece con cobro de honorarios en proyectos estatales, festín que también incluye al hijo del coordina­dor anticorrupción, Carlos Francisco Alcaraz.

El CIRD, con el clan Carrizo­sa-Alcaraz, aplican la misma práctica de uso discrecional, nepotismo en la ejecución de recursos del Estado que tanto critican a ciertos sectores políticos.

CONSULTA SOBRE GASTO QUE NO FUE ACLARADA

La Asociación Civil de Auditoría Ciudadana de Mariano Roque Alonso se quedó con deudas tras cancelación de proyecto por parte del CIRD.

Con el escándalo de repar­tija de honorarios en el Centro de Información y Recursos para el Desarro­llo (CIRD) van surgiendo descontentos de organi­zaciones civiles que que­daron muy desilusionadas por el manejo del CIRD y hasta se dieron fugas de la coalición por la legalidad integrada por grupos civi­les que apoyan el proyecto de la ONG, “Más ciudada­nía, menos corrupción”.

El miembro fundador y audi­tor de la Asociación Civil de Auditoría de Mariano Roque Alonso, Ricardo Torres, lamentó que se hayan quedado con deu­das después de haber ela­borado un sustancioso pro­yecto de control ciudadano que le adjudicó el CIRD en el marco de “Más ciudadanía, menos corrupción”.

El acuerdo de subvención fue por G. 100 millones en julio de este año, por un proyecto que sorprende­mente fue modificándose por exigencias del CIRD. “Nosotros íbamos a hacer capacitaciones a los ciu­dadanos de forma gratuita sobre el control y el manejo de los recursos municipa­les. Cuando ellos seleccio­nan nuestra iniciativa, nos piden modificar nuestro proyecto y no darle tanta cabida a las jornadas de capacitación, sino investi­gaciones de posibles hechos de corrupción”.

Torres mencionó que con este primer ajuste se ini­ciaron los varios retoques que fueron impuestos en el proyecto que no solo tie­nen que ver con la cues­tión didáctica, sino tam­bién presupuestarios. En medio de las modificacio­nes la organización con­sultó un gasto “en secreta­ría de proyecto” por G. 6,6 millones que fue introdu­cido por el CIRD, que nunca fue aclarado, según men­cionó Torres.

Tras este episodio, sema­nas después correspon­día el primer desembolso por el plan y la ejecución del proyecto, pero nunca se dio, pese a la serie de disposiciones a las que se ajustaron.

En medio de la vía crucis surgió un problema interno en la organización que vino como anillo al dedo como argumento para cancelar el acuerdo con la organización que ya incluso venía reali­zando pequeñas inversio­nes debido a que confiaban en el convenio firmado. Lo más grave es que, según los miembros de esta asocia­ción, esta situación quiso plantearse como una can­celación de común acuerdo por parte del coordinador de “Más ciudadanía, menos corrupción”, Francisco Alcaraz.

El inminente escándalo que se iba generando como consecuencia del incumpli­miento hasta se presentó un amparo para que los cuestionadores miembros de esta asociación pierdan el dominio del sitio web y así dejen de publicar el des­contento y el desplante que les hizo el CIRD de manera arbitraria.

En la madrugada de este domingo se registró un choque vehicular sobre las calles Santa Clara entre Ayolas y San Roque, en el barrio San Miguel de Villarrica, departamento de Guairá.

Se vieron involucrados en este percance un vehículo de la marca Toyota modelo Corolla color gris, al mando de Nelson Eduardo Martínez (39), y una furgoneta Toyota Voxy color oscuro.

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El automóvil acabó impactando contra la parte posterior de la Voxy que se encontraba estacionada en la vía pública, frente a la vivienda de su propietario.

Personal de la Comisaría 4° San Miguel acudió al sitio luego de recibir el reporte y procedió a la detención del conductor causante del accidente, quien es un efectivo policial con grado de Suboficial Segundo de Sanidad.

En su relato, afirmó haber realizado una maniobra brusca para evitar atropellar a dos personas que cruzaron la calle, perdiendo el control de su rodado e impactando contra el furgón.

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Martínez fue sometido a la prueba de alcotest y arrojó un resultado positivo de 1,224 mg/L, confirmándose así que circulaba bajo los efectos del alcohol.

El automovilista ebrio quedó detenido en una dependencia policial y fue automóvil fue decomisado, por disposición de la agente fiscal de turno, Noelia Soto Godoy.

La Policía Nacional, a través de las autoridades correspondientes, procedió a la activación de la Alerta MAFE (Mecanismo de Alerta ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes) para intensificar la búsqueda de Kiara Beatriz Cabaña Pereira, una adolescente de 15 años de edad de quien no se tienen noticias desde hace dos días.

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De acuerdo con el reporte oficial, la menor desapareció en la noche del pasado lunes 13 de julio en la ciudad de San Lorenzo. Desde ese momento, tanto sus familiares como las fuerzas de seguridad iniciaron una búsqueda que hasta el momento no arrojó resultados positivos.

Al momento de su desaparición, Kiara vestía una campera negra con capucha, una calza de color gris y calzados deportivos de color negro.

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Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía. Cualquier persona que tenga información relevante, que haya visto a la adolescente o que pueda aportar datos sobre su posible paradero puede comunicarse de manera confidencial a los siguientes números telefónicos:

• 0986 760 083 (Contacto directo con la familia o investigadores)
• 130 (Línea del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia)
• 911 (Sistema de Emergencias de la Policía Nacional)

Simeona Britez denunció públicamente la situación de abandono en la que se encuentra el Hospital Regional de Villa Hayes. La misma declaró ante los medios de comunicación que su hijo, quien es adicto a las drogas desde los 16 años, se encontraba en una situación muy crítica y delicada.

Cuenta que llegaron al centro médico y le dieron atención prioritaria, pero desde un principio le advirtieron que no había medicamentos, insumos y tampoco equipos para realizar los estudios requeridos. “Todos los recursos, hay que comprar” fueron las palabras de los médicos. La mujer acudió con su hijo a institutos privados para hacer los estudios correspondientes bajo sospecha de tuberculosis.

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“En Paraguay no hay centros de habilitación como corresponden” decía Simeona Britez. El pasado domingo, su hijo fue encontrado moribundo sobre la calle Colón, ella misma fue a buscarlo y buscó ayuda en centros asistenciales pero no consiguió lugar para internación.

El Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) lo derivó al Hospital Regional de Villa Hayes, que Simeona describió como un edificio que se desploma a pedazos.

RELATO CIUDADANOS vs PLAN SUMAR

En cuanto a la falta de centros de rehabilitación, los informes de gestión hablan de la creación del Plan SUMAR. En el informe se destacan:

- DITRES (División de Tratamiento Residencial Especializada) en Piribebuy con 30 camas para adultos varones

- UTRA (Unidad de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones) en Itauguá con 33 plazas para adolescentes.

- Sala de Patología Dual (para pacientes con trastornos psiquiátricos y adicciones) en conjunto entre el Centro de Urgencias Psiquiátricas con 16 camas para adultos.

- CENPTRA (Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones).

- Kuña Tekove Roga con 17 camas iniciales para mujeres.

Y otras salas de internación breve, para adultos en procesos cortos de contención, en los hospitales distritales de Eusebio Ayala, Itá, Fernando de la Mora y Caaguazú. Con 4 camas por establecimiento.

Resulta cuestionable si esta red, que suma poco más de un centenar de camas en todo el país, es una respuesta proporcional para un Estado que admite que el consumo de sustancias afecta estimativamente a 500.000 personas en Paraguay.