El titular de la cartera, Juan Ernesto Villamayor, señaló durante el acto que esta decisión responde a cuestiones de solidaridad con el pueblo venezolano y no a un “capricho geoestratégico” del Gobierno, que a pesar de cortar sus relaciones con el Ejecutivo de Nicolás Maduro sí reconoce a Juan Guaidó, quien se proclamó como presidente interino de Venezuela.

“Hemos flexibilizado normas entendiendo que hoy nuestros hermanos venezolanos no tienen condiciones para obtener la documentación respaldatoria que es imprescindible para conseguir un certificado que les permita habitar en nuestro país”, explicó el ministro.

Los ciudadanos venezolanos accederán a la radicación temporal, que en condiciones normales vence al año y se puede renovar hasta cinco veces, aunque en este caso se prolongará “por el periodo que dure la crisis en Venezuela”, como dijo el director general de Migraciones, Alexis Penayo.

Para obtener este documento, la Dirección de Migraciones exige a los ciudadanos extranjeros su documento de identidad, el pasaporte, visado en caso de requerirlo, certificado de nacimiento apostillado, certificado de antecedentes penales, también apostillado, certificado sanitario, certificado de vida y residencia, un documento que acredite la condición civil del solicitante y la demostración de solvencia económica.

Además, establece el pago de una tasa de unos 220 dólares (1.337.961 guaraníes).

Los trámites se demoran, en teoría, unos 90 días, aunque el proceso suele extenderse más allá de los tres meses.

Por este motivo, desde Migraciones confían en reducir este tiempo en el caso de los ciudadanos venezolanos para realizar “la expedición en forma rápida”, como comentó Penayo.

“Vamos a obviar ciertas obligaciones, como sea la autenticación o el apostillado de origen, como así también los antecedentes penales, el certificado de nacimiento, algunos pasaportes y otros requisitos que se necesitan para la radicación”, añadió.

Penayo insistió en que los documentos “siempre se van a exigir” pero serán flexibles si carecen de apostilla o legalización en Venezuela “de acuerdo a las necesidades”.

Migraciones expidió hasta el momento casi 250 radicaciones, según los datos proporcionados por su director, y espera emitir en los próximos 10 días el resto de solicitudes que se están tramitando.

Durante la presentación de este Protocolo también intervino el enviado de Guaidó en el país, David Olson, que agradeció a Paraguay la deferencia con sus compatriotas.

Olson señaló que en Paraguay residen entre 1.500 y 2.000 venezolanos que encontraron en el país “un lugar que los recibe con los brazos abiertos”.

“Esperamos que próximamente sean los paraguayos quienes puedan venir a visitarnos a Venezuela (…). Estamos muy agradecidos de parte del presidente Guaidó; estamos a su disposición y a sus órdenes”, agregó el enviado de Guaidó en Paraguay.

En la misma línea se pronunció el presidente de la Asociación Civil de Venezolanos en Paraguay, Gisifredo Guzmán, para quien el Protocolo es “bastante interesante” y va a permitir que sus compatriotas “puedan regularizarse de una forma bastante sencilla”.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.