El Instituto de Previ­sión Social (IPS), que vive remando con­tra las precariedades here­dadas, debiera realizar una investigación de los víncu­los laborales-comerciales reales entre el coordinador anticorrupción del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Francisco Darío Alcaraz, y su contadora, Isabel Benítez Espínola, consultora que fac­tura en el proyecto “Más ciu­dadanía, menos corrupción”.

Mientras el coordinador anti­corrupción promueve orga­nizaciones escrachadoras, mediatiza visitas a institu­ciones públicas para mostrar trámites de interés social y difunde acciones como ciu­dadano combatiente contra la corrupción y la impunidad, surgen condiciones dudosas en su incorporación como asegurado del IPS. Según registros de la previsional a los que hemos accedido, Alcaraz volvió a aparecer como asegurado después de 10 años de permanecer inac­tivo gracias a Benítez Espí­nola, consultora que él con­trató en el “Más ciudadanía, menos corrupción”.

Benítez Espínola es consul­tora contratada por Alca­raz en proyecto anticorrup­ción; sin embargo, en IPS esta declaró que es su empleadora. El coordinador anticorrup­ción funge de modesto asa­lariado con remuneración del mínimo vigente.

Cabe recordar que la consul­tora de Benítez Espínola es una de las dos que facturan en “Más ciudadanía, menos corrupción” a las que está vinculado como consultor el coordinador. La otra empresa es Tabacman, donde el coor­dinador junto con su hijo Car­los Francisco Alcaraz son consultores.

La ONG Conciencia Viva es otra que factura al proyecto y de la que forma parte como consultor el hijo del coordinador. (Ver Infografía).

Según los documentos que nos proveyeron, Alcaraz ingresó en mayo de este año en el sistema de IPS y figura con aportes hasta octu­bre pasado a través de su empleadora Benítez Espí­nola. El sueldo declarado oscila entre los G. 2,4 millo­nes y G. 2,6 millones que es el mínimo vigente.

“Hay varias modalida­des de aporte y una de las modalidades es el aporte voluntario que no cons­tituye ningún delito porque permite la legislación del IPS. Y yo desde hace muchos años en realidad le brindo ciertos servi­cios a la licenciada Isa­bel Benítez, es el sector privado, no es público, yo le puedo brindar ser­vicios”, había mencio­nado Alcaraz en una con­sulta que le realizamos. Trabaja desde hace años, pero hace tres meses le aseguró en IPS, la señora Benítez Espínola.

Así como funge de modesto asalariado de su amiga Benítez Espínola, el coor­dinador anticorrupción del CIRD también activa como gran referente de análisis de hechos de corrupción de la gestión pública. Reciente­mente, junto con su organi­zación el CIRD, promocio­naron el debate que hicieron sobre el sonado caso “UNA, no te calles” y el “régimen de corrupción de Froi­lán Peralta”. Sin embargo, omitieron que esta ONG, con Agustín Carrizosa a la cabeza, nada tiene para envi­diar al exrector de la Univer­sidad Nacional de Asunción en la ingeniería montada para succionar con el entorno el dinero proveniente del bol­sillo de los contribuyentes.

Carrizosa repartió sueldos a su clan familiar y opera­dores políticos de la cam­paña política del equipo de Mario Abdo mediante con­venio de G. 6.093 millones con el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y varios otros millonarios conve­nios con instituciones del Estado. El mismo presidente del CIRD aparece con cobro de honorarios en proyectos estatales, festín que también incluye al hijo del coordina­dor anticorrupción, Carlos Francisco Alcaraz.

El CIRD, con el clan Carrizo­sa-Alcaraz, aplican la misma práctica de uso discrecional, nepotismo en la ejecución de recursos del Estado que tanto critican a ciertos sectores políticos.

CONSULTA SOBRE GASTO QUE NO FUE ACLARADA

La Asociación Civil de Auditoría Ciudadana de Mariano Roque Alonso se quedó con deudas tras cancelación de proyecto por parte del CIRD.

Con el escándalo de repar­tija de honorarios en el Centro de Información y Recursos para el Desarro­llo (CIRD) van surgiendo descontentos de organi­zaciones civiles que que­daron muy desilusionadas por el manejo del CIRD y hasta se dieron fugas de la coalición por la legalidad integrada por grupos civi­les que apoyan el proyecto de la ONG, “Más ciudada­nía, menos corrupción”.

El miembro fundador y audi­tor de la Asociación Civil de Auditoría de Mariano Roque Alonso, Ricardo Torres, lamentó que se hayan quedado con deu­das después de haber ela­borado un sustancioso pro­yecto de control ciudadano que le adjudicó el CIRD en el marco de “Más ciudadanía, menos corrupción”.

El acuerdo de subvención fue por G. 100 millones en julio de este año, por un proyecto que sorprende­mente fue modificándose por exigencias del CIRD. “Nosotros íbamos a hacer capacitaciones a los ciu­dadanos de forma gratuita sobre el control y el manejo de los recursos municipa­les. Cuando ellos seleccio­nan nuestra iniciativa, nos piden modificar nuestro proyecto y no darle tanta cabida a las jornadas de capacitación, sino investi­gaciones de posibles hechos de corrupción”.

Torres mencionó que con este primer ajuste se ini­ciaron los varios retoques que fueron impuestos en el proyecto que no solo tie­nen que ver con la cues­tión didáctica, sino tam­bién presupuestarios. En medio de las modificacio­nes la organización con­sultó un gasto “en secreta­ría de proyecto” por G. 6,6 millones que fue introdu­cido por el CIRD, que nunca fue aclarado, según men­cionó Torres.

