La bomba ya explotó en las penitenciarías, que se encuentran abarrotadas de presos, la mayoría de ellos sin condena todavía. El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, constantemente manifiesta la imperiosa necesidad de contar con nuevos centros penitenciarios de alta seguridad.

Llamativamente el nuevo Gobierno tenía todo listo para arrancar la construcción de las nuevas cárceles, pero como primera medida dispuso cancelar todos los proyecto de la administración anterior y arrancar de cero.

Ever Martínez, exministro de Justicia, recordó en charla con la 650 AM que durante los últimos años del gobierno anterior se hicieron muchas inversiones en materia de política penitenciaria y que el primer llamado de licitación para construcción de cuatro nuevas penitenciarías se realizó en marzo del 2018 pero que ante el cambio de gobierno se postergó. “Eran cuatro cárceles nuevas. Quedó todo listo a manos del nuevo gobierno para darle continuidad, con la evaluación y adjudicación“, acotó.

A finales del 2017, el MOPC había llamado a licitación para la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en Emboscada y la provisión de equipamientos, en una modalidad Ad referéndum. La inversión estatal iba a ser de G. 397 mil millones y las ofertas fueron recibidas en febrero de 2018.

Sin embargo, el 16 de agosto del 2018, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, decidió cancelar el llamado a licitación pública internacional para la construcción de estos establecimientos, alegando que se iba a realizar una profundización del proceso a los efectos de garantizar que su ejecución reúna los presupuestos de transparencia, eficiencia e igualdad de oportunidades.

El 26 de septiembre de ese año el presidente Mario Abdo Benítez se vio en la necesidad de declarar en “situación de emergencia” a las distintas penitenciarías del país, a raíz del hacinamiento y las deplorables condiciones existentes en las mismas, permitiendo el desembolso más rápido de dinero para dar una solución.

A su vez, el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, anunció la construcción de cinco nuevas cárceles para paliar esta situación. Sin embargo, en los siguientes meses solo se avanzó en tres proyectos de licitación pública nacional, para la instalación de dos sedes en Emboscada y una en Minga Guazú.

Recién en mayo de este año se realizó la apertura de sobre de ofertas de los interesados en construir estas penitenciarías, que poseen un plazo de ejecución de 16 meses con una inversión de USD 36 millones financiado por bonos del Estado.

Sobre el punto, Ever Martínez explicó a la emisora que estos proyectos son parecidos al que propuso el gobierno anterior y que el cambio introducido por las nuevas autoridades fue pasar de una licitación pública internacional a una nacional, permitiendo que solo las firmas paraguayas participen de la disputa.

El entrevistado insistió que existe una mala experiencia con las empresas nacionales en la construcción de penales y recordó que las obras de dos pabellones nuevos tardaron cuatro años, cuando debían estar listos en unos meses. El problema que ve en las firmas paraguayas es que no poseen los recursos necesarios para cumplir con las exigencias requeridas.

Ya casi será un año de mandato del nuevo gobierno y presidente Mario Abdo Benítez sigue echando la culpa a las anteriores administraciones por la desidia en que está asumida la República. Ayer el mandatario habló de la importancia de construir políticas públicas para mejorar el sistema penitenciario y afirmó que espera culminar su gobierno con cinco nuevas cárceles y con mejores condiciones para los guardiacárceles.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.