Benito Adrián Mendoza Aranda (31) fue el primer detenido, tras comprobarse que el vehículo robado de la víctima, Gibelda Gamarra Acosta,  fue manejado y estacionado por él, a unos kilómetros de la escena del crimen. 

Hacía cinco años que Benito realizaba trabajos para la señora asesinada (de albañilería,  jardinería y gestiones varias).  Manejaba todo el movimiento de Gibelda, por lo que, fue uno de los principales sospechosos, tras descubrirse el cadáver de la octogenaria. 

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Los otros dos detenidos,  Junior Ariel Gómez Velázquez (28) y Marcelo Saul Merlos Orrego (27) cayeron después de la delación de Benito. Ahora todos se acusan entre sí,  respecto a quién fue el que mató a la mujer. 

Los tres comparten vicios comunes, según revelaron los investigadores: el crack y la pertenencia a barrabravas de un club de fútbol. Los dos últimos, incluso cuentan con antecedentes policiales-judiciales, por tráfico de drogas, disturbios en la vía pública y violencia doméstica. 

El comisario Gamarra señaló a la 730 AM que, Benito Mendoza (quien participó del velorio de Gibelda y se mostró “compungido” por su fallecimiento) ya venía siendo señalado por la víctima por robos de herramientas y otros bienes de la misma, pero que, ese dato lo había compartido solo  con sus otros hermanos, por lo que, no llegó a intervenir.

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El posicionamiento surge en un contexto marcado por acciones como la difundida por ABC Color, donde indígenas paraguayos pidieron en Italia frenar la compra de cuero vinculado a zonas deforestadas.

Desde la industria, sin embargo, rechazan esas acusaciones y apuntan a ONG como Earthsight y Global Witness como responsables de una ofensiva sostenida contra el sector.

El presidente de la Cámara del Cuero, Emilio Bedoya, afirmó a Universo 970 AM, que los ataques se remontan a varios años atrás y denunció incluso operaciones encubiertas.

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“Desde 2018 empezaron los ataques por parte de ONG con sede en Londres. Enviaron supuestos clientes que en realidad eran agentes encubiertos, recorrieron curtiembres, frigoríficos y campos, y montaron una campaña sucia con imágenes fuera de contexto”, sostuvo.

Bedoya también acusó presiones directas sobre compradores europeos. “Estamos peleando con un fantasma que publica en Europa y chantajea a los clientes. Visitaron a nuestras principales industrias compradoras y lograron que una de las mayores empresas de tapicería automotriz firme un compromiso de no comprar más cuero paraguayo”, señaló.

Según explicó, esto provocó un fuerte impacto en el posicionamiento del producto nacional. “Ahí prácticamente se terminó el negocio con Europa. Pasamos de un cuero de primera línea a uno de tercera”, afirmó.

Pese a este escenario, el sector sostiene que la producción paraguaya cumple con estándares ambientales y sociales internacionales, y destaca los avances en sistemas de trazabilidad para garantizar el origen sostenible del cuero.

En la mañana de este lunes se reportó el hallazgo de un cadáver en la vía pública, en el barrio General Genes de Pedro Juan Caballero, Amambay.

Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional, luego de visualizar el cuerpo sin vida tendido en un camino vecinal, con rastros de haber sido maniatado.

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Al acudir al sitio, los efectivos policiales constataron que la víctima fue atada de pies y manos, mientras que su cabeza quedó cubierta con una tela.

Al costado del cadáver hallaron igualmente un manuscrito con la siguiente frase: "No robar. J.D.F Vamos x más”. Este detalle acrecienta las sospechas de una probable ejecución.

Tras una verificación en el sistema AFIS, se pudo confirmar su identidad. Se trata de Cristian Rodrigo Toledo, alias “Cristian’i”, de 35 años, quien posee antecedentes por diversos hechos delictivos y llegó a ser condenado a prisión anteriormente.

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El médico forense diagnosticó como causa de muerte una asfixia por lesión de vía aérea principal, a raíz de un profundo corte en el cuello. A la par, descubrió varios moretones en el tórax, evidenciando una golpiza previa a su muerte.

Desde la Policía no descartan que detrás de este crimen se encuentran los autodenominados “Justicieros de la Frontera”, teniendo en cuenta la similitud de este hecho con episodios anteriores.

Personal de la Comisaría 18ª de Santa Rita esta mañana acudió a un pedido de ayuda ante una aparente tentativa de hurto en dos locales situados sobre la calle Carlos Antonio López, en el barrio Centro de dicha localidad.

Se trata de las oficinas administrativas de las empresas Claro y Tigo, en cuyas paredes encontraron boquetes abiertos por personas desconocidas.

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Una vez en el lugar, los intervinientes visualizaron dos orificios en el muro que divide ambas oficinas, uno en la parte trasera y otro al costado, menciona el informe.

Se sospecha que delincuentes abrieron ambas aberturas en el transcurso de la noche de ayer y la madrugada de hoy, con fines de ingresar a robar en estas sucursales.

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Hasta el momento, no se tiene precisión sobre si se llegó a concretar el robo de dinero o algunos objetos de valor de las empresas telefónicas.

También fueron convocados para tomar intervención agentes del Departamento de Investigaciones y personal de Criminalística de la Policía Nacional, a fin de efectuar el levantamiento de evidencias.