Tras este episodio, sema­nas después correspon­día el primer desembolso por el plan y la ejecución del proyecto, pero nunca se dio, pese a la serie de disposiciones a las que se ajustaron.

En medio de la vía crucis surgió un problema interno en la organización que vino como anillo al dedo como argumento para cancelar el acuerdo con la organización que ya incluso venía reali­zando pequeñas inversio­nes debido a que confiaban en el convenio firmado. Lo más grave es que, según los miembros de esta asocia­ción, esta situación quiso plantearse como una can­celación de común acuerdo por parte del coordinador de “Más ciudadanía, menos corrupción”, Francisco Alcaraz.

El inminente escándalo que se iba generando como consecuencia del incumpli­miento hasta se presentó un amparo para que los cuestionadores miembros de esta asociación pierdan el dominio del sitio web y así dejen de publicar el des­contento y el desplante que les hizo el CIRD de manera arbitraria.

El agente fiscal Rafael Ojeda representó al Ministerio Público en el juicio oral que derivó en la condena de 16 años para un hombre hallado culpable de la muerte de su compañero de tragos.

El hecho ocurrió el 20 de enero de 2023 en la localidad de Guasucaimi de Yuty, departamento de Caazapá.

Los datos señalan que ese, la víctima fatal Gerónimo Céspedes Flores, llegó al domicilio de la Lorenza Castillo, ubicado en la misma compañía, donde también se encontraba en ese momento Pedro Cantero Taboada, en el lugar empezaron a tomar bebidas alcohólicas.

Luego, cerca de las 20:30 horas, mantuvieron una discusión donde el hoy acusado le dijo a su víctima que lo mataría y arrojaría su cuerpo a un pozo. Ante la amenaza, desesperado, Gerónimo Céspedes Flores, salió corriendo hacia su domicilio donde trabajaba como encargado en un establecimiento ganadero.

El hombre fue perseguido por Cantero Taboada, con un machetillo en mano. Durante la persecución se pudieron escuchar gritos desesperados de la víctima situación que fue divisada por su patrón, Silvio Araujo Vargas.

Cantero Taboada se abalanzó sobre la víctima, quien al tratar de defenderse del agresor extendió su brazo lado izquierdo hacia arriba momento en que recibió una herida cortante en su brazo, lado izquierdo hacia arriba. La herida comprometió el hueso radio y cubito, además sufrió otras dos heridas cortantes y profundas con rotura de cráneo, en el pabellón auricular izquierdo, el cuello, herida cortante y deformante en el mentón; herida en el hombro lado izquierdo.

Luego Cantero Taboada cumplió su amenaza y arrojó el cuerpo a un pozo artesanal.

El Ministerio de Justicia confirmó la muerte del hombre y el informe preliminar indica que sufrió un infarto de miocardio.

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Agustín Ramón Martínez manifestó tener un dolor fuerte en el pecho y los médicos del penal de Tacumbú sugirieron que se derivado de inmediato a un centro asistencia.

Conocido como “soldado israelí”, no precisamente por ser un soldado, fue trasladado hasta el Hospital de Barrio Obrero donde los profesionales constataron que ya no tenía signos de vida.

El hombre fue condenado en el 2022 a 30 años de cárcel, más 10 años como medida de seguridad, como responsable de la muerte del abogado Lucilo Nicolás Cardozo en Yaguarón, pero no es el único crimen que se lo atribuye, incluso lo acusaron de matar a su esposa.

Homicidio, robo agravado y abigeato forman parte de su prontuario, pero fue conocido por su rasgo misterioso, mentiroso y la saña con la que acababa con sus víctimas.

Se hacía llamar soldado porque aseguraba que participó de varios combates bélicos y que fue entrenado por las fuerzas armadas israelíes, todo formaba parte una mentira.

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El fiscal Juan Ramón Sandoval imputó a Fermín Cardozo Portillo, jefe de la subcomisaría de la localidad de Mboi’y, distrito de 25 de Diciembre, por el hecho punible de abigeato. Además, solicitó su prisión preventiva atendiendo a que, en libertad, podría obstruir la investigación.

El antecedente del caso refiere que el hecho ocurrió el pasado del 29 de marzo, cuando Cardozo Portillo, en compañía de otras personas, arreó tres animales vacunos, (una vaquilla y dos toritos), propiedad de una mujer que había regresado recientemente al país, proveniente de la Argentina.

La hipótesis surge que todo ocurrió en el interior de un inmueble ubicado sobre la calle Kuré Kua de la colonia Navidad, lugar del cual el agente policial supuestamente dirigió los tres animales ajenos hasta el domicilio de su suegra.

Pasados los días, la propietaria de los animales se percató del faltante de vacunos por lo que consultando con los vecinos que le refirieron que pudieron ver al jefe policial quitando sus animales de su propiedad, por lo que la misma solicitó a su pareja que vaya hasta la comisaría a pedirle que los devuelva.

El sospechoso entregó uno de los animales, que la víctima fue a retirar del corral de la suegra de Portillo, no así los otros dos, los cuales el agente policial habría sustraído del lugar y trasladado a bordo de un acoplado.

Se realizaron varias diligencias, entre ellas allanamientos, pedidos de informes, y declaraciones de testigos, quienes refirieron que no sería la primera vez que el jefe policial realiza este tipo de hechos.